domingo, 19 de febrero de 2017

CONTINÚA EL INTENTO POR UNA MAYOR PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD

Si algo huele a dinero en la salud, los grandes lobbies sanitarios están decididos a hacer todo lo que esté en su mano, para si les es posible acabar siendo los dueños de todo ese pastel. Para conseguirlo, consideran que su objetivo prioritario ha de ser, conseguir acabar con el carácter obligatorio, universal y público del aseguramiento sanitario. Desde hace años han ido avanzando en su consecución, y en su marcha se han visto ayudados por la reducción de la inversión en la sanidad pública, lo que ha favorecido el incremento de los ingresos para las empresas que gestionan los hospitales privados.

Desde los profesionales a los usuarios, hemos contemplado y sufrido en nuestras propias carnes, como desde hace siete años ha existido un proceso de recortes continuados en la inversión en salud, lo que ha propiciado su deterioro y la progresiva privatización de la sanidad pública. El objetivo de toda esta maniobra, no ha sido otro que, como alternativa a lo público, se hayan potenciado y promovido los seguros privados. Ante ese deterioro progresivo de lo público, su argumento fácil ha sido afirmar que con el crecimiento del sector privado en la sanidad privada permite “descongestionar” el sistema público.

Estamos envueltos en un círculo vicioso, en el que esos lobbis se han aprovechado de la crisis vivida, y de la existencia de una elevada deuda en la sanidad pública, para ofrecerse como salvadores del sistema, mientras que en paralelo, esas mismas razones servían a las administraciones públicas para justificar mayores recortes. Ahora, con la llegada al Ministerio de una ministra sin conocimiento suficiente del sector sanitario, y en tanto que esta toma tierra en él, han visto su oportunidad de negocio, para lo que le han hecho llegar el documento que, elaborado la Alianza de la Sanidad Privada Española, utiliza todos los argumentos favorables a ese aumento del sector privado en la asistencia sanitaria.

Ese documento recoge la principal propuesta que defiende la CEOE, acabar con el aseguramiento universal público obligatorio. Pero estratégicamente lo visten como algo necesario dentro de un gran pacto social y político por la sanidad, y para ello se apoyan en la actual Ley General de Sanidad del 86, cuando esta Ley básica en ningún caso recoge el carácter de estratégico o clave que la CEOE le da al sector privado. El documento defiende la total “despolitización” de la sanidad con el fin de evitar injerencias legislativas de los gobiernos de turno, y reclama un ‘Pacto por la Sanidad’, pero plantea como imprescindible para sea realmente un pacto, que recoja sus reivindicaciones.

Entre esas reivindicaciones están: quitar progresivamente las competencias a las CCAA (así conseguirían evitar la competencia de empresas regionales más pequeñas); una ampliación de la financiación desde el sector privado para la asistencia; poner en valor el sector farmacéutico y la tecnología sanitaria; un apoyo decidido al turismo de salud y del “sector balneario”; o reformar el IVA sanitario, sin olvidar señalar los servicios de Dependencia como su próximo objetivo.  Las condiciones para que se salgan con la suya no están tan lejos de darse si vemos como el gasto sanitario público ha disminuido en veinte mil millones en el periodo 2009-2015, mientras que el privado se ha incrementado considerablemente.

Mientras la CEOE ha puesto sus cartas sobre el tapete, el gobierno calla, y no se sabe si la oposición ejerce una vigilancia exhaustiva sobre el ministerio en este asunto. No parece que sea así, puesto que nadie ha manifestado estar preocupado por asuntos tan conocidos como que la población con seguro privado aproveche la sanidad pública para obtener las recetas, ni tampoco dan a conocer que las compañías de seguros sanitarios, antes de aceptar al cliente seleccionan sus riesgos, y con ello excluyen a la población que presenta determinadas patologías, cuestión que de ser conocida frenaría ese incremento de la suscripción de un seguro privado de salud. Todo esto son elementos que podrían frenar ese avance privatizador.


Si ese modelo triunfa las clases menos pudientes (la mayoría de españoles, aun los que hoy tienen un trabajo), pueden ver a corto plazo peligrar su derecho a tener garantizada la asistencia sanitaria desde el sector público.

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