LUZ SOBRE EL APAGÓN

Sin luz, sin teléfono, sin internet. Y cómo si llegase el fin del mundo, la pregunta

nos la dieron redactada ¿Y ahora qué hacemos? Pero no era esa. Era ¿por qué?

España ha vivido un gran apagón el pasado lunes. Un evento de tal magnitud

que dejó inoperativa a toda la península ibérica en cuestión de segundos. La

desconexión total sorprendió por su rapidez, y la recuperación del suministro fue

inevitablemente lenta, y ha requerido que todos los sistemas volvieran a

acoplarse y sincronizarse con la señal eléctrica, lo cual es un proceso complejo

en una red con muchos sistemas. Algunas zonas, como las cercanas a las

fronteras francesa y marroquí (parte del País Vasco y la provincia de Cádiz),

recuperaron la normalidad antes, aunque incluso dentro de una misma provincia

hubo grandes diferencias en el tiempo de restablecimiento.

La pregunta inmediata fue ¿por qué se produjo? Empecemos por dejar claro que

no tenemos certezas sobre la causa o causas. Que Tellado y Gamarra ya digan

saber la causa, es para que les diera vergüenza solo insinuarlo. El asunto es tan

técnico, que es más que probable que los ciudadanos nunca nos enteremos del

origen real del problema. Eso ha facilitado que el debate público se ha llenado

de especulaciones y, cómo no, de bulos, convirtiéndose hoy en una batalla

ideológica entre renovables y nucleares, y también en otra batalla más entre

izquierda y derecha. Tenemos desde quienes relacionan el apagón con un

exceso de confianza en la energía solar o los supuestos riesgos de las

renovables, hasta quienes directamente lo atribuyen a la progresiva retirada de

las nucleares en nuestro país.

Los denominados "todólogos" (esos que saben de todo: Covid, Volcanes, DANA

y ahora sistemas eléctricos) en las tertulias televisivas, y que siempre son los

mismos y mismas, ya nos hablan de las causas sin ser expertos, y, eso sí, todos

con un sesgo político. No quisiera caer en lo mismo que crítico porque tampoco

yo soy un experto en sistemas de distribución eléctrica. Lo que si he hecho ha

sido, antes de escribir este artículo de opinión, intentar documentarme por varias

vías de lo acontecido. Y la verdad es que son muchas las publicaciones que ya

apuntaban a que este apagón del lunes podría producirse. Sin embargo, los

ciudadanos seguimos guiándonos solo por lo que nos cuentan en la caja tonta,

en lugar de a escuchar a expertos acreditados, que nos pueden aportar algunas

claves para entender lo ocurrido.

Según las fuentes en las que he leído, el apagón no se debió a un ciberataque,

ni tampoco el problema está en las renovables en sí mismas, que son las dos

opiniones preponderantes en redes. Tal vez, posiblemente, la causa principal

pudo haber estado en dos episodios de desconexión de energía solar, pero no

porque el problema fundamental sea esa desconexión en sí, sino por la

inestabilidad de la red eléctrica. Esta inestabilidad es real, y consecuencia directa

de un modelo energético que ha priorizado los intereses de las grandes

empresas por encima de las inversiones necesarias para garantizar la

estabilidad del sistema. El problema fundamental, no son las renovables, sino

que el modelo de integración de las renovables no es el más adecuado para sus

características.

Según algunos expertos, lo ocurrido fue el resultado de acumular una gran

cantidad de electricidad generada por sistemas fotovoltaicos en una red de alta

tensión, sin contar con sistemas de estabilización suficiente. Justo antes de la

caída, el 60% de la energía producida era fotovoltaica. La energía fotovoltaica

es inflexible, produce una corriente continua en función de la luz solar, y eso

dificulta la adaptación instantánea a la demanda. Aunque la situación generada

se podría haber compensado activando centrales de gas de ciclo combinado, no

se hizo, posiblemente porque mantenerlas operativas resulta costoso y el precio

actual de la electricidad es muy bajo.

Según esos expertos, no se pueden integrar las renovables sin dotarlas de

sistemas de estabilización. Las empresas han minimizado al máximo esta

inversión, delegando la estabilización a la Red Eléctrica. Aunque desde 2022 la

normativa obliga a los nuevos sistemas a incluir estabilización propia, el

problema reside en las instalaciones anteriores a esa fecha que no están

obligadas a cumplir estos requisitos. Están en esa situación instalaciones en

todas las CCAA anteriores a esa fecha, también en Castilla La Mancha. Si ese

es el motivo real de lo acontecido, resulta una imprudencia que no se debe

consentir y mucho menos repetir.

La falta de sistemas de control y estabilización ha podido provocar una

sobrecarga que, en lugar de que las subredes se desconectaran para protegerse,

fue pasando el problema a otras subredes, generando un efecto dominó, una

caída en cascada, y eso hizo que todo se cayera muy deprisa para evitar

quemarse. Para resolver ese problema, se debe invertir en los mencionados

sistemas de estabilización. Los expertos señalan que la mejor manera de

estabilizar las energías renovables, especialmente la fotovoltaica y la eléctrica,

es a partir de baterías. Es una idea simple: cuando hay desacoplamiento con la

demanda, si aumenta, sacas energía de la batería; si disminuye, metes el exceso

en ella. Esto, garantizaría la estabilidad y continuidad del servicio.

