Rajoy quiere resucitar el Tribunal de Orden Publico

En el facebook de Facundo Cabral, argentino admirado por mí, y a quien una noche conocí en un teatro en la ciudad de San Salvador, cuelga de su muro unos versos suyos que dicen así: “La libertad es una vieja que conocí en la bohemia, al lado de mucha gente y sin que nadie la viera. Me dijo: tengo tres hijos, uno está crucificado, el otro se ha vuelto loco y el tercero no ha llegado". Viene a colación con la situación que puede crear en nuestro país el proyecto de Ley de Seguridad ciudadana que el PP plantea aprobar, y que deja la libertad en un derecho recortado o para privilegiados.

Quienes empezamos a pintar canas, cada día tenemos la percepción de que la libertad en España camina hacia atrás, gracias a un gobierno que está convirtiendo la democracia que nos dimos en una democracia cangrejera. Hoy, treinta y ocho aniversario de la muerte del dictador, el presidente Rajoy ha afirmado que con esa reforma que irá pronto al Consejo de Ministros pretende "garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos". Una cosa es ser un cínico, y otra cosa es propiciar el retorno del más rancio franquismo que corre por las venas de su partido. Eso es filo fascismo, y es lo que se está pretendiendo.

Muchos de nosotros conocimos una instancia del franquismo que se denomino el Tribunal de orden Publico, cuya función era la de reprimir las conductas consideradas como delitos políticos. Entonces, en 1963, surgió tras el fusilamiento de Julian Grimau, (pese a que las pruebas presentadas en su juicio fueron cuestionadas dentro y fuera de España, y a que le sometieron a torturas para obtener su confesión) para que no hubiera más julianes. Ahora surge tras las mareas, los escraches, y las actitudes no sumisas de muchos ciudadanos, para que estas desaparezcan.

Los que tienen menos años, pueden no saber que ese tribunal perseguía los mismos “delitos” que ahora pretende perseguir esta ley y que transcribo literalmente: aquellos que van contra el jefe del Estado, las Cortes, el Consejo de Ministros y forma de Gobierno; con ocasión del ejercicio de los derechos de las personas reconocidos por las leyes; la rebelión y la sedición; los desórdenes públicos; la propaganda ilegal; las detenciones ilegales siempre que obedecieran a un móvil político o social; la sustracción de menores; el allanamiento de morada; las amenazas y coacciones; y el descubrimiento y revelación de secretos. Su ámbito de actuación era la totalidad del territorio nacional, como la ley de ahora, y duró para nuestra vergüenza hasta 1977, dos años después de muerto el dictador.

Por mucho que se pretenda disfrazar como una norma que busca regular la convivencia, se mire como se mire, es una mordaza a todo ciudadano que no piense como quien nos gobierna, y se atreva a demostrar esa desavenencia. Lo que pretende es convertir a los ciudadanos que protestan o muestran su desacuerdo en individuos peligrosos, casi terroristas en muchos casos, y en individuos antisociales en la mayoría.

El PP no ha tenido suficiente con desmantelar el estado del bienestar en tan solo dos años de gobierno, sino que si esta ley llega a aprobarse en los términos que se han dado a conocer por el Ministerio del Interior, supone el desmantelamiento también del estado de derecho y con él de nuestra democracia. El único derecho que tendrá el ciudadano será la obligación de obedecer, igual que en la dictadura.

Que el franquismo está volviendo, no solo es por esa iniciativa de ley de seguridad, porque también  lo vemos en cómo hacen ostentación de la bandera del aguilucho en las NNGG del PP, o en el mantenimiento del Valle de Los Caídos como símbolo franquista, o los nombres franquistas mantenidos en muchas calles, o las víctimas del franquismo en las cunetas, o la vuelta de la religión católica en la escuela, etc. Pero no se pararan aquí, me temo que seguirá adelante esta marcha atrás en derechos democráticos, porque ya han anunciado la reforma de la ley del aborto, tienen prevista la reforma del código penal para aprobar la cadena perpetua en respuesta a la sentencia europea contra la doctrina Parot, y que nadie se extrañe si luego convierten las cárceles en campos de concentración, y así hacen su revival histórico completo culminado con la canonización del bajito de El Ferrol.

Asistimos a todo ello con la bendición de la iglesia anclada, como el PP, en un pensamiento propio de esos años del franquismo como se ha demostrado en la reciente conferencia episcopal. Y aunque algunos conservamos la memoria, mientras las izquierdas seguimos tirándonos los trastos a la cabeza, y la derecha moderada y democrática continúa callada.

Quizás vaya siendo hora de que los ciudadanos nos demos cuenta de  que la forma de garantizar la libertad y la convivencia pasa no por la aprobación de esta ley, sino de de una que persiga a los gobernantes y a sus instrumentos policiales que se atrevan a pisotear los principios democráticos como se está haciendo. Unos por acción y otros por omisión, tenemos lo que nos merecemos.