CORRUPCIÓN: HACER LO QUE NO SE HACE

El tsunami de octubre de noticias sobre corrupción en nuestro país, ha provocado la mayor desafección ciudadana con la clase política de toda nuestra democracia. Los partidos deberían entender lo imprescindible que resulta que transmitan su compromiso firme con la regeneración como prueba de que han aprendido de los errores cometidos, pero más imprescindible aún es desterrar la sensación de impunidad de los corruptos que tenemos todos los españoles.

Y no les va a ayudar a lograrlo, que noviembre se inicie con casos como el de  los viajes privados de Monago con cargo al bolsillo del sufrido contribuyente. De repente a todos los partidos les preocupa enormemente la corrupción, pero en la calle se piensa que quien ya se lo ha llevado calentito, se encontrará con un dinero para resolver su vida, con independencia de si le pillan o no.

Parece que a los corruptos les duele más tener que devolver lo robado, que acabar en una celda de la que saben que antes o después saldrán. Si a la devolución de lo robado fuese acompañada de una multa por igual montante, seguro que ante la tentación de meter la mano se lo pensarían dos veces.

La sociedad sabemos de la necesidad de una Ley de Transparencia vinculada al artículo 20 de nuestra Constitución, que a su vez sea acorde con el Consejo de Europa y los demás tratados internacionales al efecto, y que garantizase el acceso ciudadano a documentos públicos y hacer realidad el derecho a un buen gobierno. Pero esa legislación no debe limitarse a la clase política en exclusiva, sino afectar a la Jefatura del Estado, a los Partidos Políticos, Sindicatos, organizaciones empresariales y todo tipo de entidades que reciban dinero público -incluyendo a la Iglesia Católica y al resto de confesiones religiosas.

Son muchas las medidas que ahora se proponen por los partidos, unas más ambiciosas que otras, pero en conjunto abordan desde su prevención, a dotar de recursos a la justicia para investigarla, como dirigidas a adecuar la legislación para cuando surja. En cualquier caso, la suma de las propuestas de unos y de otros debe crear un marco que dificulte la corrupción, sin llegar con esas medidas a la vulneración de los derechos fundamentales en ningún caso.

Aplicar un endurecimiento de las penas por corrupción, tanto para el que corrompe como para el que se deja corromper, parece deseable, pero en esencia lo que la evitaría es la eliminación de todo privilegio asociado al cargo institucional, como lo es el aforamiento de los diputados y senadores, e impedir que un cargo público pueda percibir un sueldo adicional al derivado de su responsabilidad política. Para eso sería deseable que el salario de los responsables institucionales se estableciera por ley, y que esos cargos públicos estuviesen obligados a presentar sus declaraciones de cuentas no solo durante el ejercicio de su mandato sino también durante los años posteriores al abandono del mismo.

Los partidos solo resultaran creíbles contra este fenómeno, si acuerdan que todo cargo público imputado por corrupción fuese suspendido inmediatamente de su condición de militante en cualquier partido político del arco parlamentario, pudiendo levantarse la suspensión, en el momento de una resolución judicial favorable. Esto se complementaría con la decisión consensuada de que en ningún caso la defensa de un imputado se realice con cargo a los presupuestos de su partido, y mucho menos con cargo a la administración pública, aunque a posteriori puedan ser indemnizados por los gastos ocasionados en su defensa, si se demostrase la inexistencia de responsabilidad alguna.

La fiscalización de las cuentas de los partidos políticos por el Tribunal de Cuentas por mecanismos especiales mediante la intervención de técnicos especialistas que controlen y auditen independientemente esas cuentas, es a todas luces innegable, después de visto lo visto. Parece una tomadura de pelo que a un ciudadano se le inspeccione de oficio por Hacienda, y esa misma inspección solo encuentre trabas para inspeccionar a los partidos.

Desde Filesa, Gürtel, el caso Palau, o el caso SACYR en Toledo, han puesto al descubierto la financiación irregular de las campañas electorales, lo que aconseja su re estructuración centrándolas en los medios de comunicación y en las redes sociales, obligando por ley a los medios públicos a organizar de manera permanente debates que permitan el conocimiento y la libre configuración del criterio por parte de la ciudadanía.

Pero la mejor medida contra la corrupción es sin duda la limitación a dos mandatos como máximo para el ejercicio de un cargo, única forma de no crear servidumbres al cargo que se ocupa. Pero esa limitación requiere para ser efectiva, la separación de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Muchos casos difícilmente pondrían en duda la imparcialidad de la justicia si existiera la elección por sufragio universal del Fiscal General del Estado, del Fiscal Anti corrupción, y del Defensor del Pueblo, también con una limitación temporal de permanencia en dichos cargos.

La pasividad del actual presidente del gobierno ante la que esta cayendo, no sería posible si el presidente del Gobierno fuese elegido en elecciones separadas a las legislativas, y aunque pueda nombrar con independencia su gobierno, siempre su tarea estaría sometida al control del Parlamento y reforzaría la necesaria independencia entre ejecutivo y legislativo, ahora inexistente.

Los partidos deben intentar que los ciudadanos recuperemos la confianza en el sistema. Por eso me causa hilaridad, que en estos días, algún responsable político comente que siempre existirá la corrupción y que contra ella es difícil actuar. Se puede hacer de todo, menos anunciar contundencia y a la vez permanecer impasibles. Ya vale de engaños, se puede hacer lo que no se está haciendo, levantar las alfombras y abrir las ventanas.