Lo que parece claro es que, si esa es la causa del apagón, la situación exige la

aprobación de leyes que antepongan la electricidad como servicio vital antes que

los intereses de las empresas. La importancia de exigir desde las instituciones

unas especificaciones estrictas y obligatorias de estabilización, aunque las

compañías pongan el grito en el cielo, porque hacerlo implica hacer un montón

de inversión, pero es necesario anteponer la seguridad de los españoles y del

Estado. Este acontecimiento que hemos vivido viene a poner en evidencia que

un elemento vital hoy cómo lo es la electricidad no puede estar sometido su

funcionamiento a las leyes de mercado ni a los intereses de las empresas

privadas, sino que se debe plantear que la generación de la electricidad sea un

servicio público.

Cómo en la sanidad, en la educación y en lo que conocemos cómo servicios

básicos, también aquí un modelo de empresa privada siempre va a priorizar el

beneficio frente a la calidad del servicio. Desmantelar lo público tiene muchas

consecuencias, una puede ser lo acontecido este pasado lunes, otra que sean

muchos los expolíticos españoles que han estado o están hoy sentados en los

consejos de administración de esas empresas. No es una cuestión ideológica,

sino de toda lógica, plantear que es una anomalía que un servicio público cómo

la electricidad de máxima necesidad, cómo hemos comprobado en nuestras

propias carnes, esté en manos privadas, y que hacen un gran negocio con

nuestra necesidad total de esta energía. El apagón también ha puesto de

manifiesto la vulnerabilidad en la que nos sitúa la falta de planificación respecto

a este sistema de renovables y es aplicable a otros muchos servicios de primera

necesidad.

Más allá de los aspectos técnicos, el incidente también nos ha mostrado los

contrastes de nuestra sociedad del siglo XXI. Mientras unos reaccionaban hace

unos días comprando kits de emergencia y abogando por el incremento del gasto

militar ante un supuesto ciberataque, no se dan cuenta de que solo cortar la luz

una semana, nos deja una España rendida. La falta de información y la escasa

transparencia de las administraciones además nutre la creación de bulos

interesados que hacen de la incertidumbre ciudadana un vivero de votos. Ojalá

que el apagón, al menos, sirva para que nos demos cuenta de nuestra falta de

empatía con ciudadanos españoles o de fuera que sufren carencias mucho más

graves desde hace años (falta de luz, agua, alimentos, medicamentos) cómo

ocurre en Gaza o en la Cañada Real.

Políticamente, el evento ha dejado clara la apuesta de la derecha por las

nucleares frente a las energías limpias, y también nos permite percibir que

algunos usan cualquier situación para intentar obtener rédito político. A quienes

queráis documentaros con evidencia en el tema, os recomiendo la lectura de

diferentes publicaciones de Antonio Turiel Martínez, científico y divulgador,

licenciado en Física y Matemáticas y doctor en Física Teórica por la Universidad

Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja como Investigador Científico en el

Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona. Él ya había advertido de

este escenario, señalando que la red lleva mucho tiempo "en el alambre" y que

ya ha habido ocasiones en las que se ha estado muy justo para garantizar el

suministro. De hecho, el año pasado se tuvieron que poner en marcha cinco

veces los sistemas de respuesta activa de la demanda, lo que básicamente

significa apagar toda la industria del país.

La transición del modelo heredado a un modelo renovable no es por un capricho

ideológico, sino consecuencia de la necesidad de luchar contra el cambio

climático. Y que no te engañen, es mejor un apagón temporal que las

consecuencias del cambio climático global, y mejor las renovables con sus

problemas solventables, que los costes económicos, ecológicos y de seguridad

de las nucleares. Sin embargo, el apagón nos expone que esta transición debe

hacerse de forma planificada y segura, con la inversión necesaria en

infraestructura de estabilización y, posiblemente, replanteando el modelo de

gestión de un servicio tan vital como la electricidad.

Lo que sí parece claro es que, al margen de las causas, el problema terminará

afectando al bolsillo de los ciudadanos.

RESIDENCIAS DE MAYORES, BIEN PERO MEJORABLES

La situación de las residencias de mayores en España, y en particular en Castilla-La Mancha, sirve para ilustrar las tensiones existentes y los desafíos a los que ha de hacer frente, un modelo de cuidados en plena transformación, que viene marcado por el envejecimiento demográfico, por la desigualdad territorial existente y por la tensión entre lo público y lo privado. Para entender la situación, es imprescindible analizar no solo los datos y las políticas, sino también las implicaciones sociales y culturales del actual sistema.

Si analizamos cobertura y financiación, vemos cómo Castilla-La Mancha destaca al situarse como la segunda comunidad autónoma con mayor cobertura de plazas residenciales para personas mayores, puesto que en nuestra comunidad se ofrecen siete plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, superando ampliamente la media nacional de cinco plazas. Con estos datos se sitúacerca de Castilla y León, que es la que lidera esa oferta con 7,73 plazas por cada cien mayores de 65 años. Este esfuerzo de cobertura es relevante, pero no está exento de problemas estructurales.

Si miramos la financiación, nos encontramos que dos de cada tres plazas en nuestra región cuentan con financiación pública, que en números absolutos supone más de 19.000 de las casi 28.000 plazas disponibles, yademás, de ellas más de 11.700 son estrictamente públicas. Si miramos los mismos datos a nivel nacional, veremos que aproximadamente el 67% de las plazas residenciales para mayores son de financiación pública, mientras que el 33% restante son privadas. Al igual que sucede con la cobertura, la financiación pública, aunque es mayoritaria, se distribuye de forma desigual, y el acceso a una plaza depende en gran medida del territorio y del nivel de renta, pese a los discursos institucionales que proclaman la igualdad de oportunidades.

