sábado, 6 de junio de 2020

Diario del coronavirus 171

Esto es mi artículo de opinión del sábado, para cuya redacción he tomado parte de textos publicados en artículos de los diarios eldiario.es y por Infolibre.En ellos podéis encontrar una información mucho más exhaustiva de este asunto.
En el segundo informe de la Guardia Civil sobre el caso del 8 M, se omite que a seis de los ocho funcionarios de la Delegación del Gobierno de Madrid, no les pareció extraño autorizar el 8M, lo que significa que al menos a dos si les debió parecer que no debía autorizarse, y que la opinión de esos dos, vale más que la de los otros seis. Entre los que no se opusieron, está la responsable del área sanitaria (que algo debe saber de sanidad) porque aún no se disponía de suficientes datos. También ese nuevo informe cuestiona al inspector de Policía que dirige la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación. Y por supuesto al Dr. Simón.
Pero hace dos días, el diario Infolibre sacaba a la luz, una instrucción interna dictada en marzo de 2012 bajo el Gobierno de Rajoy, en la que se obliga a todas las unidades de policía judicial a informar semanalmente a sus superiores de todas las operaciones que estén realizando. Esa orden sigue en vigor y siendo de aplicación en todo el territorio español. Ha sido el Sindicato mayoritario en la Guardia Civil, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) el que en un comunicado de ayer, pide que esa instrucción se suspenda y sea retirada. Es de suponer que si ayer se pide que se retire, es que la consideran de obligatorio cumplimiento.
El citado periódico la reproduce. Está enviada el 28 de marzo de 2012 cuando era director operativo (DAO) de la Guardia Civil, Cándido Cardiel. Nadie siguió hablando de la existencia de esta orden, desde que en diciembre de aquel mismo año, la diputada Ana Oramas mostrase uno de esos resúmenes ante el entonces director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.
La orden se envía desde la "DG Estado Mayor" a distintos estamentos de la cadena de mando. El texto literal es este: "De orden del Teniente General Director Adjunto Operativo, a partir de la fecha y antes de las 13.00 horas de cada viernes, las Jefaturas dependientes de la Dirección Adjunta Operativa, incluidas las Zonas, remitirán a la Jefatura de Policía Judicial, y esta a su vez antes de las 14.30 a la Secretaría del DAO y al Estado Mayor, una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación en la semana siguiente". La reseña añade, que debe contener los siguientes datos: "Nombre de la operación y unidad participante. Concepto de la operación. Fecha previsible. Número previsible de detenidos e implicados. Registros de inmuebles que se prevea practicar. Posibles implicaciones de cargos públicos, de personas y de registros de sedes oficiales".
Y finaliza con este texto: "Asimismo, también se comunicarán estos extremos respecto a aquellas operaciones que, encontrándose en fase de explotación, presenten novedades relevantes". No es difícil entender de su lectura, que "establece una obligación aún vigente de dar cuenta a Interior de las investigaciones que se estén llevando a cabo. No de su contenido sino de su mera ejecución". Así se afirma en la nota donde el sindicato solicita su retirada.
La Directora General, Sra. Gámez, explicaba la destitución de Pérez de los Cobos "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento". Desde Interior se niega injerencia en la labor de la Policía Judicial, y se afirma que lo que le costó el puesto al coronel por "pérdida de confianza", fue que mintió a sus superiores al asegurar que la jueza había paralizado las actuaciones por la situación de estado de alarma. Fue la filtración por un periódico, de que se había entregado el informe a la jueza el 21 de mayo, lo que llevó a descubrir de inmediato que el máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid había ocultado la verdad.
Marlaska afirmó en el Senado que nadie exigió al coronel Pérez de los Cobos mostrar el contenido del informe: "Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia, ha pedido informe alguno, acceso al contenido de informe alguno, ni ha injerido en la tramitación del mismo". Seguramente era conocedor de la existencia de la orden que le cubría las espaldas.
El comunicado de la AUGC añade: "Cabe recordar que desde la Dirección General se emitía en 2012, con el Gobierno de entonces, una instrucción mediante la cual se cambiaba, y así continúa siendo a día de hoy, la manera de realizar las investigaciones. Así, desde entonces, las unidades de Policía Judicial han de informar semanalmente al Ministerio del Interior". El secretario general del sindicato AUGC, sostiene que el cumplimiento de la norma nunca ha decaído. "Por eso pedimos ahora que se derogue", agregó como explicación del porqué de la propuesta de su sindicato.
La bronca que por el cese de Pérez de los Cobos, han montado PP, Vox y Cs, por ahora solo ha servido para desempolvar esa orden de 2012, y ha hecho que sepamos todos de su existencia. Como poco, esa orden se convierte que es la más absoluta de las justificaciones para el ministro Marlaska.
Dicho lo cual, uno se pregunta:
¿Por qué la AUGC no dijo nada durante los gobiernos del PP, y pide ahora la derogación de la norma? 
¿Están la derecha y la extrema derecha al corriente de los informes de la Guardia Civil? 
¿Significa la existencia de esa orden, qué llevamos gracias al PP, ocho años con una norma que permite el control de las investigaciones judiciales por parte de Interior, con todas sus Señorías, los jueces, calladas? 
¿A quiénes sirve la Guardia Civil con estos informes parciales? Desde luego ni a los ciudadanos, ni al Estado. A la Justicia tampoco.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los medios de comunicación en democracia

  Y este comentario es de opinión tras la lectura de los medios de hoy. Que personas de nuestro entorno, gente afable y generosa, tenga asim...