LO DEL ALCALDE M. SERRANO

El pleno del Ayuntamiento de Albacete ha declarado persona non grata a Pedro Sánchez en una decisión tan simbólica como lamentable, orquestada por PP y Vox en pleno arrebato partidista. Pregúntense cuanto tiene que ver esta iniciativa con el interés general, porque es pura revancha política y odio sectario. El alcalde, muy cómodo amparándose en los votos ultras, se suma a un espectáculo bochornoso que desacredita a una institución democrática, puesto que la utiliza para el linchamiento público de un presidente legítimamente elegido.

Es la puesta en práctica del sectarismo por bandera. Las acusaciones para justificar el veto a Sánchez son las clásicas: pactar con “herederos de ETA”, corrupción “crónica”, degradar la democracia. No sólo son inconsistentes, sino que encubren una hipocresía de fondo. Vox y PP buscan debilitar la legitimidad de sus adversarios usando instituciones locales para la escenificación de sus soflamas, apoyándose incluso en propuestas de concejales expulsados de Vox y conocidos por lucir simbología franquista. Declarar persona non grata a un presidente en ejercicio por razones de disenso político marca un preocupante retroceso en la cultura democrática.

Es parte del olvido selectivo del PP-CLM. Resulta grotesco el cinismo cuando PP y Vox nunca impulsaron la figura de "persona non grata" contra cargos del PP. Ejemplo claro: Arturo García-Tizón, histórico dirigente del PP y ex presidente de la Diputación de Toledo, condenado por malversación y prevaricación; los impulsores del fallido aeropuerto de Ciudad Real; los responsables de la trama Gürtel que operaron en Castilla-La Mancha. Pero, claro, la vara de medir del actual alcalde y su corte ultra parece depender únicamente del color político del retratado.

Este tipo de declaraciones ni resuelven los problemas de la ciudadanía ni representan el sentir real de Albacete. Son un instrumento de acoso y derribo contra el adversario político y degradan la convivencia democrática. Son un insulto a la pluralidad democrática. Sectores sociales y otros partidos han denunciado, con razón, que el uso partidista del “persona non grata” supone un ataque inaceptable a las instituciones y un pésimo ejemplo para la tolerancia y el pluralismo democrático.

Los ciudadanos de Albacete merecen debates honestos y gobiernos preocupados por sus problemas reales, no una caza de brujas alentada por quienes, ayer mismo, callaban o vitoreaban a los corruptos de su propio bando. La dignidad institucional y el respeto a la democracia no puede depender del turno ni de la consigna del partido de turno.

LO DE ÁBALOS

La entrada en prisión de Ábalos ha supuesto un terremoto de consecuencias políticas y mediáticas que el PSOE trata de contener. Ábalos fue en su día uno de los rostros más visibles del rechazo socialista a la corrupción, protagonista de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa tras el caso Gürtel. No le va a ser fácil al PSOE conseguirlo, porque el pasado vuelve como un boomerang, y cada declaración o revelación de Ábalos se convierte en munición para una oposición dispuesta a exprimir el caso para desgastar al gobierno.

Desde Ferraz y la Moncloa la consigna parece clara: marcar distancia con el exministro y recalcar que ya no forma parte ni del partido ni del Gobierno. El PSOE insiste, en que actuó con tolerancia cero y transparencia, expulsando a todos los implicados cuando saltó el escándalo. Desde Presidencia subrayan que la legislatura sigue su curso y que no existe temor a lo que Ábalos pueda revelar, pues sostienen que no hay evidencias que impliquen directamente al presidente ni a su círculo familiar.

Pero  mal harían con engañarse. El daño reputacional es intenso y difícil de contener. La entrada en prisión de Ábalos y Koldo García ahonda la inquietud en el PSOE. El partido sufre el descrédito de tener a uno de sus exsecretarios de organización en la cárcel, y la oposición aprovecha cada nueva acusación o insinuación para vincular al Gobierno actual con las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. A esto se suman los reproches internos de figuras como García-Page y Felipe González reclamando mayor responsabilidad y autocrítica en la gestión política y partidaria.

Las reacciones de la oposición han sido inmediatas: PP y Vox han exigido explicaciones y comparecencias, mientras que otros señalan la “vergüenza internacional” que supone este episodio para la política española. Los partidos rivales insisten en que el caso no puede resolverse simplemente con la expulsión de Ábalos, sino que debe aclararse hasta el último extremo la posible implicación de altos cargos gubernamentales.

