viernes, 19 de junio de 2020

Diario del coronavirus 177

Tras días sin escribir (dejar la mente descansar es bueno) hoy hago este comentario sobre el asunto de las residencias de mayores. No es un problema exclusivo de la Comunidad de Madrid, pero tampoco es un problema de todas las residencias de mayores.
¿Dónde está la Fiscalía?
La sensación de estos últimos días es, que tanto PP, como Vox y Cs, están callados respecto al asunto de la oscura gestión de las residencias de mayores madrileñas durante la pandemia. Dan una sensación de atrincheramiento, de estar a la espera. Solo alterados sus silencios con alguna mamandurria ocasional por boca de la Presidenta.
Y también guarda silencio la Iglesia católica. Esa institución tan española y mucho española, para la que esto no es tan grave como los abortos, o la eutanasia, o la escuela concertada, o el valor de la religión en el curriculum académico. Aunque no sean partidarios del Derecho a una muerte digna, tampoco eso es suficiente motivo para callar ante este asunto, en el que cada vez encontramos mayores pruebas, de que ha existido un comportamiento inhumano con esos mayores residentes abandonados a su suerte por la administración, sea responsable de eso quien lo sea.
Pero ese silencio partidista y eclesiástico, no opaca la responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Esa institución es la primera responsable, no solo por los protocolos (inhumanos e ilegales) que hemos conocido los últimos días, sino también y, fundamentalmente, por un lado los recortes que desde hace años ha hecho en inversión sanitaria, y por otro, en el hecho de que es la que ha permitido, cuando no impulsado, las privatizaciones de esas residencias de mayores.
Solo como “patético” se le puede calificar, a que los responsables políticos de la Comunidad pretendan esgrimir la situación el estado de alarma en su defensa. Deben considerarnos al conjunto de españoles tontos, bobos o idiotizados. Por mucho que sus medios pretendan convencernos de ello, el estado de alarma no fue decretado para intervenir las residencias ni la sanidad, sino para combatir la pandemia. El decreto del estado de alarma, permitía al gobierno tomar el control de las residencias para hacer un informe detallado de su situación, pero su pésimo funcionamiento de años en que solo han sido un almacén de personas mayores con las que hacer negocio, no puede arreglarse en mitad de la crisis, y seguía siendo competencia autonómica. Toca depurar responsabilidades, pero sobre todo, toca aprender de los errores. Un solo atisbo de autocritica, animaría esta desazón ciudadana y el descrédito institucional.
Pero lo que es prioritario para los ciudadanos, no parece que lo sea para el poder judicial. Hemos visto citar a declarar al Delegado del Gobierno en Madrid, en base a unos recortes de prensa convertidos en informe judicial. Sin embargo, parece que ni las denuncias de la propia policía municipal de distintas localidades, ni las declaraciones del mismísimo Consejero responsable de las residencias de mayores, ni los vídeos del hospital de un hospital que pudimos ver ayer, son aún suficientes motivos para que algún juzgado cite a declarar a alguien sobre este asunto. Cuando en una democracia, los ciudadanos empiezan a constatar, que existen diferentes varas de medir, malo para su confianza en el propio sistema democrático.
Y tampoco estaría de más, una información clarificadora por parte de todas las administraciones. Sería importante que todos los españoles conozcamos quienes son los fondos de inversión y los personajes que están detrás de esas residencias, generalmente multimillonarios y muchos de ellos extranjeros. Y eso no significa que considere los dueños sean los máximos responsables de lo ocurrido. Si buscamos la raíz del problema, ellos vienen a ganar dinero, pero vemos que la responsabilidad mayor recae sobre quienes les permitieron esa privatización sin controles posteriores continuados.
Hacer de un servicio público un negocio, implica obtener beneficios y no todos los que se dedican a gestionar las residencias de mayores son hermanitas de la caridad. Pero si uno escucha las tertulias en las televisiones, la inmensa mayoría de los tertulianos parece ignorar esa realidad de una gestión en pro de beneficios. Ignoran voluntariamente la verdad, y todo su discurso consiste en repetir machaconamente que la culpa es del gobierno, personalizada en su vicepresidente. Con eso parece ser suficiente atenuante de la responsabilidad de los gestores de la Comunidad, lo que consideran explicación suficiente para un país, en el que los mayores problemas de estos meses eran quien ganaba el programa “supervivientes”, o si se reanudaba el fútbol.
En este asunto, como en otros muchos, ciudadanos y políticos parecen caminar por distintos senderos. Y lo peor, sin dar la sensación de tener intención de llegar a un punto de encuentro. O cambia la forma de hacer política, o los electores deberemos cambiar la forma y los motivos para elegir quienes deben ser nuestros representantes. Porque aunque algunos sigan pensando que lo único importante es conseguir el poder, eso no hace desaparecer que existe un grave problema con las residencias de mayores, y no solo en la Comunidad de Madrid que solo es la punta del iceberg. No es tolerable que para la empresa privada se conviertan en un negocio, mientras que para la administración se consideran un gasto.
Exijamos una buena gestión pública de lo público, con dación de cuentas por sus gestores, y no con responsables en cargos vitalicios, o con responsables transitorios pero colocados digitalmente y no por su capacidad profesional. Y si no es asumible ese sector de las residencias de mayores, en exclusiva desde lo público, búsquense nuevas formulas, que en otros países funcionan, y que van desde formas cooperativas de los propios residentes, hasta modelos de gestión compartida. En cualquier caso, se deben poner en marcha soluciones, porque el problema es viejo, y su solución se ha demostrado en la pandemia, que no pasa por este modelo del liberalismo.
Lo que debe quedar muy claro es que las personas no somos un objeto con el que se pueda comerciar.Pero mientras ese nuevo modelo llega, no se puede continuar callados ante lo que ya conocemos. La justicia debe intervenir, porque, cada día que transcurre, las pruebas son abrumadoras, y suficientes para pensar que existen indicios de delito. Ya sabemos que muchos familiares han actuado en los juzgados, pero en un Estado de Derecho, en un asunto tan turbio como este, la fiscalía debería intervenir de oficio. Alguien tiene que asumir la responsabilidad de una gestión, que ha resultado una extraña mezcla entre abandono, irresponsabilidad y desidia, con resultado de muerte.
Buen viernes.

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