Hoy
he estado leyendo sobre un organismo del que oímos hablar a diario, y del que quizás
no sepamos tanto como debiésemos, me refiero al Banco Central Europeo
(BCE). El BCE es la institución encargada
de administrar la política monetaria de los diecisiete estados europeos
miembros de la llamada zona euro. La entidad se creó en 1998 mediante el
Tratado de Ámsterdam, y su objetivo
principal es el de mantener la estabilidad de precios en la zona euro.
También
es la encargada de dirigir las
operaciones de cambio de divisas, de mantener un sistema financiero estable y la
vigilancia del sector bancario, y es el único, ni siquiera los estados, con
derecho a autorizar la emisión de euros, fijando la cantidad que se emite para
cada Estado. Se rige por la legislación de la UE y no con la legislación aplicable a las empresas privadas, aunque posee
acciones y capital social como cualquiera de estas.
Vistos
los efectos de la crisis sobre los estados, esta concepción actual del BCE se ha convertido en uno de sus
principales problemas, porque se dedica casi en exclusiva a controlar la inflación, sin
otra capacidad que pudiese permitirle actuar como un instrumento verdaderamente
eficaz contra esa crisis.
Parece por tanto necesaria su reforma, para que realmente pueda actuar como
banco central de todos los países de la zona, lo que le permitiría la compra de deuda de los Estados o el control de los sistemas
financieros de esos estados.
Las directivas de la UE regulan la actividad bancaria mediante una serie de
estructuras, pero el Banco Central
Europeo no tiene ninguna capacidad de control sobre ellas ni sobre las
autoridades nacionales, y esa capacidad debería aumentarse si se quiere evitar
el riesgo de que los sistemas económicos de esos países puedan verse amenazados
por grandes lobbies o por otros gobiernos externos a la eurozona, como está
ocurriendo.
Pero quizá el mayor déficit que
presenta el BCE es el democrático, dada su poca o nula conexión con el
Parlamento Europeo, lo que ocasiona una distorsión importante entre lo que
son las políticas que surgen del órgano electo por los ciudadanos europeos, y
la entidad de control monetario europeo. Son
hoy compartimentos estancos sin interrelación real.
Con la necesidad del rescate a la banca española, hemos visto la imposibilidad de que desde el BCE se comprase deuda
española para bajar nuestra prima de riesgo, o que se aportase una financiación
directa a nuestra banca sin pasar por el estado, lo que ha hecho que la
deuda de las entidades bancarias compute como publica y suponga tres puntos
añadidos al déficit de las administraciones públicas españolas.
Parece por eso oportuno plantear un
cambio en el reglamento del BCE para que pueda financiar a los Estados y a su sistema
financiero. De no hacerlo así, los
estados deberíamos recobrar la capacidad de disponer de una política monetaria
propia para luchar contra la crisis, o estaremos a perpetuidad en las manos de
los movimientos especuladores de los mercados sobre nuestra deuda.
Si se sigue apostando como se hace por
mantener el BCE, este debería ser reformado, no solo para poder tener una política
monetaria europea única, si no para unir a está también una política fiscal única
europea destinada a producir una redistribución equitativa de los recursos
entre todos los estados miembros.
Pero tampoco es menos cierto, que esta necesidad de reestructuración del
BCE, debe llevar paralela la conexión
con el parlamento europeo y la revisión del proyecto de integración europea
pero basado en criterios de solidaridad y no en la capacidad de negociación de
los dirigentes de turno, porque según es palpable de la Europa con Delors a
con Barroso hay una evidente e insalvable diferencia.
Puede que la salida del euro sea algo
que nos perjudique más aún de lo que nos están perjudicando las políticas impuestas por
Alemania dentro de la eurozona, pero si
no se reforma el papel del BCE, incluidas políticas fiscales y redistributivas,
cualquier europeo del sur pensara que para este viaje a Europa tal y como
está hoy concebida, no nos hacían falta alforjas.
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