Y como no podía ser de otra manera, la prensa a sueldo de las instituciones gobernadas por el PP, hoy recupera discursos y entrevistas en las que Ábalos se mostraba tajante contra la corrupción, reclamando firmeza y transparencia cuando era la oposición quien afrontaba casos judiciales. La paradoja resulta evidente y el PSOE ve cómo sus antiguos argumentos se revierten en su contra, mientras la sociedad y los medios examinan cada paso del partido en la gestión de la crisis, con la memoria colectiva regresando a frases como “no basta con pedir perdón”.

El reto para los socialistas es lograr que el “caso Ábalos” no contamine la acción de gobierno ni contenga efectos expansivos más allá de los ya depurados por la expulsión y el distanciamiento. Un desafío que exige máxima diligencia institucional para restablecer la confianza pública.

LA MUJER DEL CESAR

La imparcialidad no solo se tiene, también se demuestra. En este caso el FG el Poder Judicial ha descuidado gravemente esa apariencia que sostiene la confianza pública en la justicia. En el caso de la condena al FG, uno de los magistrados del Supremo que admitió la causa y firmó la sentencia, fue director de tesis del abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la pareja de Ayuso. La defensa de la tesis y la decisión de abrir la causa coincidieron en fecha, y en la propia tesis el doctorando agradece la “sabia guía” de su director, expresión que refleja una relación de tutela académica intensa. 

La jurisprudencia que he revisado para este comentario distingue entre imparcialidad subjetiva (la ausencia de prejuicio interno del juez) e imparcialidad objetiva (la existencia de garantías externas suficientes para disipar dudas razonables). Y luego vemos cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha subrayado reiteradamente que “la justicia no solo debe hacerse, sino parecer que se hace”, precisamente porque lo que está en juego es la confianza ciudadana en los tribunales. 

También merece la pena leer lo que la LO del Poder Judicial tipifica cómo “amistad íntima o enemistad manifiesta” como causa de abstención, pero aquí la Ley no menciona expresamente vínculos académicos como la dirección de una tesis. Sin embargo, muchos catedráticos que han escrito estos días sobre este asunto, describen esa relación como un vínculo “cualificado de confianza”, donde la carrera del doctorando y el prestigio del director quedan mutuamente entrelazados, lo que excede una mera relación profesional episódica. 

Es posible que, en una interpretación estrictamente literal, la relación director–doctorando no encaje sin más en la “amistad íntima” que exige la LOPJ para la abstención. Pero desde la perspectiva de la imparcialidad objetiva, la coincidencia de juez del caso y mentor académico del letrado acusador genera una duda razonable difícil de explicar a cualquier ciudadano mínimamente exigente con los estándares éticos. 

En este contexto, la decisión de no apartarse del asunto lo que refleja es una cultura de autodefensa corporativa, pero ninguna voluntad de proteger la apariencia de neutralidad. Si el listón de la imparcialidad se coloca siempre en el mínimo que marca la ley y nunca en el máximo que nos indica la ética, el resultado siempre va a ser una sensación de injusticia, como sucede en este caso concreto. Pero sobre todo es causa de una erosión lenta y peligrosa de la legitimidad del propio sistema judicial., se pongan cómo se pongan sus señorías.

ALBERTO, NO HAGAS EL RIDÍCULO Y ESTATE A LO IMPORTANTE

A colación de las algaradas de Vito Quiles en las universidades, un tuit de Nuevas Generaciones de Madrid calificaba de “gentuza” a los manifestantes en contra de su presencia no autorizada en Barcelona y a la vez exaltaba a “patriotas universitarios” que aplaudían al tal Vito, frente a “hordas de radicales”. El texto  de NNGG iba acompañado con simbología nacionalista agresiva. 

Lo primero y más importante es que este discurso no procede de un individuo aislado sino de una estructura orgánica del principal partido de la oposición,  y lógicamente tiene un grave significado político en estos tiempos que vivimos.

Los datos del CIS muestran un aumento notable del apoyo juvenil, sobre todo masculino, a la extrema derecha, con porcentajes de intención de voto a Vox cercanos a la suma del PP y PSOE entre los jóvenes y aún mayores entre los varones. Añadamos a eso que encuestas recientes reflejan una desafección democrática y una inquietante relativización, aunque mejor lo llamamos por su nombre "exaltación" del franquismo entre sectores juveniles.

El uso de términos como “gentuza”, “hordas” o “patriotas” con la lógica de la confrontación y la violencia simbólica, recuerda cómo el nazismo en Alemania acabó por moldear la forma de pensar a través del lenguaje. No hay que llegar a calificar de nazis a los jóvenes del PP, pero la similitud de ciertos giros y frases de sus publicaciones, muestra el peligro de trivializar esa deriva verbal en la que llevan tiempo embarcados.

