viernes, 31 de enero de 2014

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y su incidencia sobre el medio rural.

Esta ley nos llega en un momento, en el que la Europa rural, y particularmente la España rural, gracias a la labor de muchas personas que han dedicado parte de su vida al desarrollo de los territorios rurales, estaba en un proceso de cambios positivos y de profundización de la democracia.
La sociedad en su conjunto, está cada vez más interesada en lo rural como complementario de lo urbano, con una menor identificación de lo rural solo con la agricultura, y cada vez mayor con el medio ambiente y el paisaje. Se han puesto en marcha legislaciones sobre el desarrollo del medio rural y se han creado departamentos y Consejerías. En una Europa más rural (90% territorio, 57% población) y en continuos cambios, pero insuficientes ante  las demandas sociales que existen, persiste una renta p/c menor a la urbana, y un menor nivel de formación entre sus habitantes en comparación con los de las ciudades. El medio rural ofrece menos oportunidades para jóvenes y las mujeres, y persiste una importante brecha digital rural, y grandes diferencias entre las distintas zonas rurales europeas.
La sociedad rural se ve obligada a  responder a múltiples cambios. Los primeros son los cambios SOCIO ECONOMICOS, como son:Existe ahora una estructura social rural más compleja, con mayor diferenciación dentro y fuera del sector agrario, con mayor diversificación de las actividades y de las profesiones, con una reducción del protagonismo de las élites agrarias tradicionales (lo  que  propicia el ascenso de nuevas élites rurales). Además ha de hacer frente a una nueva dinámica social, a la aparición de nuevas oportunidades para la acción política. En muchos casos, se dan situaciones locales marcadas por la cooperación o la confrontación entre nuevos y viejos actores rurales.
Una segunda respuesta que se le exige a la sociedad rural es posicionarse ante un nuevo CONTEXTO CULTURAL, en el que encontramos una nueva visión del espacio y el territorio. Aparecen nuevos criterios relacionados más con la calidad de vida, que con la producción, junto a una revitalización de lo local como marco  de referencia para la población rural. Estamos ante la aparición de nuevas oportunidades culturales que pueden ser aprovechadas por los distintos actores económicos y sociales según interpretan el actual proceso de cambio.
También se ve obligada a responder a CAMBIOS POLITICOS, entre los que merecen especial mención algunos como la pérdida de importancia de la agricultura en el conjunto de la economía rural, en muchas zonas rurales. A este hay que añadir la reducción de la población agraria en el conjunto de la sociedad rural, el declive de la influencia de las élites agrarias en los centros de decisión, junto con la diversificación de las actividades en el medio rural y la mayor complejidad de su estructura social. También la apertura y liberalización de los mercados, la recuperación de lo local y el fomento de las iniciativas de desarrollo endógeno, y las nuevas demandas en materia de calidad y de protección ambiental, son cambios importantes a los que se exige una respuesta correcta en el momento y en el contenido.
Otra respuesta la exige la nueva COMPLEJIDAD SOCIAL. Así, la diversificación de las actividades económicas, el aumento de la pluriactividad de los agricultores, el avance del sector agroalimentario y del sector terciario, el aumento de servicios públicos ligados al estado del bienestar, y la multifuncionalidad rural (función recreativa, de ocio, ambiental), deben de ser afrontados, Otro fenómeno fundamental es ver cómo junto a los tradicionales actores agrarios, conviven y actúan grupos con otros intereses que perciben de forma diferente los procesos de cambio.
Y por último, también exige una respuesta  el cambio que supone la existencia de unas NUEVAS FRONTERAS DE TRABAJO. En el medio rural, el tiempo pasa más rápido de lo que cambian las mentalidades, y así pasamos de pertenecer a un pueblo a ser  de la comarca. Las decisiones de las personas sobre donde trabajar, vivir, o descansar tienen lugar sobre territorios más amplios (los mercados de trabajo ya incluyen a las ciudades), lo que conlleva que existan diversas condiciones de ruralidad en España (áreas más periféricas, pueblos de montaña, etc.) Las estrategias de vida tienen que adaptarse a una realidad cambiante.
En este escenario, el 30 de diciembre de 2013 en el BOE se publica la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como LEY DE LA REFORMA LOCAL
¿Que implica esta Ley? Habría que comenzar diciendo que lo más importante que implica es que viene a desmantelar la democracia de nuestros pueblos y ciudades. Implica un cambio de modelo de Estado que termina con el municipalismo, que los Ayuntamientos dejarán de ser instituciones autónomas locales para ser gestores de lo que dictan otros. Implica  una recentralización que es contraria a una democracia avanzada, descentralizada, cercana a la ciudadanía, y un frenazo en la profundización de la democracia en nuestro país.
Esta Ley es la vuelta a la tutela sobre los Ayuntamientos. Es un desprecio a los Ayuntamientos al no considerarlos una parte del Estado igual que las demás administraciones, y un ataque al modelo autonómico, al ignorar las competencias locales que se recogen en los nuevos Estatutos de Autonomía. Esta reforma, es parte del proyecto del PP de re centralizar el Estado y poner fin al Estado de las Autonomías, puesto que no respeta la Autonomía Local ni los EE AA, que forman parte del bloque de constitucionalidad ya consolidado.
Puede decirse sin temor a equivocarse que es una intervención a la autonomía de los Ayuntamientos, dándole el poder a las Diputaciones.  (Explícitamente,  a los < de 5.000 habitantes e implícitamente los < de 20.000 habitantes). Especialmente significa  una amenaza directa a las Entidades Locales Menores, que pierden tal consideración.
Entre sus repercusiones económicas están que consagra todo a la sostenibilidad financiera, y no al servicio de los ciudadanos. Es la privatización de los servicios públicos municipales, estableciendo el  llamado "coste efectivo" de los servicios, que se fijará bajo criterios del Ministerio de Hacienda y AA.PP. Los servicios sociales son los más afectados, ya que no serán atendidos por los Ayuntamientos. A su vez, la Ley favorece literalmente “la iniciativa económica privada” y “ajustarse a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reconocidos por la Constitución en su artículo 135 (Prima el pago de la deuda sobre cualquier consideración política o social).  Las privatizaciones y recortes de servicios públicos municipales supondrán precariedad, pérdida de calidad y de aproximadamente 200.000 puestos de trabajo.
Sobre la estructura administrativa municipal, produce la recentralización del funcionariado, ya que las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería pasan a depender del gobierno central. Así mismo implica la insuficiencia financiera para atender los aspectos sociales de los ciudadanos, y conlleva  la desaparición de unos servicios públicos de calidad.
En resumen, esta reforma convierte la experiencia de los Ayuntamientos democráticos en una excepción en nuestra Historia.
 