Se puede afirmar sin miedo a equivocarnos que la variabilidad regional existente en nuestro país, tanto en los criterios de acceso cómo en las tarifas, genera situaciones de falta de equidad y refuerza la brecha entre Comunidades Autónomas.

Analicemos ahora los costes y la sostenibilidad del actual modelo. La reciente subida del precio concertado por plaza y día para personas con grado III de dependencia (de 55 a 60 euros) en Castilla-La Mancha es la respuesta de la administración regional a la presión inflacionista y al aumento de los costes operativos. Pese a ese esfuerzo, las entidades del sector encabezadas por ARTECAM consideran que esta subida sigue siendo insuficiente, puesto que su reclamación erad de alcanzar un precio de 67,67 euros por usuario y día, y a la vez denuncian que los servicios prestados no varían significativamente entre grados de dependencia. La consecuencia de esa no equiparación de ingresos y costes es la demostración de la fragilidad financiera de muchas residencias privadas concertadas, lo que al final se traduce en la base para argumentar dificultades para garantizar una atención de calidad, puesto que no considerar percibir una financiación adecuada y estable.

El sistema de copago obliga a los usuarios a aportar entre el 65% y el 85% de sus ingresos tanto en residencias públicas cómo en concertadas. Esto plantea interrogantes sobre la equidad y la sostenibilidad social del actual modelo. Para quienes no acceden a una plaza pública o concertada, el coste íntegro de una residencia privada suele resultar inasumible, y en muchos casos obliga a la familia a recurrir a productos financieros como por ejemplo la hipoteca inversa, o la pensión vitalicia, mecanismos que trasladan la carga económica a las familias y que a lo que contribuyen es a reforzar la mercantilización de los cuidados.

Se deben afrontar unos desafíos sociales y culturales si queremos mejorar el modelo. Sociológicamente resultafundamental señalar que la residencia no es solo un recurso asistencial, sino que también siempre debe ser un espacio de socialización, identidad y pertenencia. Aunque el discurso oficial subraya el papel de las residencias como motores económicos y generadores de empleo estable, y especialmente no deslocalizable en zonas rurales y despobladas, olvida que institucionalizar la vejez siempre suele estar asociada con la pérdida de autonomía y con la ruptura de vínculos con la comunidad, a pesar de los esfuerzos por promover el envejecimiento activo y la atención integral.

Curiosamente  en el informe del Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida, se sitúa a las personas mayores de Castilla-La Mancha entre las más felices de España, con una puntuación de 7,87 sobre 10, por encima de la media nacional. Lógicamente este dato habla a favor de las políticas públicas, que muy al contrario de que el mismo le lleve a morir de éxito, les invita a reflexionar sobre cómo se puede mejorar la percepción de los factores cualitativos que inciden en el bienestar: la proximidad familiar, la calidad de la atención, el respeto a la autonomía y la participación social.

La presión demográfica, el aumento de la dependencia y la desigualdad territorial exigen una revisión profunda del sistema, que vaya más allá de la mera ampliación de plazas o la subida de precios concertados. El reto real pasa por construir un modelo de cuidados que garantice la dignidad, la autonomía y la participación de las personas mayores, evitando la segregación social y territorial, y reconociendo el valor de los cuidados como un bien común. La apuesta por los servicios públicos, la coordinación sociosanitaria y la innovación en modelos residenciales (como las viviendas colaborativas o los cuidados en el hogar) son caminos imprescindibles para afrontar el reto del envejecimiento en una sociedad democrática y cohesionada.

MIGRANTES EN UN PAÍS SIN MEMORIA

La migración de menores de edad en nuestro país comenzó a considerarse un problema a partir de los años noventa. La mayoría de esos chicos proviene de Marruecos, tienen entre dieciséis y diecisiete años y principalmente son varones. En ese grupo humano encontramos tres factores que definen su vulnerabilidad: ser menores, estar solos y ser migrantes. Y si son niñas, debemos sumar el factor de genero cómo otro elemento agravante de esa vulnerabilidad. 

Al perfil de los menores, hay que sumarle la falta de una buena coordinación entre administraciones. Perfil y descoordinación transforman el problema inicial  en un reto de difícil solución, agravado porque cada Comunidad Autónoma  establece sus propios criterios de abordaje. El acogimiento familiar tendría que ser el modelo prioritario de tutela porque en España no se establece ninguna diferencia por razones de nacionalidad, pero en la práctica esto no es así, y  la contradicción entre las leyes de protección a la infancia y las leyes de extranjería dificulta el proceso de acogimiento familiar de los menores migrantes. 

Ejemplos de esa diferente interpretación del marco legal hemos asistido a varios en la última década. El más reciente de 2023, en que doce comunidades no recibieron a ninguno de los menores migrantes que pactaron con el Estado acoger, pese a los 20 millones de euros de fondos concedidos que sí recibieron. El sistema era de reparto voluntario, pero solo se acogieron 67 menores por las CCAA. Pese a esa realidad, hoy de nuevo el PP gobernante en la mayoría de CCAA pide más dinero para que estas acepten acoger a los menores, pese a que hoy desbordan la capacidad de acogida de Canarias donde cogobierna. 

