Esta ley nos llega en un momento, en el que la Europa
rural, y particularmente la España rural, gracias a la labor de muchas personas
que han dedicado parte de su vida al desarrollo de los territorios rurales,
estaba en un proceso de cambios positivos y de profundización de la democracia.
La sociedad en su conjunto, está cada
vez más interesada en lo rural como complementario de lo urbano, con una menor
identificación de lo rural solo con la agricultura, y cada vez mayor con el
medio ambiente y el paisaje. Se han puesto en marcha legislaciones sobre el
desarrollo del medio rural y se han creado departamentos y Consejerías. En una
Europa más rural (90% territorio, 57% población) y en continuos cambios, pero
insuficientes ante las demandas sociales
que existen, persiste una renta p/c menor a la urbana,
y un menor nivel de formación entre sus habitantes en comparación con los de
las ciudades. El medio rural ofrece menos oportunidades para jóvenes y las mujeres,
y persiste una importante brecha digital rural, y grandes diferencias entre las
distintas zonas rurales europeas.
La sociedad rural se ve obligada a responder a múltiples cambios. Los primeros
son los cambios SOCIO
ECONOMICOS, como son:Existe ahora una estructura social rural
más compleja, con mayor diferenciación dentro y fuera del sector agrario, con
mayor diversificación de las actividades y de las profesiones, con una
reducción del protagonismo de las élites agrarias tradicionales (lo que
propicia el ascenso de nuevas élites rurales). Además ha de hacer frente
a una nueva dinámica social, a la aparición de nuevas oportunidades para la
acción política. En muchos casos, se dan situaciones locales marcadas por la
cooperación o la confrontación entre nuevos y viejos actores rurales.
Una segunda respuesta que
se le exige a la sociedad rural es posicionarse ante un nuevo CONTEXTO CULTURAL, en el que encontramos una nueva visión del espacio y el territorio. Aparecen nuevos criterios
relacionados más con la calidad de vida, que con la producción, junto a una
revitalización de lo local como marco de
referencia para la población rural. Estamos ante la aparición de nuevas
oportunidades culturales que pueden ser aprovechadas por los distintos actores
económicos y sociales según interpretan el actual proceso de cambio.
También se ve obligada a responder a CAMBIOS
POLITICOS, entre los
que merecen especial mención algunos como la pérdida de importancia de la agricultura
en el conjunto de la economía rural, en muchas zonas rurales. A este hay que
añadir la reducción de la población agraria en el conjunto de la sociedad rural,
el declive de la influencia de las élites agrarias en los centros de decisión,
junto con la diversificación de las actividades en el medio rural y la mayor
complejidad de su estructura social. También la apertura y liberalización de
los mercados, la recuperación de lo local y el fomento de las iniciativas de
desarrollo endógeno, y las nuevas demandas en materia de calidad y de protección
ambiental, son cambios importantes a los que se exige una respuesta correcta en
el momento y en el contenido.
Otra respuesta la exige la nueva COMPLEJIDAD
SOCIAL. Así,
la diversificación
de las actividades económicas, el aumento de la pluriactividad de los
agricultores, el avance del sector agroalimentario y del sector terciario, el aumento
de servicios públicos ligados al estado del bienestar, y la multifuncionalidad
rural (función recreativa, de ocio, ambiental), deben de ser afrontados, Otro fenómeno
fundamental es ver cómo junto a los tradicionales actores agrarios, conviven y
actúan grupos con otros intereses que perciben de forma diferente los procesos
de cambio.
Y por último, también exige una respuesta el cambio que supone la existencia de unas
NUEVAS FRONTERAS DE TRABAJO. En el medio rural, el tiempo pasa más rápido
de lo que cambian las mentalidades, y así pasamos de pertenecer a un pueblo a
ser de la comarca. Las decisiones de las
personas sobre donde trabajar, vivir, o descansar tienen lugar sobre territorios
más amplios (los mercados de trabajo ya incluyen a las ciudades), lo que
conlleva que existan diversas condiciones de ruralidad en España (áreas más
periféricas, pueblos de montaña, etc.) Las estrategias de vida tienen que
adaptarse a una realidad cambiante.
En este escenario, el 30 de diciembre de 2013
en el BOE se publica la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, más conocida como LEY DE LA REFORMA LOCAL
¿Que implica esta Ley? Habría que comenzar diciendo
que lo más importante que implica es que viene a desmantelar la democracia de nuestros pueblos y
ciudades. Implica un cambio de modelo de Estado que termina con el
municipalismo, que los Ayuntamientos dejarán de ser instituciones autónomas
locales para ser gestores de lo que dictan otros. Implica una recentralización que es contraria a una
democracia avanzada, descentralizada, cercana a la ciudadanía, y un frenazo en
la profundización de la democracia en nuestro país.
Esta Ley es la vuelta a la tutela sobre los Ayuntamientos.
