QUIEN SIEMBRA VIENTOS RECOGE TEMPESTADES.

Domingo de enero, tras una larga caminata leo la prensa. La primera opinión que me sugieren varios titulares y algunos artículos leídos íntegramente es que todos sugieren una percepción generalizada por parte de los ciudadanos de parcialidad judicial, que no hay una misma vara de medir, y para muestra el botón de las filtraciones que, siendo acciones similares, no tienen las mismas consecuencias en todos los casos.

Nada es generalizable, pero las actuaciones de algunos jueces y la falta de denuncias por filtraciones en ciertos casos demuestran ese doble rasero en el tratamiento judicial. En el CGPJ no deben extrañarse de que media España tengamos la percepción de que asistimos a un ataque político hacia el Gobierno desde algunos sectores del poder judicial, mientras el Consejo y su presidenta permanecen impasible el ademán, nunca mejor dicho.

No es discutible que el caso que involucra al fiscal general del Estado es una investigación inédita por la gravedad de las actuaciones que se investigan y la implicación de altos cargos judiciales y políticos. Pero tampoco es discutible que todo comenzó con una nota de prensa de la Fiscalía, desmintiendo que ella hubiera ofrecido un pacto al novio de España, para evitar la cárcel, sino que fue el abogado del novio quien confesó a la fiscalía dos delitos fiscales, que fue el origen de la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la fiscal jefa de y el fiscal de delitos económicos, para que luego asumiera la causa el Tribunal Supremo al confirmar que había sido el fiscal general quien ordenó la difusión de la nota de prensa, lo que este reconoció desde el inicio de la investigación. El Supremo declaró que la difusión de la nota era legal, pero traslado el foco a la presunta filtración del correo electrónico en el que el novio admitía los delitos fiscales, enviado a varios medios antes de la publicación de la nota.

La desproporción en las medidas adoptadas, que parecen propias de un caso de lucha contra la mafia que, de investigar una filtración (por ejemplo, los registros en la sede de la fiscalía general del Estado, el clonado de los dispositivos del fiscal y la recuperación de mensajes borrados), es como poco llamativa, y más aún cuando a pesar de esas medidas, no se han encontrado pruebas de que la fiscalía filtrara el documento. Sin embargo, llevamos meses de filtraciones constantes a los medios, y esas ninguna ha merecido ser investigada.

Hemos visto cuatro grandes filtraciones de actuaciones secretas en estos meses: primero, un informe de la UCO sobre el teléfono de la fiscal jefa, que incluyó sus llamadas y mensajes, ¿no se ha vulnerado su derecho a la privacidad y el de otros fiscales no investigados?; segundo, otro informe de la UCO sobre los dispositivos del fiscal general que reflejaba que desde su teléfono no se había enviado ningún mensaje relevante en las fechas de la presunta filtración; una tercera, otro informe que confirmaba que el fiscal general cambió de teléfono en octubre; y una cuarta, cuando se filtró información sobre el teléfono de Lobato. El juez dijo que esas filtraciones se investiguen, pero nadie ha tomado medidas, ni ha registrado despachos ni clonados los dispositivos de la UCO.

Pero no solo ha sido en el caso de la causa contra el fiscal general han existido filtraciones. Tampoco la investigación contra la esposa del presidente del gobierno ha estado al margen de ellas, porque, aunque no se han acreditado delitos en esta causa, las diligencias judiciales si han sido filtradas sistemáticamente, incluyendo informes que la exculpaban y datos sobre sus cuentas bancarias. El mismo Sánchez vio como la grabación de su negativa a declarar se difundió en medios de comunicación. Y en el caso Koldo todas las declaraciones y documentos han sido publicadas en los medios, lo que también ha ocurrido con las declaraciones de Aldama, en las que involucraban a otros altos cargos socialistas, también se difundieron ampliamente. ¿estos señores no tienen derecho a la presunción de inocencia o a que se preserve su privacidad?

A pesar de la gravedad de estas filtraciones y del daño que causan a los derechos fundamentales de los investigados, ninguna de ellas ha dado lugar a la apertura de causas penales por revelación de secretos. Los jueces han advertido a los abogados que podrían ser multados por hacer declaraciones a la prensa sobre los procesos judiciales, pero hasta ahora no se han impuesto sanciones. Pero todas son filtraciones ilegales que ponen en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el secreto de las comunicaciones.

Seguro que todas y cada una de esas filtraciones tienen responsables, pero no se han encontrado ni se han abierto causas penales para investigarlas concienzudamente. ¿Puede el Consejo General del Poder Judicial y su presidenta permanecen impasibles? No debieran o debiesen, porque la confianza en que nuestra justicia es justa, brilla por su ausencia. No olviden que quien siembra vientos recoge tempestades.

Buen domingo

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