Mientras los dos principales candidatos a
presidir la Comisión Europea, Schulz y Juncker, muestran su acuerdo en
el diagnóstico al señalar la lucha contra desempleo juvenil como la gran
"tarea europea" y al considerarlo "una tragedia para toda
Europa", aquí en España, tanto el Gobierno del Estado como los
autonómicos, aun manifestando con reiteración que consideran igualmente muy
grave el problema, no parecen buscan soluciones con el interés que sería
aconsejable ante su dimensión, salvo alguna excepción.
También socialdemócratas y liberales parecen
estar de acuerdo en que la receta para combatir nuestro alto desempleo, no
puede ser la creación de empleo público exclusivamente, sino que debe pasar
por hacer que fluya el crédito a las pequeñas y medianas empresas que son
las principales creadoras de empleo, sobre todo en países como España, segundo
país de la UE con mayor tasa de desempleo, Pero no parece presentable que
nuestras administraciones se crucen de brazos a la espera de que el problema se
resuelva solo, o nos lo resuelvan desde Europa. Las administraciones
públicas, en esta situación, tienen la obligación de coordinar sus
recursos económicos e impulsar iniciativas de empleo que permitan a multitud de
familias sobrevivir y poder pasar este tiempo de la mejor manera posible.
La gota que colma el vaso del problema, es la
escasa financiación para afrontarlo, agravada por los efectos de la crisis
económica y la política de recortes y de austeridad a ultranza, que
dificulta la lucha contra el desempleo, fundamentalmente el juvenil, y el
hecho de que con ese argumento los diferentes gobiernos tengan secuestradas
las políticas activas de empleo. Hay recursos para rescatar a los bancos,
pero no para rescatar a las familias.
En este escenario, la situación de desempleo
aboca a quien la sufre, a la sensación de vivir en un callejón sin salida, que
puede llevarle a aceptar que todo vale para salir de él. No importará el
salario, el horario, o el resto de condiciones laborales de seguridad y
estabilidad del puesto, si aceptándolas se sale de la situación, que es
precisamente lo que el modelo neoliberal quiere perpetuar justificándolo con
estar en crisis. Pero las iniciativas que aparecen lo hacen
buscando más un redito electoral que una solución a la situación que
padecen casi seis millones de conciudadanos.
En Castilla La Mancha se han puesto en marcha los denominados Talleres de
Empleo y ahora el Plan de Empleo Agrario en Zonas Rurales de 2014, y el partidismo sectario ha aflorado con un marcado tinte
electoralista en estas dos iniciativas, sin entrar aquí en otras que parten
de las Diputaciones, ni en la inactividad de los ayuntamientos, de un
lado limitados por la reciente reforma de llamada Ley de Reforma Local,
y de otro por su tradicional inercia a priorizar recursos a festejos
locales, corridas de toros, y otras cuestiones relacionadas con el ocio, sobre el
ser creadores de empleo en sus entornos.
En el caso de los Talleres de Empleo,
que en teoría están más enfocados a los jóvenes, su distribución ha
obedecido a criterios de afinidades políticas entre el gobierno regional y los
gobiernos municipales a los que se les han aprobado estas iniciativas, en
muchos casos con talleres en años sucesivos mientras otros municipios
limítrofes y con las solicitudes cursadas en plazo y forma, han recibido el
no por respuesta sencillamente por tener un gobierno de signo contrario al
regional, con independencia de que el número de solicitantes de empleo
fuese mayor en ese municipio que en el que han final ha resultado beneficiario
del taller.
El Plan de Empleo Agrario en Zonas Rurales de
2014 que hace unos días presentó la señora Cospedal calificándolo de "éxito
conseguido entre todos”, también es un ejemplo de la instrumentalización
que se hace con la precaria situación de muchos de nuestros conciudadanos. Al
electoralismo de su presentación, hay que sumarle que estos planes
llevan aplicándose desde los años ochenta, que la Junta no aporta un
solo euro a los mismos, y que tampoco han reclamado al Estado una
mayor dotación cuando con la actual no alcanza a dar empleo por tres meses
ni al uno por ciento de los desempleados de la región, que superan los 300.000.