No se quedan ahí, e incluso en el PP piden que de nuevo la acogida sea voluntaria y no obligatoria, olvidando (o no queriendo admitir), que ese mecanismo hasta hoy no ha funcionado. Los datos son tozudos y nos dicen que la mayoría de las comunidades autónomas no acogió ni a un solo niño en base a dicho pacto no vinculante, que solo lo hicieron  Andalucía, Aragón, Asturias y Navarra), pero ni siquiera estas cumplieron con las plazas comprometidas. No ocurrió solo en las gobernadas por el PP, y Castilla-La Mancha (PSOE) tampoco acogió a los 20 menores que dijo recibiría. Estas cifras deberían ser conocidas por los ciudadanos y el gobierno haría bien en difundir esa información, porque la realidad contradice al portavoz del PP Borja Semper, que se permite mentir al afirmar que las CCAA del PP han cumplido. 

Pero no es una cuestión de discurso ideológico, porque si esto sucede, es por la falta de auditorías y normas de transparencia sobre esos fondos. Un fondo finalista no es para lo que el responsable de turno decida, sino para el fin al que está vinculado, y usarlo para otro fin es malversarlo. Las CCAA que así han actuado deberían devolver esos fondos y si no lo hacen, los siguientes repartos de esas ayudas solo ir a las CCAA que paralelamente a su otorgamiento si realizan las acogidas. No es de recibo que sean diligentes para pedir el dinero y lentas para hacerse cargo de los menores, pero cómo actuar así no ha tenido consecuencias, todas las que lo hicieron ahora miran para otro lado, cuando deberían devolver los fondos recibidos y no utilizados para el fin concreto al que se concedieron.

Convencer al conjunto de las autonomías no parece sencillo, y especialmente difícil hacerlo con las gobernadas por el PP, partido cuyo discurso en esta materia cada vez es más próximo a los postulados de Vox, al que cuando no le secunda con su discurso xenófobo, juega con la ambigüedad. Pero por suerte para el PP, pocos esgrimen el “quien te ha visto y quien te ve”, porque hoy  vivimos en una sociedad desmemoriada y que solo recuerda lo ocurrido ayer, la semana pasada es parte de la prehistoria.

La crítica constante al gobierno puede entenderse, pero no que se ignore  que además de un acuerdo adoptado en la UE, existe una sentencia del Tribunal de Luxemburgo por la que los países miembros de la UE no pueden expulsar a menores no acompañados si no tienen una familia de acogida adecuada en sus países de procedencia, porque deben tener en cuenta  el interés del niño en todo el procedimiento y hace prevalecer la protección del menor con independencia de que tenga o no permiso de residencia.

 Pero tampoco se puede obviar que la acogida en familias no se promueve por ninguna administración, y que hay una serie de factores que contribuyen a desincentivan a las familias a acoger menores migrantes: la edad de estos menores, que esos menores tienen una serie de particularidades y necesidades específicas, y la complejidad del propio sistema de acogida de menores migrantes con unos plazos temporales excesivamente largos para cada uno de estos trámites. Todo esto desincentiva a las familias a acoger. 

Quienes solo ven en este asunto la vertiente económica, olvidan la humana, porque la mayoría de estos chavales durante su periplo migratorio han presenciado asesinatos, violaciones de sus madres, a niñas violadas o que se han prostituido para sobrevivir, o niños que han sido reclutados cómo soldados. No se puede negar que necesitan cuidados especiales, ni que nuestros centros de acogida no están preparados para ello, pero la solución pasa por adecuar esos centros a esas necesidades y no por ignorar el problema. El gran obstáculo es que tampoco hay voluntad por los gobiernos autonómicos para resolver la situación de un número reducido de menores.  

Y luego para entender cada vez menos la respuesta de las CCAA, está la posición de Castilla La Mancha. Page, tras la decisión del gobierno de llevar a cabo el reparto, ha anunciado que está pendiente de un informe para recurrir ante el Constitucional el real decreto ley para repartir a los menores migrantes no acompañados, que el pasado jueves fue convalidado en el Congreso. Considera que ese reparto es un atropello a la autonomía, y que la solidaridad no puede imponerse. Y luego aparece también la pugna interna en el PSOE, cuando afirma que el Estado hace un “yo invito y tú pagas” y que “el problema es la masa de migración que viene, que nadie sabe ni cómo pararla ni dónde va a acabar”. Define el acuerdo como “insultante”, que la norma estatal es “cualquier cosa menos progresista”, y que “vamos a ser solidarios, tontos no”. 

Visto lo que está ocurriendo con los menores, poco podemos esperar que esos gobiernos sean capaces de asumir en su conjunto el complicado y triste asunto de la inmigración, que no es solo la consecuencia de guerras internas en los países de origen sino también de un desfase cultural y económico, fruto del colonialismo al que les han sometido durante años las empresas occidentales.  Lo cierto y verdad es que asistimos a una ola de ceguera insolidaria por parte de quienes con esa frialdad actúan ante un problema de todos que afecta a menores. No quieren darse cuenta de que el problema no es un exceso de menores no acompañados, sino una pésima distribución y un reparto no equitativo. 

