Cinco comunidades del PP se lanzan a bajar impuestos mientras piden al Estado mayor financiación. Según el último informe de la Airef, solo las rebajas del IRPF supondrán una pérdida en la recaudación de casi 2.200 millones entre el 2023 y el 2029.
La estrategia de las autonomías del PP es seguir bajando impuestos mientras se denuncia que el Gobierno las somete a una infrafinanciación: Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana, Galicia y Murcia lideran las rebajas.
El presidente andaluz tras ganar las últimas elecciones anunció la bonificación total del Impuesto de Patrimonio, que afectaba a más de 20.000 personas y suponía unos 100 millones anuales menos de recaudación. Esta medida fue celebrada por la presidenta de Madrid, comunidad que también aplica políticas de baja fiscalidad y tiene un gasto per cápita en educación y sanidad entre los más bajos de España. Posteriormente, el presidente de Murcia, anunció la eliminación de este impuesto para 2023. Y el presidente de la Comunitat Valenciana, también impulsó una reforma fiscal similar. Luego Galicia continuó la política de recortes fiscales instaurada por Feijoo, sin evaluar sus consecuencias. El Partido Popular (PP) ha lanzado una ofensiva fiscal centrada en la reducción del IRPF y la eliminación o bonificación de impuestos como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.
Todo puede parecerles bien a los que consideran que pagamos muchos impuestos respecto a Europa, aunque eso sea falso. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), estas medidas supondrán una pérdida de ingresos de más de 4.375 millones de euros entre 2023 y 2029. Madrid lidera esta tendencia, con una merma de ingresos de más de 1.000 millones anuales solo por las reducciones del IRPF. La Comunitat Valenciana y Andalucía también destacan por sus recortes, con pérdidas estimadas de 282 y 255 millones, respectivamente. A pesar de estas políticas, las autonomías del PP critican la falta de financiación que reciben del Gobierno central y exigen más recursos.
Desde hace décadas, el PP ha utilizado la Comunidad de Madrid como laboratorio de sus políticas de "dumping fiscal", atrayendo inversiones mediante bajas cargas impositivas. Entre 2004 y 2023, Madrid dejó de ingresar cerca de 11.000 millones debido a sucesivas reducciones fiscales. Ayuso ha aprobado más de 30 bajadas de impuestos y anunciado nuevas medidas que supondrán una reducción de 170 millones adicionales.
En Andalucía, las medidas del gobierno han beneficiado especialmente a los tramos de renta más altos. Su Ejecutivo ha consolidado siete rebajas fiscales desde 2019, lo que ha reducido la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en más de un 10%. Asimismo, se han introducido deducciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).
En la Comunitat Valenciana, Mazón ha presumido de las rebajas fiscales, como la reducción al 50% del impuesto de actos jurídicos documentados para grandes proyectos empresariales. Según la Airef, estas medidas supondrán una pérdida de 495 millones de euros, principalmente por las rebajas en el IRPF, Sucesiones y Donaciones.
En Galicia, los gobiernos del PP han mantenido una política de reducción de impuestos, a pesar de las advertencias del Consello de Contas sobre la falta de evaluación de sus efectos. En 2022, el impacto de estas medidas fue equivalente al 0,55% del PIB gallego.
Murcia, bajo el gobierno de Fernando López Miras, también ha adoptado recortes tributarios que impactan en más de 400 millones de euros. Las medidas incluyen bonificaciones en Sucesiones y Donaciones, reducciones en el IRPF y deducciones en el ITP y AJD.
Balears, con Marga Prohens al frente, ha seguido un camino similar, prácticamente eliminando el impuesto de Sucesiones y Donaciones y reduciendo el tramo autonómico del IRPF.
A pesar de las rebajas fiscales, las autonomías del PP exigen una reforma del sistema de financiación autonómica, que consideran insuficiente para cubrir sus necesidades. La Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia denuncian una infrafinanciación que calculan en 1.700 millones de euros anuales. Estas comunidades proponen un nuevo modelo de financiación que nivele las diferencias actuales y reclaman un fondo transitorio que corrija los desequilibrios.
Sin embargo, no hay consenso entre las comunidades gobernadas por el PP sobre el modelo de financiación. Algunas, como Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha, prefieren mantener lo esencial del sistema actual, centrándose en aspectos como el envejecimiento, la despoblación y la dispersión poblacional. Madrid, Illes Balears y Cataluña defienden el principio de ordinalidad, que busca limitar las diferencias entre las comunidades más y menos beneficiadas.
En la XXVII Conferencia de presidentes, Pedro Sánchez anunció una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para enero de 2025 con el objetivo de debatir sobre la asunción por parte del Estado del endeudamiento autonómico. Esta propuesta genera tensiones entre las autonomías del PP. Mientras que algunas, como la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia, están dispuestas a aceptar la condonación si se aplica a todas las comunidades, otras, como Madrid, se oponen a esta medida.
Esto es cinismo fiscal si o si. Las políticas fiscales del PP favorecen únicamente a las rentas más altas, mientras desatienden los servicios públicos esenciales como sanidad, educación o infraestructuras. Las rebajas de impuestos benefician a los más ricos, dejando a la mayoría de la población sin mejoras económicas y con menos servicios sociales.
Los recortes de impuestos realizados por los gobiernos del PP en las comunidades autónomas van acompañados de una petición de mayor financiación al Estado, lo que es incoherente e injusto. Podrían empezar por cobrar impuestos en sus territorios a la iglesia, con quien tienen tan buena relación histórica, por la Iglesia, no paga impuestos pese a sus altos ingresos.
Es lamentable la falta de conciencia de algunos votantes que apoyan a partidos que no benefician sus intereses, y que con una narrativa populista vende las bajadas de impuestos como algo positivo para todos cuando, en realidad, solo benefician a unos pocos. Por si aún no se han dado cuenta con su ceguera fiscal, los pequeños empresarios y autónomos no son los principales beneficiarios de estas medidas.
Las políticas del PP promueven un modelo desigual en el que los ricos se benefician a costa de una mayoría que pierde servicios esenciales. La justicia fiscal es que quien más tiene, más pague, que es todo lo contrario a lo que el PP hace con sus políticas.
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