Como
defensor de una sanidad pública, esta tarde he tenido la satisfacción de conocer la noticia de que la justicia
mantiene la suspensión cautelar de la privatización sanitaria en Madrid, hasta
que se resuelvan los juicios pendientes. Puede que para este caso, sea la
primera vez que desee la lentitud inherente a los juzgados.
Como
trabajador de la sanidad pública, no
entiendo este interés desbocado por privatizarla. Como
conocedor de la administración, no
considero positivo el proceso de privatización al que estamos asistiendo, con todo
lo que nos rodea. Si un gestor de lo público,
sale en apoyo de la gestión privada, solo puede estar reconociendo su
incapacidad profesional para gestionar, pero nada más.
Eso solo
es entendible si ese gestor tiene intereses
inconfesables en el sector privado, y por eso apoya la privatización. Lamela o Güemes son un ejemplo de esto último. La
realidad es que cuando lo privatizado da
perdidas, siempre aparece lo público para aportar los recursos necesarios para reflotarlo,
y con ese salvavidas apostar por lo privado no les supone ningún riesgo.
Creo que
no puede ser sospechoso de rojo visceral, el Primer Ministro David Cameron que se vio obligado a pedir disculpas por las
muertes en hospitales privatizados por la señora Tatcher. Decir que desde lo
privado se gestionan mejor, cada día las matemáticas nos muestran que no es
sino una gran falacia, como creo que en España hemos podido comprobar. Veamos algunos ejemplos de ese error: Aznar
le regala Telefónica a Villalonga (su compañero de pupitre), y el teléfono se
encareció; se privatizo Campsa y la gasolina cada día sabemos menos cuanto nos
cuesta realmente, ni quien es el gran beneficiado de ese sobrecoste que pagamos;
se privatiza la electricidad, y al recibo que nos llega cada mes me remito para
ver el abaratamiento que ha tenido; donde se ha privatizado el abastecimiento
de agua el precio se ha disparado en unos años. Y hay muchos más.
Si la gestión pública es mala, pues que la mejoren,
porque el problema no está en que la gestión sea pública o privada, sino en que
se haga una buena o una mala gestión. Cuando se analiza la gestión, nos encontramos sobrecostes que no pertenecen a la
gestión en sí, y eso es más llamativo aun cuando la privatización se
hace sobre sectores estratégicos como los
citados, energía, comunicaciones, aguas, que son los que nos permiten atender las necesidades básicas de
los ciudadanos, y una vez privatizados las empresas abusan de su posición.
Todo este sobreprecio no existiría si esos sectores que atienden nuestras necesidades básicas no estuvieran bajo manos empresariales, y en lugar de clientes fuésemos usuarios. Todo esto solo puede revertirse afrontando la renacionalización de esas grandes empresas, que no solo se malvendieron, sino que ahora nos atracan a diario. Eso sí, previo paso por los juzgados de quienes han hecho de nuestras carencias su negocio. Al contrario que para la suspensión cautelar en Madrid, aquí si pediría celeridad a la justicia.
Todo
parece parte de una confabulación económica para desposeernos a los ciudadanos
de todos los recursos básicos que permiten una calidad de vida digna. Mientras y para nuestra desgracia, el actual gobierno
del PP, en lugar de defendernos de estos abusos, solo hace lo que lleva en su código
genético: privatizar cada día más servicios públicos para que los empresarios
se beneficien de nuestra necesidad de los mismos.
Que los españoles mantengamos un gobierno que permite
y apoya este mecanismo, es como para que nos lo hagamos mirar.
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