Pero no termina aquí la politización de estos
instrumentos para el empleo, porque en una segunda fase se asiste al
reparto de los puestos de trabajo en cada municipio. No es fácil ese
reparto en la situación de desempleo desbordado existente, y baste el
ejemplo de Talavera con más de 2200 solicitudes para 20 plazas en un taller de
empleo, pero a eso se suma que tampoco los criterios utilizados son
tan asépticos como para facilitar esa selección.
Cuando en los pueblos pequeños (en los que
nos conocemos todos) se realiza la selección de los trabajadores, es más
fácil poder evaluar si la selección realizada es acorde con la finalidad de
los planes de trabajo, que no debe ser otra que la contratación de
trabajadores desempleados para la ejecución de proyectos de interés general y
social para la ciudad Y debe hacerse atendiendo fundamentalmente a que los
seleccionados realmente necesiten trabajar por llevar mucho tiempo inscritos en
las listas de desempleados y a que la situación social de sus unidades
familiares así lo aconseje.
Sin embargo, es habitual en esos pueblos
escuchar críticas justificadas a esa selección. No resulta raro ver como
algunas personas repiten contrato en años consecutivos, mientras otras nunca
son seleccionadas; en otros casos se conoce que en la unidad familiar hay otros
miembros de la misma trabajado, mientras en hogares donde no trabaja ninguno de
sus miembros no son seleccionados; gente con menos antigüedad en esas listas es
contratada antes de quien lleva más años; o como a algunos inscritos se les
ofrece el puesto y no lo aceptan porque en ese momento no les interesa, sin
que ello implique perdida de ningún derecho de prioridad para posteriores
convocatorias.
Precisamente porque nadie niega que el mayor
problema de este país, y de sus diecisiete CCAA, hoy es el desempleo (aun
sabiendo que nunca lloverá a gusto de todos), no parecen las mejores
circunstancias para que cuando en esas listas aparecen familiares de los
gobernantes locales, simpatizantes de los partidos gobernantes, o personas que
no tienen una necesidad acuciante, todo el mundo piense en la existencia de manipulación
en esas selecciones. No se les puede negar el derecho a acceder a esas
ofertas de empleo como a cualquier otro ciudadano, pero en algunos casos
resulta cuanto menos esperpéntico, cuando no inmoral. La presencia de los
sindicatos, hoy tan denostados, no garantiza que la selección sea la adecuada
como respuesta válida ante la situación social real de esas localidades.
Lo anteriormente expuesto no pone en cuestión
la profesionalidad de los técnicos de empleo en su conjunto, pero la
precariedad en la que también muchos de ellos se encuentran les hace no
poder enfrentarse a actuaciones que les viene impuestas, y saben que pueden
cuestionar la limpieza de los procesos de selección. En otros casos
es el diseño de la oferta de empleo el que propicia disparidad de criterios para
que accedan a esos programas jóvenes y mujeres.
En ese escenario, para que un joven castellano manchego en paro pueda
encontrar un empleo de los ofertados por las administraciones públicas, tienen
que conjurarse muchas circunstancias en paralelo: vivir en un ayuntamiento
beneficiarios de los planes o talleres (es mal visto contratar en un taller a
vecinos de otra localidad habiendo solicitantes locales), y no significarse
políticamente en el ámbito local para no ser víctima de la utilización de su
situación de desempleo por parte de los dirigentes municipales, como un arma
electoral de primer orden y más en estas fechas de elecciones.
No es extraño el comentario de que a muchos jóvenes
les resulta más fácil por beneficioso mostrar un cambio de ideología política y
partido, que hacerlo de su afición por un equipo de futbol. La dignidad en
estas situaciones acaba siendo directamente proporcional al estado de saciedad
de nuestros estómagos.
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