El caso de Nuevas Generaciones no es una anécdota, sino un síntoma del deslizamiento del PP hacia posiciones de ultraderecha, alimento recogido también del estilo agresivo de figuras de su partido como Ayuso. 

Feijoo puede restar importancia a estos hechos o actuar, pero si sigue compitiendo en dureza con Vox y tolerando este lenguaje, se arriesga no solo a una radicalización de su partido, sino a su propia “decapitación” interna, si no logra sacarlo de la atonía y de la desesperación y agresividad en la que lo ha metido.

Pero lo peor de todo, es que Feijoo, cegado en hacer una oposición de ruido, en la que intentando hacerse el simpático siempre acaba haciendo el ridículo, no parece ser consciente de que esta radicalización juvenil. El mimetismo del PP con la extrema derecha no solo oscurecen el futuro político de Feijoo,  que mejor se vuelve a su Galicia, sino que son una amenaza seria para la calidad democrática en España. 

Por si el gallego no se ha dado cuenta, estos hechos no auguran  buenos tiempos para  la estabilidad de nuestro sistema democrático.

Buenos días.

EL 25 N FUE AYER

Pero he preferido escribir hoy sobre este tema, una vez conocido el éxito de las marchas que ayer recorrieron todo el país. 

Y además hacerlo desde la óptica del medio rural. Porque lo queramos o no, la violencia machista es más intensa y silenciosa en el medio rural puesto que aquí se combina con aislamiento, falta de recursos y una dependencia económica y social que aprisiona a las mujeres. No se confundan los lectores, no estoy afirmando que el pueblo “fabrique” más machistas que la ciudad, sino que las condiciones del territorio hacen que el maltrato dure más, se oculte o esconda mejor y sea mucho más difícil de romper. 

Un dato incómodo. Desde 2020, alrededor de un tercio de las víctimas de violencia de género y casi la mitad de las víctimas de violencia vicaria vivían en municipios de menos de 20.000 habitantes, a pesar de que en ellos reside solo en torno al 17% de la población.  Esta sobrerrepresentación revela que el medio rural no es un paisaje idílico, sino un territorio donde la violencia se concentra y permanece, aunque apenas ocupe espacio en el debate público. El medio rural solo interesa a los medios cuando se habla de precios agrarios y de lo perjudicial que es la PAC o la Agenda 2030 para avanzar hacia un desarrollo sostenible que beneficie a las personas, al planeta y a la prosperidad hasta el año 2030.

La geografía condiciona la vulnerabilidad, y esa afirmación se ilustra con el dato de que, en Galicia, diez de las dieciséis mujeres asesinadas desde 2020 vivían en municipios pequeños, una proporción bastante alta. La estadística confirma lo que muchas mujeres rurales llevan años diciendo en voz baja: en el pueblo, la violencia de género existe, pero se tapa, se niega o se relativiza. 

El silencio reina siempre en los pueblos pequeños. En las aldeas y municipios pequeños el anonimato no existe porque todo el mundo se conoce, y ese conocimiento se convierte en un arma de control social. La víctima sabe que, si denuncia, no solo se enfrenta a su agresor, sino al juicio de vecinos, familiares, incluso de quienes deberían protegerla y que quizá comparten sobremesas con su maltratador. 

Los datos muestran que casi seis de cada diez mujeres rurales conocen directamente algún caso de violencia, pero menos de la mitad de esos casos llegan a denuncia, por miedo a perder a los hijos, dependencia económica, vergüenza y miedo a no ser creídas. Este cóctel resulta explosivo en un contexto donde la palabra “qué dirán” pesa tanto como una sentencia judicial. 

En buena parte del medio rural ni siquiera existe un Centro de Información a la Mujer, y las víctimas dependen de desplazamientos largos para encontrar asesoría, refugio o simplemente un espacio seguro para contar lo que les pasa. Sin transporte público frecuente y con la obligación cotidiana de sostener explotaciones agrarias, los cuidados de la casa y familia, y trabajos invisibles, muchas mujeres acaban atrapadas en relaciones de maltrato, que en algunos casos pueden prolongarse décadas. 

A menudo, el primer y único contacto institucional es un cuartel de la Guardia Civil o un puesto policial donde todos se conocen y donde la víctima teme ser cuestionada, no creída o, directamente, disuadida de denunciar. El otro lugar es la consulta médica, donde o hay muestras de ese maltrato físico, y entonces el profesional debe cumplir con su obligación y denunciar el caso, o si el maltrato es psicológico, puede que la mujer dude hasta de comentarlo por temor también ser cuestionada. Mientras tanto, muchos ayuntamientos están convencidos de que actúan, cundo en realidad reducen su “política de igualdad” a campañas puntuales el 8M o el 25N, con actos simbólicos que al problema apenas le rasca en la superficie.

