Con la escasez de lluvias, retorna a los titulares de los medios
la mal denominada “guerra del agua” entre
Castilla La Mancha y las comunidades del Levante. Y como siempre, es el gobierno quien la reabre, al
autorizar un nuevo trasvase del Tajo al Segura, y hacerlo cuando la reserva de
agua almacenada está por debajo del límite de los 400 hectómetros cúbicos,
como ha hecho hace unos días.
A menos agua, mayores tensiones políticas, y
el líquido elemento se convierte una vez más en arma arrojadiza entre gobierno
y comunidades, y de estas entre ellas. Castilla-La
Mancha siempre es la agredida por estas autorizaciones, y el gobierno
regional ha elaborado un informe jurídico que contradice los argumentos del
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para autorizarlo, y en el pide que
se paralice. Independientemente de las
razones técnicas esgrimidas en la disputa, todo es más complicado políticamente con el PP en el Gobierno central y
en Murcia, y el PSOE en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana.
Frente a los argumentos para autorizarlo,
son muchos los que piensan que si este
problema se repite cíclicamente, nadie entiende que no se hayan desarrollado ya
soluciones y que se retrase la puesta en marcha de desaladoras previstas y
otras infraestructuras. Solo se entiende que esas soluciones no se ejecuten porque el precio del agua se encarecería
para los receptores de esa agua, respecto al coste de la procedente del
trasvase. En todo caso, el Levante
debe plantearse diversificar sus fuentes de suministro de agua.
Cuando no hay agua, no se puede trasvasar dejando sin suministro a poblaciones del
Tajo que también necesitan agua. Los embalses desde los que se autoriza el
nuevo trasvase nunca han estado tan bajos, como consecuencia de que el pasado
año se trasvasaron a Levante unos 500 hm3, lo que supone más del 80% de lo recogido en
cabecera del rio, y con eso dejaron secos los embalses de esa cabecera.
No se trata de no ser solidarios pero ¿se pide solidaridad a los regantes
castellano-manchegos y no a los constructores levantinos? ¿Piensan los
defensores del trasvase que Castilla la Mancha no tiene agricultura, ganadería
y regadíos que atender? Pueden estudiarse miles de soluciones como sistemas
de riego por goteo u otros, pero no se puede seguir planificando desarrollo en
base a millones de litros de agua que no se tienen. Montar una economía en base a un recurso del que careces y que te debe
ceder otro, pensando que el agua es inagotable y barata, es sencillamente un
despilfarro. Nadie puede, sin ser injusto, plantear dejar sin agua y sin
recursos una zona, para llevarlos a otra por mucho que allí puedan ser económicamente
más eficientes.
Si se evalúan en nuestro Levante sus ratios de desarrollo en
infraestructuras de regadío y de las turísticas (curiosamente destinadas a
un turismo masivo y barato), veremos que son
muy superiores a las aconsejables para sus disponibilidades de agua, aún incluso
contando con la procedente del trasvase del Tajo. Y qué decir del sector industrial
instalado en esos territorios que parece olvidarse que también gasta agua. A quienes apelan a la solidaridad para
justificar el trasvase, habría que explicarles que no parece muy solidario que toda la riqueza y la actividad se concentre
solo en unas zonas y el resto solo estén para suministrar agua.
Imprescindible solucionar los problemas de
sequía y los de las inundaciones, y a la vez legislar para que no se derroche
el agua. Pero la solución no es la pelea
de Comunidades entre sí, o de estas con el gobierno central. Arreglar esto de una vez por todas, pasa por regular todo, no solo el agua, sino
el desarrollo económico de nuestro país, intentando hacerlo equilibrado y con
un enfoque territorial. Y eso solo puede ser posible con mucho diálogo, buscando el consenso y cediendo cada parte
interesada lo que tenga que ceder, en lugar de continuar con las pugnas
políticas, de las que los ciudadanos estamos hasta el gorro.
El objetivo tiene que ser un pacto de estado de distribución de la
riqueza, que nos convenza a los ciudadanos de que aquello que es beneficioso para una comunidad se traduce en
un bien para toda España. Si no somos capaces de cambiar a esa forma de entender
la política, acabaremos como siempre, viendo
que el agua será para quien la pueda pagar, y algunos podrán pagarla y otros
no. O cambiamos o seguiremos por el
camino que hoy llevamos, los ricos cada
vez más ricos y los pobres más pobres, aplicable también a las Comunidades Autónomas.
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