No es comprensible que, si tenemos una carencia de población en edad laboral en Europa, nos parezca lógico cerrar la puerta. Vienen porque hay un trabajo de por medio, y aunque sea ilegal, prefieren ocuparlos. Claro que es más fácil revestirlo cómo obra de caridad, de proselitismo eclesiástico, o sencillamente para convertirlos en vagabundos condenados al hurto para comer. Bien harían las administraciones, estatal y autonómicas, en sancionar a quienes se aprovechan de esa mano de obra oficialmente inexistente, pero que todos vemos en nuestros campos, en la limpieza de las casas, o empujando la silla de ruedas de nuestros mayores. Claro que eso igual resta en lugar de dar votos. La memoria de cuando éramos los españoles los que íbamos a Suiza o Alemania, ha debido desparecer de nuestro currículo nacional.  

Aunque seguramente la cuestión no es que vivamos en un país desmemoriado, sino que mientras unos ciudadanos solo ven personas, otros solo ven diferentes colores de piel. El Estado tiene la facultad y la obligación de regularizar lo ilegal. 

   

MEDICOS, RUIDO Y NUECES

Hace unos días se celebró en Madrid la manifestación de los profesionales médicos contra la propuesta de Estatuto Marco presentada por el Ministerio de Sanidad, convocados por diferentes organizaciones sindicales de este colectivo en Madrid. 

Son varios los principales motivos por los que el personal facultativo considera rechazable la propuesta de Estatuto: en primer lugar, que las modificaciones propuestas para aprobación por el Ministerio no suponen ninguna mejora en las condiciones laborales actuales de los facultativos; un segundo motivo, que consideran que declarar la incompatibilidad de los médicos en los 5 años siguientes a terminar su formación, o en el caso de los jefes de Servicio, puede provocar una fuga de profesionales en un momento cómo el actual de falta de médicos; tercero, la creencia de que existe una discriminación de los facultativos, no sólo respecto al resto de categorías sanitarias, sino también respecto al resto de trabajadores en cuanto a la regulación de la jornada laboral, puesto que a los médicos se les podría imponer una jornada máxima mucho mayor, de hasta 48 horas en cómputo cuatrimestral, mientras se trabaja por reducir la jornada laboral a 35 horas semanales para otros trabajadores.

También hay otros motivos no menos importantes, cómo que existe un desacuerdo total a que esta propuesta iguale en el mismo grupo a profesionales con diferentes niveles de formación, y eso podría conllevar un aumento retributivo para otros profesionales, pero no para los médicos y facultativos. Los sanitarios solicitan tener un mayor protagonismo en la elaboración de esta normativa, buscando un nuevo “Estatuto propio del Médico”, por considerar que, tras dos años de negociaciones, no se les ha tenido en cuenta. 

Cómo otros temas estrella están solicitar la eliminación de la obligatoriedad de la jornada de guardia, un aumento retributivo equiparado al resto de países de Europa para evitar la fuga de profesionales, el reconocimiento de la medicina como profesión de riesgo, la posibilidad de acceder a una jubilación voluntaria y flexible, una mayor estabilidad en el empleo, sin movilidad forzosa y con permanencia en los destinos adjudicados, y la creación de una nueva clasificación profesional que englobe a los médicos, considerando su grado de responsabilidad y requisitos de formación. En principio, todo son cuestiones razonables a primera vista.

Por parte del Ministerio, y según declaraciones recientes de la ministra Mónica García, se justifica la elaboración del Estatuto Marco argumentando que el actual Estatuto, que regula las relaciones laborales desde 2003, está "obsoleto", que con su reforma se busca mejorar las condiciones de los profesionales, que con el borrador del nuevo Estatuto Marco se busca poner fin a la precariedad y a la inestabilidad en el sistema sanitario refiriéndose a interinos y eventuales. A grandes rasgos afirma, que esta reforma protege a los médicos y profesionales sanitarios de los recortes y que el estatuto es una legislación básica, aunque señala, que la reivindicación sobre mejoras retributivas no se incorpora en este borrador porque este aspecto es una competencia de las Comunidades Autónomas. Parece claro que el objetivo del Ministerio es cambiar el marco regulatorio para aprobar un nuevo texto que ponga fin a las guardias de 24 horas con una nueva regulación de la jornada laboral, que puede compartirse o no. 

La ministra ha expresado su "máximo respeto" a las movilizaciones y ha recalcado que desde el Ministerio siguen trabajando "en permanente diálogo con todos aquellos que quieran realmente llegar a un texto consensuado". Hay dos datos a destacar: que el texto actual es solo un borrador, y que en el Ministerio están abiertos a propuestas.

Hasta aquí los dos posicionamientos aparentemente enfrentados. Desde mi perspectiva como médico de familia, considero que son más los puntos de encuentro que las discrepancias, y me explico. En primer lugar, podrían existir puntos de encuentro si se abordaran las preocupaciones específicas del colectivo médico dentro del marco de un estatuto renovado, empezando porque  existe implícitamente en ambas posturas, un consenso implícito en que el Estatuto Marco de 2003 necesita una revisión y actualización para adaptarse a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud. Y un segundo aspecto no menos importantes es que ambos planteamientos tienen como objetivo, terminar con la precariedad laboral, aunque los mecanismos para lograrlo y su impacto en la estabilidad de las plantillas médicas creo que deben ser cuidadosamente considerados tanto por el Ministerio para proponerlos, cómo por los sindicatos médicos que ahora rechazan la propuesta. 

