Que nuestro sistema para acceder a la carrera judicial y a fiscal en España tiene deficiencias es evidente. En el destaca su carácter memorístico y su falta de adaptabilidad a las necesidades actuales.
Tiene problemas que arrastra desde hace años, desde el siglo XIX, como la utilización de un lenguaje bastante confuso en los textos judiciales. El sistema actual exige memorizar enormes temas, pero en ningún caso evalúa habilidades que resultan esenciales como el razonamiento jurídico y la redacción. Pero no es lo más grave, sino que incluye un filtro socioeconómico que favorece a quienes tienen recursos para dedicarse exclusivamente a estudiar durante años, porque pueden contar con el apoyo familiar, siendo muy pocos los que pueden hacerlo teniendo contrato.
La reforma propuesta por el Gobierno incluye becas garantizadas por ley, un centro público de preparación de oposiciones y un registro de preparadores para reducir el fraude que hoy existe. También busca fortalecer el "cuarto turno", una vía alternativa para juristas con experiencia profesional, y propone incluir pruebas escritas en las oposiciones ordinarias, reduciendo la carga memorística y fomentando habilidades prácticas.
No lo va a tener fácil, porque en esa modificación se encuentra con la resistencia de sectores conservadores del Poder Judicial, aunque es cuestionable si el actual sistema realmente selecciona a los mejores, dado que perpetúa desigualdades y fomenta prácticas ineficaces. Pero la reforma, aunque insuficiente en algunos aspectos, supone un paso adelante hacia un sistema más equitativo.
Basta ver la respuesta de la judicatura, en su mayoría ultraconservadora y conservadora que representan el 97% del colectivo en las ultimas elecciones, para darse cuenta de que lo ven como una pérdida de privilegios, en muchos casos heredados, para darse cuenta de que la necesidad de acometer esa reforma es urgente.
Para muestra un botón. Esta semana hemos podido conocer el caso de un interrogatorio judicial realizado por el juez Carretero a la actriz Elisa Mouliaá, quien había denunciado acoso sexual. Durante el interrogatorio, el juez mostró un trato cuestionable, haciendo llorar a la denunciante y sugiriendo que su testimonio era falso, con comentarios y preguntas que minimizaban su relato. Estas actuaciones ponen en evidencia la revictimización que muchas mujeres enfrentan al denunciar violencia sexual, lo que podría desincentivar nuevas denuncias.
El comportamiento parcial del juez, favoreciendo al acusado y mostrando una actitud hostil hacia la víctima, contradice las directrices del propio Poder Judicial sobre cómo tratar a las víctimas de violencia de género, que indican que deben sentirse protegidas y amparadas. Pese a las críticas públicas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reaccionó tardíamente, priorizando reproches a la filtración del caso sobre la conducta del juez.
Si esto no es una muestra de que en muchos casos la formación para el ejercicio de la justicia deja mucho que desear, y que es necesario reforzar el control interno del Poder Judicial para garantizar actuaciones justas, evitar abusos y preservar su legitimidad, sin esperar que los casos más graves trasciendan a la opinión pública para generar cambios, que venga dios y lo vea.
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