Como muestra de un cinismo desbordado, la reforma se ha planteado como “una gran necesidad”, lo que se justifica en base una serie de falsedades que es necesario desmontar.
Justifican la reforma por la estabilidad financiera y la eliminación de duplicidades, lo que resulta FALSO, puesto que la mayoría de ayuntamientos han cerrado en positivo, porque el endeudamiento proviene del Estado. Se argumenta la pretensión de que se dejen de prestar servicios duplicados, también FALSO, puesto que los municipios han colaborado y han sido los más comprometidos en evitar duplicidades, porque carecían de recursos. Se afirma que los Ayuntamientos son un escalón en la estructura del Estado, lo que resulta también FALSO para cualquiera que conozca el municipalismo en España, puesto que los Ayuntamientos no son un escalón, sino la pieza fundamental.
Afirman que la reforma supone una apuesta por la igualdad de los ciudadanos, otra nueva FALSEDAD, puesto que supone un recorte de derechos sociales, perjudica a los más vulnerables, y crea municipios de primera y municipios de segunda. Dicen sus defensores que es una apuesta por la cercanía de la Administración, lo que también es  FALSO, puesto que en realidad es un  golpe de estado de guante blanco  al municipalismo, y el ataque más grave y directo de la historia a los ayuntamientos. Un último argumento de quienes apoyan esta reforma es que va a suponer una mejora en la prestación de los servicios públicos. También es FALSO, porque lo que supone en realidad es un cambio de modelo hacia la privatización de los servicios, especialmente de los servicios sociales.
En cualquier caso hay algunas cuestiones innegables de esta reforma. Entre ellas debemos destacar varias: Menosprecia a los Ayuntamientos, sobre todo a los más pequeños, y los relega a administraciones de segunda; Es una oportunidad perdida porque no afronta el verdadero problema: la financiación local; Tira por tierra los avances conseguidos entre las Administraciones a través del dialogo; Tiene muy difícil su aplicación, de hecho ya aplaza algunas medidas (post elecciones); Responde a una táctica política; Aleja al ciudadano de la Administración, y más a los ciudadanos rurales;  Afecta especialmente a los ayuntamientos que ya tiene problemas económicos, sobre todo a los pequeños; Los alcaldes, más aún los de pueblos pequeños, deberán pedir permiso para hacer determinadas políticas, pese a que dispongan de suficientes recursos;  Priva a los ayuntamientos de prestar los servicios sociales de proximidad que los ciudadanos necesitan, tan necesarios en un medio rural envejecido.
¿Qué hacer frente a una reforma “ideológica” y hecha al margen de los verdaderos problemas de los ciudadanos (la desigualdad, el desempleo y el baja calidad de nuestra democracia)? La respuesta la hemos encontrado en Gamonal y en las Mareas blancas de la sanidad madrileña: Movilizaciones ciudadanas, recursos judiciales. Y aprender de los errores del pasado: no votar a quien defiende un modelo de país centralista y centralizado, donde los ciudadanos ni pinchan, ni cortan.
 

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