Pero considero que hay dos cuestiones sobre las que se necesita y se debe profundizar el dialogo: la primera sobre la regulación de la jornada laboral y la reducción las guardias de 24 horas que puede servir cómo punto de partida para un acuerdo, siempre y cuando la nueva regulación tenga en cuenta las particularidades de la atención médica continua y no se traduzca en una sobrecarga asistencial en otros formatos, teniendo en cuenta que el acuerdo sobre cómo se computan las horas de descanso post guardia es crucial; la segunda cuestión que hay que debatir para acercar posturas es, que aunque de inicio el Ministerio parece reacio a un estatuto propio para los médicos, podría haber margen para incorporar en un Estatuto Marco común, secciones o anexos que reconozcan las especificidades de la profesión médica en términos de formación, responsabilidad y riesgos. Quizás la vía de convergencia esté en buscar una clasificación profesional diferenciada dentro del sistema.

Pero, no nos engañemos. Para que los puntos de encuentro se materialicen, debe existir voluntad de acuerdo en ambas partes. Es fundamental que el Ministerio de Sanidad profundice en la escucha activa de las demandas de los sindicatos médicos y esté dispuesto a negociar aspectos clave como la regulación específica de la jornada, la diferenciación profesional, las incompatibilidades y la participación de los médicos en la elaboración del texto definitivo. Pero también lo es, que los sindicatos convocantes demuestren que su voluntad es ante todo resolver los problemas de los profesionales, no solo de los colectivos, dentro de esos profesionales, a los que representan. Partiendo de que ya en la propia convocatoria de huelga se señala por parte de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que es urgente abordar todas estas cuestiones de fondo para evitar un mayor conflicto y garantizar una atención sanitaria de calidad, y que desde el Ministerio se quiere evitar el conflicto, la conclusión sería que mañana ya es tarde para iniciar el dialogo.

La experiencia enseña que el primer impedimento para un acuerdo se crea, cuando se recurre a ejercer presión sobre el otro, por ejemplo, mediante una manifestación, porque hay un principio inamovible en política: que nadie admite negociar bajo condiciones impuestas, porque entonces no hay negociación. Y tampoco estratégicamente parece acertado, que, si se quiere alcanzar un acuerdo con el Ministerio, en lugar de exigirle que convoque a negociar con día, hora y lugar para sentarse a buscar una solución, veamos cómo las organizaciones convocantes, lo que hacen es reunirse con representantes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, cómo han hecho la  Comisión Permanente de la CESM y el presidente y el secretario general del Sindicato Médico Andaluz (SMA). Repito, estratégicamente esto es un error de bulto, porque mientras no se demuestre lo contrario, la oposición te va a dar la razón, porque ni tiene capacidad de negociar cómo si la tiene el Ministerio, ni va a negociar. Más de un medio de comunicación ve en esa maniobra una busqueda de desgaste político del Ministerio, que una muestra de voluntad por solucionar los problemas de los profesionales.

Y luego hay dos aspectos de las reivindicaciones expuestas que para muchos son cuestionables, cómo lo es no asumir la incompatibilidad que exige una dedicación exclusiva en la pública para jefes de sección y otros cargos de responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, estar en misa y repicando; y un segundo elemento, que en una sociedad que dice buscar la igualdad, se rechace frontalmente y sin plantear alternativas, el hecho de que el borrador presentado iguale a los médicos con otras categorías profesionales con requisitos distintos. Los facultativos no somos iguales en responsabilidades, pero si lo somos cómo trabajadores. Mejor reivindiquemos esa responsabilidad, sin necesidad de ningunear a otros colectivos con también tienen sus responsabilidades, aunque diferentes.

Los médicos castellanomanchegos también han asistido a manifestarse en Madrid, hasta se ha contado con el apoyo de los colegios que han facilitado el desplazamiento, cómo no podía ser de otra manera, puesto que la Confederación de Colegios de Médicos respalda a los sindicatos médicos en la reivindicación de un estatuto propio. Pero los colegios no deberían olvidar que las retribuciones de los facultativos es una competencia autonómica y el Ministerio no era el lugar de esa reivindicación, que tienen diecisiete consejerías ante las que demandar esas mejoras salariales. Y ya puestos todos a buscar soluciones al problema que sufren sus colegiados, no estaría mal que fuesen esos colegios médicos de nuestra región, los primeros en exigir la convocatoria de una mesa de diálogo, sin ruido, solo en busca de soluciones, tanto con el Ministerio cómo con todas las CCAA. 

Mucho ruido llama la atención, pero nunca fue sinónimo de abundancia en nueces, y a los profesionales (y más a los rurales), nos sobra ruido y nos faltan nueces. 

QUITATE TU QUE ME PONGA YO

Si se analizan las distintas declaraciones de sus representantes, y las diferentes publicaciones aparecidas en los medios de nuestro país, la conclusión es clara: la situación actual de la izquierda española se enfrenta a varios errores de planteamiento que dificultan su unidad. Claro que esta percepción la hace alguien que considera esa unidad el objetivo fundamental para poder hacer frente electoralmente a la creciente ola de conservadurismo que nos ahoga, Al menos ese es un objetivo que parece discursivamente compartido por diferentes actores.

Creo que el primero de esos errores reside en la premura y el enfoque en la designación de candidaturas y la discusión sobre listas electorales. Es prematuro hablar de listas electorales, y mucho más de quien las debe encabezar, cuando aún resta tiempo, puede que años, para finalizar la actual legislatura. Esta insistencia en que a cualquier propuesta la acompañen nombres propios, solo ayuda a desviar la atención del objetivo de poder construir un proyecto político común, además de contribuir a exacerbar las tensiones internas. Esto no es política, es otra cosa muy diferente. 

