Siempre en contra

Da igual de qué materia se trate o de qué actuación realice el gobierno. La oposición del PP dirá no, por supuesto lo hará Vox, y los de Arrimadas hacen de coro y altavoces de los otros. Ahora toca intentar imposibilitar que funcionen los fondos de reconstrucción. Su excusa: evitar el fraude y reparto clientelar. Que eso ocurre ya es falso, y si sucediera, hay suficientes garantías y medidas de control para impedirlo.

Para empezar. Un Real Decreto que aprobó el Congreso por mayoría que regula el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía España que fue aprobado con nota de la Comisión Europea en junio. En él se fijan las cuantías, los detalles y los procedimientos concursales para que el dinero llegue a las empresas y a las administraciones públicas. El Real Decreto detalla “los mecanismos de control y auditoría” y no son diferentes del de otros países, y no es cierto como afirma el PP, que en el resto de Europa sean comisiones independientes las que deciden.

Para continuar. El gobierno decide cuánto dinero se dedicará, pero eso no significa que vaya a decidir qué empresa se llevará cada contrato. La adjudicación de cada proyecto es la de cualquier concurso público y, se rige por criterios y baremos conocidos. Cumplir los requisitos que se establezcan es esencial para acceder a un dinero.

¿Nadie controla el uso del dinero, como sostiene Casado? El Real Decreto es claro en este punto. Según su artículo 21, es la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), como autoridad de auditoría de fondos estructurales, la que se ocupa del control administrativo y financiero. Para poder certificar que el dinero se adjudica cumpliendo la legalidad, la UE tiene “libertad de acceso a los sistemas de información de las entidades públicas estatales que participen en la gestión de fondos europeos para garantizar la evaluación continuada de las operaciones, así como a cualquier otro registro en el que se reflejen actuaciones de ejecución de fondos europeos. Cualquier entidad pública o privada quedará obligada a facilitar la información que en el ejercicio de estas funciones le sea solicitada”.

Y desde siempre, cualquier fondo público está controlado por la IGAE. La IGAE tiene “a su cargo el ejercicio de las funciones y competencias que le atribuye la normativa europea a la autoridad de control del Instrumento Europeo de Recuperación”. Tanto a través del centro directivo competente del Ministerio de Hacienda, la Secretaría General de Fondos Europeos, como de la Intervención General de la Administración del Estado, como Autoridad de Control. También está el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude y la corrupción. La IGAE, tanto con gobiernos del PSOE como del PP, siempre ha sido la entidad encargada de certificar ante Bruselas el buen uso de los fondos europeos. Y por si todo eso es poco, existe el control judicial, puesto que todo es recurrirle ante los tribunales de justicia.

Además, PP, Vox y Ciudadanos, no solo dicen que hay un reparto ilegal, sino que también denuncian que la ejecución del dinero va con retraso, cuando toda esta estrategia de denuncias que han montado, solo busca tratar de impedir que se agilice. Son sus artimañas jurídicas. Confunden corrupción o fraude con “reducir las barreras normativas y administrativas” que buscan “una gestión más ágil y eficiente, para facilitar la absorción de los fondos”. Hay que admitir que de corrupción y fray de en lo público en el PP son expertos y ya se sabe que “piensa el ladrón…”.

Por si todos esos controles nacionales no fueran suficientes, está la UE. La portavoz comunitaria para Asuntos Económicos, Veerle Nuyts, confirmó la existencia de esos controles, y España ha recibido el visto bueno de los Veintisiete a la decisión de desbloquear el pago a nuestro. La Comisión Europea está capacitada para “tomar acciones” por propia iniciativa si detectasen “irregularidades” en la gestión de los fondos por alguno de los países. “Los Estados miembros deben explicar, y España lo explicó en su Plan de Recuperación y Resiliencia las disposiciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de las leyes nacionales y de la Unión, incluida la prevención, detección y corrección efectiva de conflictos de intereses, corrupción y fraude, y doble financiación”. No hay discriminación entre territorios porque no es un un reparto entre comunidades autónomas. No se distribuye entre territorios, sino que el volumen final de cada sitio depende de los proyectos que se presenten y sean aprobados.

Desde el PP, Vox y Cs no se está haciendo oposición sino OBSTRUCIONISMO. No se trata de patriotismo sino de electoralismo. Buscan impedir a toda costa que con esos fondos se reflote nuestra economía sin estar ellos en el gobierno. Recordemos lo de Montoro: hundamos España que ya vendremos nosotros a levantarla.