Y luego está la trampa real, la económica, porque la dependencia económica es el gran elefante en la cacharrería, pero que aquí está en mitad de la plaza del pueblo. Solo tres de cada diez explotaciones agrarias están lideradas por mujeres y la cotitularidad sigue siendo residual, pese a que la mayoría trabaja a la par del maridos muchas más horas que él, y sin reconocimiento ni derechos propios. 

Hay unos datos que dan muestra de esto. Por cada veintiuna personas en la presidencia de cooperativas agrarias, solo una es mujer, lo que significa que ellas sostienen el trabajo, pero rara vez deciden sobre el futuro de las explotaciones y los recursos. Menos de la mitad de las agricultoras cotiza por su trabajo y, cuando lo hacen, a menudo se las da de alta solo unos años antes de la jubilación, consolidando una vida entera en la economía sumergida de los cuidados y de la ayuda “familiar”. 

El rural se merece otra política. Las asociaciones de mujeres rurales son muchas veces la primera línea real de protección: tejen redes, acompañan a las víctimas, las esconden si hace falta y ponen palabras feministas donde antes solo había resignación. Pero no deja de ser en cierta forma voluntarismo, porque el asociacionismo no puede sustituir a una red pública de servicios que incluya atención social y sanitaria cercana, transporte, recursos especializados en violencia de género y justicia accesible y rápida. Eso corresponde a las administraciones, por muy distante que esté una localidad o su población sea escasa.

Todo es hablar de la lucha contra el despoblamiento rural, pero si España quiere que la gente joven vuelva al campo, no es suficiente con hablar de relevo generacional y de fondos europeos; hay que garantizar que una mujer pueda separarse sin tener que abandonar su pueblo, su familia, sus animales y su trabajo. La medida de la salud de un territorio no son solo sus hectáreas cultivadas ni sus indicadores económicos, sino el grado de libertad real de las mujeres que lo sostienen, día tras día, a menudo en silencio

La medicina de precisión sí, una medicina de privilegiados, no

“Siempre nos surgen las mismas dudas. ¿Cuánto tardarán estas pruebas en estar disponibles en la sanidad pública? ¿Se aplicarán en centros pequeños o quedarán restringidos a los grandes hospitales oncológicos? Como médico de familia, me preocupa que la velocidad de la innovación no vaya acompañada de una distribución equitativa”

La noticia sobre la mejora en el tratamiento del cáncer de vejiga mediante una biopsia líquida es una de esas señales alentadoras que, como médico de familia, invitan a reflexionar sobre lo mucho que está cambiando el modo en que entendemos y abordamos la enfermedad oncológica. Durante décadas, la práctica médica se ha sostenido en un equilibrio difícil entre la prudencia y la agresividad terapéutica. Tratar para no dejar escapar el cáncer, pero sin someter al paciente a tratamientos innecesarios o devastadores. Pero este avance me sugiere una reflexión.

Un estudio presentado en Berlín y publicado en The New England Journal of Medicine da un paso crucial en esa dirección: la prueba de ADN tumoral circulante permite identificar, tras una cirugía de cáncer de vejiga, a los pacientes que aún conservan la enfermedad residual, aunque las pruebas radiológicas no lo muestren. En otras palabras, la ciencia comienza a oír lo que antes no podíamos ni ver.

Para los que trabajamos en atención primaria, esta línea de investigación tiene una repercusión ética indiscutible. Cada día acompañamos a pacientes que temen una recaída, que se enfrentan a tratamientos duros de llevar y que, al mismo tiempo, necesitan saber qué resultado esperan de su cuerpo y de la medicina. Una prueba como esta ofrece la posibilidad de evitar tratamientos innecesarios a quienes no los necesitan y de intensificarlos allí donde el riesgo es real. Esto permite dar a cada persona el tratamiento que necesita, ni más ni menos.

Puede parecer que tales avances pertenecen a un mundo lejano y distante, a grandes congresos y revistas científicas que poco implican al médico rural que atendemos a un paciente con hematuria o a un anciano al que se le han realizado unos estudios de control. Pero no es así. Cada vez que una investigación como esta logra individualizar el tratamiento, cambia también nuestra manera de acompañamiento a estos pacientes. Porque personalizar el tratamiento no solo es una cuestión que afecte solo al laboratorio, sino también a la planificación del seguimiento, en la esperanza que puede ofrecerse al paciente con un dato sólido en la mano.