En segundo lugar, está la priorización de una "izquierda autónoma" que siempre se adereza con la desconfianza hacia otras fuerzas, en especial hacia el PSOE, a la que ahora se añade la afirmación de que Sumar representa un nuevo obstáculo. Que la lideresa de Podemos, abogue por una izquierda que tome decisiones "al margen" del PSOE, olvidándose que el gobierno actual se sostiene en la mayoría de ese partido, es no querer asumir la dimensión electoral de Podemos hoy. Detrás de este planteamiento solo hay una búsqueda de conservación de la identidad de Podemos, que no me parece negativa, pero siempre que esa visión de una autonomía absoluta, no dificulte la construcción de un frente amplio necesario para confrontar a la derecha. Dos espacios divididos a la izquierda del PSOE es la muerte de cualquier idea de gobierno de izquierda.

Un tercer error fundamental es la persistente confrontación pública y la falta de una "tregua" en el eterno cainismo de las diferentes fuerzas de izquierda. Parece que la realidad electoral de la izquierda hoy, no se quiere asumir cómo el fruto de la traiciones y heridas  del pasado, y de las que no pasar página lo que nos lleva es a imposibilitar  reconstruir alianzas. Las críticas constantes y los intentos por acabar con el otro solo aumentan la desconfianza  y pone palos en la rueda para cualquier intento de acercamiento. Siempre se dijo que en boca cerrada no entran moscas, y que algunos  y algunas están más guapos callados.

Cómo cuarto error están los egos, en especial la incapacidad de aparcarlos un momento para superar los errores de un pasado reciente. Puede que este hoy sea el mayor impedimento clave. En la izquierda real, los egos sobran, y si hay egos no hay izquierda. No estamos para competir, sino para colaborar. En una izquierda dividida todos pierden, y la historia es tozuda en eso. Mientras no se cambie el sistema electoral actual la división está condenada al fracaso. Además de que la división de la izquierda solo contribuye a la desafección de sus votantes, da imagen de ineficacia y desmotiva y contribuye a despolitizar a la gente. 

Mi sensación es que en el ámbito estatal hay una falta de voluntad real para buscar salidas que lleven a la izquierda a confluir. La cerrazón a discutir mecanismos de unidad más amplios es un error estratégico si lo que se quiere es aumentar la representación y con ella la capacidad de influencia de la izquierda.  Pero superar estos errores requiere de un enfoque más estratégico para construir un proyecto político compartido, de la voluntad de estar dispuestos al diálogo, de alcanzar compromisos para cumplirlos, y priorizar que el objetivo común es transformar la sociedad, no hacer grandes a los partidos y mucho menos contribuir a los personalismos que nos han traído donde hoy estamos. Las declaraciones del coordinador de Movimiento Sumar en Castilla La Mancha Jesús Plaza van más en la línea de la unidad y eso es de agradecer.

FORMACIÓN: ¿CONOCIMIENTOS O NEGOCIO?

A veces me siento como un testigo de una transformación preocupante en el

sistema educativo superior. Ya no se trata simplemente de la eterna discusión

entre lo público y lo privado, sino de algo más profundo: si el objetivo primordial

de una universidad es formar estudiantes con una meta clara, o si la formación

se ha convertido en un mero negocio.

La universidad pública, siguiendo una trayectoria similar a la sanidad pública, se

ha ido deteriorando, y, paradójicamente, se favorece a ciertos centros privados

donde la calidad, me temo, ocupa un lugar secundario entre sus prioridades.

Para muchos de estos últimos, su único fin es ser competitivos y favorecer a una

élite con recursos económicos que pueda acceder a puestos de trabajo

diseñados para ellos. En sí mismo, esto no estaría mal, pero la alarma surge

cuando este modelo es propiciado por las propias Comunidades Autónomas e

incluso el Estado, cuya obligación debería ser la defensa de lo público.

No son pocos los casos en que, algunas de estas entidades privadas son

auténticos montajes que no cumplen los estándares académicos; donde parece

importar más lo que se paga que lo que realmente se enseña. Lo vemos

claramente con el auge de ciertos másteres, como el habilitante para ser

docente. Las universidades públicas ofrecen plazas limitadas a precios

asequibles y con exigencia académica, mientras que las privadas proliferan con

una oferta a medida, pero con costes que pueden ascender a miles de euros. Y

lo más grave es que, en muchos casos, impartidos por personas sin una

experiencia docente suficientemente acreditada, que convierten lo educativo en

un fin económico.

La falta de suficientes plazas en la universidad pública para estos másteres

fuerza a muchos estudiantes a recurrir a las privadas, donde el aprendizaje no

suele ser presencial, y con exámenes cuestionables por superficiales. Es un

negocio redondo, donde se paga una cantidad considerable por un título,

mientras que las prácticas, en muchos casos, se realizan en centros de

secundaria de la red pública a coste cero para la universidad privada, con tutores

de la pública que solo reciben agradecimientos.

La función primordial de la universidad pública debería ser la de servir de

ascensor social, donde el alumno es un usuario con derechos, mientras que en

la privada es un cliente que paga por una recompensa. Pero con la precarización

de la universidad pública, parece que se está privatizando de facto el derecho a

la educación. La proliferación de la oferta privada es una consecuencia de la

insuficiencia de la oferta pública.

