Polarización política

Si alguien vive en este país y no está convencido de que existe una profunda polarización política, que hay desconfianza en la justicia y que son muchos los españoles que temen que el poder judicial esté siendo utilizado como una herramienta política., o es que no quiere verlo, o que se dio un golpe en la cabeza y aún no se ha recuperado.

Solo es posible pensar eso. Vemos a la Abogacía del Estado acusando al juez del Tribunal Supremo de omitir pruebas esenciales que podrían exculpar al fiscal general del Estado, y a otros investigados por un presunto delito de revelación de secretos, pero el juez ni caso, pese a que en el recurso presentado, la abogacía afirma que el magistrado basa sus imputaciones en opiniones sin fundamento probatorio y pasa por alto hechos clave que demuestran que la información en una cuestión ya circulaba antes de que los investigados tuvieran acceso a ella. El abogado del Estado también ha estudiado derecho, no solo ha estudiado el juez.

Esa abogacía sostiene que los correos electrónicos involucrados no deberían ser considerados secretos bajo el Código Penal; que la difusión del contenido ya se había producido antes de la implicación de los investigados; que los fiscales actuaron dentro de sus funciones legales y obligaciones institucionales. Además, denuncia que la investigación afecta los derechos de los acusados debido a un juicio paralelo y una cobertura pública parcial que compromete la imparcialidad del proceso. También solicita posponer las declaraciones programadas de los investigados y realizar diligencias previas, incluyendo la citación de testigos clave, periodistas, agentes de la UCO, y la intervención del móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Con todo ello, la abogacía busca aclarar contradicciones sobre cómo y cuándo se difundió la información. Pero al juez esos argumentos se la traen al pairo.

Pues que siga así nuestra judicatura, porque con esa actitud lo que están provocando esos jueces es que crezca la polarización por si aún es pequeña. Nadie podrá extrañarse de escuchar o leer, como se acusa a jueces específicos de actuar con sesgo político, supuestamente favoreciendo a la derecha y perjudicando al gobierno, porque con estas actuaciones buscan debilitar al gobierno actual y favorecer ciertos intereses políticos. Tampoco de que se hable de falta de imparcialidad y corrupción, porque son muchos los ciudadanos convencidos de que algunos jueces estarían "prevaricando", rechazando pruebas clave y alargando deliberadamente procesos judiciales con fines políticos. Parece que seguimos con una continuidad de prácticas de la época franquista y todo es parte del esfuerzo de quienes así actúan por desestabilizar al gobierno de coalición actual.

Todo ayuda para convencernos de que realmente aumenta el escepticismo hacia el sistema judicial español, con muchos ciudadanos convencidos de que este prioriza intereses políticos en lugar de actuar con la imparcialidad propia del principio de “justicia”.

Y lo más sangrante de todo, el papel del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su aparente inacción o complicidad, a lo que además contribuyen los medios de comunicación alineados con ciertos sectores, cuya misión en esta estrategia es amplificar el daño reputacional antes de que se emitan sentencias definitivas. El silencio del CGPJ es atronador.