Siempre nos surgen las mismas dudas. ¿Cuánto tardarán estas pruebas en estar disponibles en la sanidad pública? ¿Se aplicarán en centros pequeños o quedarán restringidos a los grandes hospitales oncológicos? Como médico de familia, me preocupa que la velocidad de la innovación no vaya acompañada de una distribución equitativa. La medicina de precisión, si no se cuida, corre el riesgo de convertirse en una medicina de privilegiados. Y la justicia sanitaria exige que estos avances, como la biopsia líquida, acaben llegando con la misma naturalidad con que pedimos hoy una analítica rutinaria.

Este ensayo sobre el uso de atezolizumab guiado por ADN tumoral me recuerda que la medicina avanza cuando la biología molecular, la tecnología y la clínica se entienden entre ellas. Pero también cuando esos avances se traducen en una mayor confianza para el paciente. Si logramos incorporar estas herramientas sin perder la dimensión humana de la medicina de familia, entonces sí que la medicina del futuro será verdaderamente personalizada, no solo por sus algoritmos sino por su utilización en todos los niveles.

Desde una consulta de medicina rural, donde la ciencia llega a veces más despacio, pero siempre es bienvenida, esta noticia no solo nos habla de un tumor de vejiga, también de un nuevo modo de entender lo que significa curar, que no es otra cosa que entender mejor la vida de un paciente que intenta seguir adelante.

Un currículum impecable frente a una crítica zafia

Hay que tener mucha desfachatez, y carecer de una mínima formación (hasta en buenas maneras), para atreverse a zarandear públicamente el nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general del Estado desde la pura ocurrencia y el exabrupto. 

Frente a una fiscal de carrera, con décadas de trabajo a sus espaldas y una especialización reconocida en violencia de género, el PP envía al escaparate a dos portavoces cuya principal aportación al debate público es encadenar tópicos, insinuaciones y simple ignorancia. 

Resulta casi entrañable, si no fuera tan dañino, comprobar cómo Tellado y Muñoz, en lugar de discutir el currículum de Peramato, se refugian en el “supuesto”, en el chisme político y en la consigna de partido más hueca  y vacía que un mitin de madrugada. No hablan de su trayectoria, de sus resoluciones, de su solvencia técnica, porque sencillamente les da igual. 

Lo único que necesitan es llenar el vacío de ideas, propuestas y programa con una sarta de tonterías que ya cansa, joder. La ignorancia, efectivamente, es muy atrevida; pero en este caso roza la temeridad institucional. 

Lo más grotesco es que ni siquiera parecen conscientes de a quién fortalecen con esta estrategia de demolición sistemática. Cada vez que reducen el debate a una orgía de descalificaciones, quien recoge el fruto es Vox y su caudillo de sueldo fácil, que lleva años viviendo del grito, la caricatura y el odio en bruto.  

¿De verdad que estos dos personajes no se preguntan si merece la pena ganarse la vida así, haciendo de ariete contra cualquier profesional que se interponga en su relato, aunque tenga una trayectoria infinitamente más respetable que las suyas? 

Cuesta entender cómo alguien puede simpatizar, y ya no digamos votar, a quienes exhiben en público ocurrencias que ni el cuñado más pasado de copas se atrevería a soltar en una cena de Navidad. La diferencia es que, mientras el cuñado se queda en la sobremesa, estos personajes cobran un sueldo público por convertir esas ocurrencias en discurso político oficial. 

Esa naturalidad con la que escupen disparates revela una peligrosa normalización de lo zafio, porque lo que ayer era un chascarrillo vergonzante hoy se convierte, en boca de estos portavoces del PP, en “posición política” respetable. 

Y lo peor, que todo esto no es una mera anécdota, sino un síntoma de algo peor. La moda, en las derechas y ultraderechas españolas, es promocionar personajes ridículos, gesticulantes, carentes de inteligencia política y sobreactuados hasta la caricatura. Ahí están Nogueras, Millán, Ayuso, Muñoz, Tellado… un ramillete que va de lo grotesco a lo directamente repulsivo, pasando por la pena y la vergüenza ajena.

Cuando la dirección de un partido se acostumbra a hacer casting de garrulos con gracejo de plató en lugar de seleccionar cuadros solventes, el resultado es el que es: un “nivelazo” político tan deprimente que convierte en blanco de ataque a una fiscal impecable solo porque su profesionalidad estorba a su relato. 

Simplemente penoso.