Nada es generalizable, y existen universidades privadas sin ánimo de lucro,

como Mondragón y Deusto, que son excepciones, e incluso proyectos privados

consolidados con prestigio y calidad docente e investigadora. Pero la realidad es

que la iniciativa del gobierno de coalición de intentar frenar este auge

incontrolado de universidades privadas parece más que justificada.

Para contrarrestar este negocio, no basta con endurecer los requisitos para las

privadas. Es imperativo regenerar la universidad pública, dotándola de

profesores bien retribuidos, instalaciones en condiciones y recursos informáticos

adecuados. Solo una universidad pública de calidad podrá competir y ofrecer

una alternativa real. Porque, seamos sinceros, "solo los idiotas no eligen lo

mejor". Y todo esto, mientras vemos cómo ciertas figuras públicas han obtenido

títulos de manera cuanto menos cuestionable en algunas de estas instituciones

privadas. Es un panorama complejo y preocupante porque es incierto el futuro

de la educación superior y su papel social.

No es una cuestión de pública o privada, sino de si el único objetivo es hacer un

negocio de la formación, o si es formar alumnos con un objetivo diferente.

Estamos hablando de cómo se ve afectada la calidad pública o de cómo se

accede a títulos de manera fácil porque se dispone de recursos para ello. Es una

cuestión de si estamos pisoteando el derecho a la igualdad a través de la

formación universitaria.

En Castilla La Mancha no encontramos universidades privadas con sede en

nuestra región, pero no son pocos los castellanomanchegos que cursan

postgrado en universidades privadas online. Esto hace que este problema

también nos afecte, aunque no tengamos ninguna sede entre nosotros.

Hoy la universidad pública se dirige hacia ser intrascendente, y en parte es por

sus propios errores. En la sanidad pública la excusa es que disponemos de poco

tiempo para atender correctamente a los pacientes, y en la universidad pública

la excusa para su deterioro es que no está financiada, pero no la arreglaría solo

más dinero, sino un cambio profundo que evite que ellas también se conviertan

en chiringuitos públicos, en frutos de su propia endogamia, y ese riesgo es real.

No es la dicotomía pública o privada, sino la de conocimiento o negocio.

Kit de supervivencia: invasión suiza y resistencia albaceteña

¡Ah!, el noble arte de salir a comprar y encontrarte con que tu casa ahora tiene nuevos inquilinos. Pero no te preocupes, ese drama ya quedó en el pasado gracias a los héroes de Desokupa y Securitas Direct. Ahora el verdadero problema es otro: ¡nos van a atacar! Sí, la Comisión Europea nos ha iluminado con la revelación de que debemos prepararnos para todo lo imaginable: guerras, pandemias, desastres naturales y cualquier otra calamidad digna de película apocalíptica. Y como buenos europeos responsables, debemos estar listos para sobrevivir 72 horas sin ayuda externa. ¿Cómo? Pues con un kit de supervivencia que parece más sacado de la sección de acampada de grandes almacenes que de una estrategia seria. 

 El plan incluye almacenar agua, alimentos, medicamentos y herramientas básicas. Y, por si fuera poco, campañas educativas para que niños y adultos aprendan a ser expertos en crisis. El mensaje es claro: "Prepárense que vienen". ¿Quiénes vienen? No sabemos, pero seguro son malos y nos quieren hacer cosas feas. 

Mientras tanto, Trump (sí, el mismo Trump) nos ha convencido de que necesitamos un "rearme europeo". Porque al parecer la paz ahora se compra con una buena inversión en defensa. En las tertulias televisivas ya no hay infectólogos; ahora tenemos expertos en conflictos bélicos que nos explican que la paz mundial depende de cuánto dinero estemos dispuestos a gastar. Todo esto mientras seguimos improvisando medidas urgentes porque, como siempre, lo importante se aplaza y lo fundamental se olvida. 

 Pero lo más divertido es el famoso kit de supervivencia. La comisaria europea nos ha grabado un video donde muestra cómo meter barritas energéticas, filtros de agua, linternas y herramientas multiusos en su bolso como si fuera Mary Poppins en versión apocalíptica. Eso sí, la navaja suiza parece ser la estrella del kit, dejando en el olvido a nuestra querida navaja de Albacete. ¡Imperdonable! ¿A dónde nos llevará este desprecio por nuestras tradiciones? ¿A dónde nos conduce el sanchismo? 

 Por supuesto, el ingenio español no podía quedarse atrás. Ya circulan versiones regionales del kit: el asturiano con fabes, el catalán con butifarra y el manchego con lomo de orza y choricicos. Mientras tanto, Amazon y AliExpress deben estar frotándose las manos ante la avalancha de ventas que esto generará. 

 Eso sí, reconozco que estar preparados para emergencias es necesario. Pero en un país con cambio climático galopante, problemas laborales, viviendas inaccesibles y listas eternas en sanidad pública, quizá nuestro kit debería incluir cosas más útiles: empleos decentes, pensiones dignas para nuestros mayores, salarios para jóvenes que sueñan con independizarse y precios asequibles para alimentos básicos. 

 Y claro está, no olvidemos incluir una navaja de Albacete en cada kit. Porque si algo puede simbolizar nuestra supervivencia en este mundo loco es esa pequeña herramienta que nunca se regala, sino que se vende "para no cortar la amistad". Y hablando de amistad, quizá sea hoy lo único imprescindible en cualquier kit de supervivencia digno de este nombre, para este loco mundo que nos ha tocado vivir.