Es un desprecio a los Ayuntamientos al no considerarlos una parte del Estado igual que
las demás administraciones, y un ataque al modelo autonómico, al ignorar las competencias
locales que se recogen en los nuevos Estatutos de Autonomía. Esta reforma, es
parte del proyecto del PP de re centralizar el Estado y poner fin al Estado de
las Autonomías, puesto que no respeta la Autonomía Local ni los EE AA, que forman parte del bloque de constitucionalidad ya consolidado.
Puede decirse sin temor a equivocarse que es una
intervención a la
autonomía de los Ayuntamientos, dándole el poder a las Diputaciones. (Explícitamente, a los < de 5.000 habitantes e
implícitamente los < de 20.000 habitantes). Especialmente significa una amenaza directa a las Entidades
Locales Menores, que
pierden tal consideración.
Entre sus repercusiones económicas están que consagra
todo a la sostenibilidad financiera, y no al servicio de los ciudadanos. Es la privatización de los servicios públicos
municipales, estableciendo el llamado
"coste efectivo" de los servicios, que se fijará bajo criterios del
Ministerio de Hacienda y AA.PP. Los servicios sociales son los más afectados,
ya que no serán atendidos por los Ayuntamientos. A su vez, la Ley favorece
literalmente “la iniciativa económica privada” y “ajustarse a los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por la
Constitución en su artículo 135” (Prima el pago de la deuda sobre cualquier
consideración política o social). Las
privatizaciones y recortes de servicios públicos municipales supondrán
precariedad, pérdida de calidad y de aproximadamente 200.000 puestos de
trabajo.
Sobre la estructura administrativa municipal,
produce la recentralización del funcionariado, ya que las funciones de Secretaría, Intervención y
Tesorería pasan a depender del gobierno central. Así mismo implica la
insuficiencia financiera para atender los aspectos sociales de los ciudadanos,
y conlleva la desaparición de unos servicios
públicos de calidad.
En resumen, esta reforma convierte la experiencia de
los Ayuntamientos democráticos en una excepción en nuestra Historia.
Como muestra de un cinismo desbordado, la reforma se
ha planteado como “una gran necesidad”, lo que se justifica en base una serie
de falsedades que es necesario desmontar.
Justifican la reforma por la estabilidad financiera
y la eliminación de duplicidades, lo que resulta FALSO, puesto que la mayoría
de ayuntamientos han cerrado en positivo, porque el endeudamiento proviene del
Estado. Se argumenta la pretensión de que se dejen de prestar servicios
duplicados, también FALSO, puesto que los municipios han colaborado y han sido
los más comprometidos en evitar duplicidades, porque carecían de recursos. Se
afirma que los Ayuntamientos son un escalón en la estructura del Estado, lo que
resulta también FALSO para cualquiera que conozca el municipalismo en España,
puesto que los Ayuntamientos no son un escalón, sino la pieza fundamental.
Afirman que la reforma supone una apuesta por la
igualdad de los ciudadanos, otra nueva FALSEDAD, puesto que supone un recorte
de derechos sociales, perjudica a los más vulnerables, y crea municipios de primera
y municipios de segunda. Dicen sus defensores que es una apuesta por la
cercanía de la Administración, lo que también es FALSO, puesto que en realidad es un golpe de estado de guante
blanco al municipalismo, y el ataque más grave y directo de la
historia a los ayuntamientos. Un último argumento de quienes apoyan esta
reforma es que va a suponer una mejora en la prestación de los servicios
públicos. También es FALSO, porque lo que supone en realidad es un cambio de
modelo hacia la privatización de los servicios, especialmente de los servicios
sociales.
En cualquier caso hay algunas cuestiones innegables
de esta reforma. Entre
ellas debemos destacar varias: Menosprecia a los Ayuntamientos, sobre todo a los
más pequeños, y los relega a administraciones de segunda; Es una oportunidad
perdida porque no afronta el verdadero problema: la financiación local; Tira
por tierra los avances conseguidos entre las Administraciones a través del
dialogo; Tiene muy difícil su aplicación, de hecho ya aplaza algunas medidas
(post elecciones); Responde a una táctica política; Aleja al ciudadano de la
Administración, y más a los ciudadanos rurales; Afecta especialmente a los ayuntamientos que
ya tiene problemas económicos, sobre todo a los pequeños; Los alcaldes, más aún
los de pueblos pequeños, deberán pedir permiso para hacer determinadas
políticas, pese a que dispongan de suficientes recursos; Priva a los ayuntamientos de prestar los
servicios sociales de proximidad que los ciudadanos necesitan, tan necesarios
en un medio rural envejecido.
¿Qué hacer frente a una reforma
“ideológica” y hecha al margen de los verdaderos problemas de los ciudadanos
(la desigualdad, el desempleo y el baja calidad de nuestra democracia)? La
respuesta la hemos encontrado en Gamonal y en las Mareas blancas de la sanidad
madrileña: Movilizaciones
ciudadanas, recursos judiciales. Y aprender de los errores del pasado: no votar
a quien defiende un modelo de país centralista y centralizado, donde los
ciudadanos ni pinchan, ni cortan.
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