Si algo huele a dinero en la salud, los grandes lobbies
sanitarios están decididos a hacer todo lo que esté en su mano, para si les es
posible acabar siendo los dueños de todo ese pastel. Para conseguirlo,
consideran que su objetivo prioritario ha de ser, conseguir acabar con el
carácter obligatorio, universal y público del aseguramiento sanitario. Desde
hace años han ido avanzando en su consecución, y en su marcha se han visto
ayudados por la reducción de la inversión en la sanidad pública, lo que ha
favorecido el incremento de los ingresos para las empresas que gestionan los
hospitales privados.
Desde los profesionales a los usuarios, hemos contemplado y
sufrido en nuestras propias carnes, como desde hace siete años ha existido un
proceso de recortes continuados en la inversión en salud, lo que ha propiciado
su deterioro y la progresiva privatización de la sanidad pública. El objetivo
de toda esta maniobra, no ha sido otro que, como alternativa a lo público, se
hayan potenciado y promovido los seguros privados. Ante ese deterioro
progresivo de lo público, su argumento fácil ha sido afirmar que con el
crecimiento del sector privado en la sanidad privada permite “descongestionar”
el sistema público.
Estamos envueltos en un círculo vicioso, en el que esos
lobbis se han aprovechado de la crisis vivida, y de la existencia de una
elevada deuda en la sanidad pública, para ofrecerse como salvadores del
sistema, mientras que en paralelo, esas mismas razones servían a las
administraciones públicas para justificar mayores recortes. Ahora, con la
llegada al Ministerio de una ministra sin conocimiento suficiente del sector
sanitario, y en tanto que esta toma tierra en él, han visto su oportunidad de
negocio, para lo que le han hecho llegar el documento que, elaborado la Alianza
de la Sanidad Privada Española, utiliza todos los argumentos favorables a ese
aumento del sector privado en la asistencia sanitaria.
Ese documento recoge la principal propuesta que defiende la
CEOE, acabar con el aseguramiento universal público obligatorio. Pero
estratégicamente lo visten como algo necesario dentro de un gran pacto social y
político por la sanidad, y para ello se apoyan en la actual Ley General de
Sanidad del 86, cuando esta Ley básica en ningún caso recoge el carácter de
estratégico o clave que la CEOE le da al sector privado. El documento defiende
la total “despolitización” de la sanidad con el fin de evitar injerencias
legislativas de los gobiernos de turno, y reclama un ‘Pacto por la Sanidad’,
pero plantea como imprescindible para sea realmente un pacto, que recoja sus
reivindicaciones.
Entre esas reivindicaciones están: quitar progresivamente
las competencias a las CCAA (así conseguirían evitar la competencia de empresas
regionales más pequeñas); una ampliación de la financiación desde el sector
privado para la asistencia; poner en valor el sector farmacéutico y la
tecnología sanitaria; un apoyo decidido al turismo de salud y del “sector
balneario”; o reformar el IVA sanitario, sin olvidar señalar los servicios de
Dependencia como su próximo objetivo. Las condiciones para que se salgan
con la suya no están tan lejos de darse si vemos como el gasto sanitario
público ha disminuido en veinte mil millones en el periodo 2009-2015, mientras
que el privado se ha incrementado considerablemente.
Mientras la CEOE ha puesto sus cartas sobre el tapete, el
gobierno calla, y no se sabe si la oposición ejerce una vigilancia exhaustiva
sobre el ministerio en este asunto. No parece que sea así, puesto que nadie ha
manifestado estar preocupado por asuntos tan conocidos como que la población
con seguro privado aproveche la sanidad pública para obtener las recetas, ni
tampoco dan a conocer que las compañías de seguros sanitarios, antes de aceptar
al cliente seleccionan sus riesgos, y con ello excluyen a la población que
presenta determinadas patologías, cuestión que de ser conocida frenaría ese
incremento de la suscripción de un seguro privado de salud. Todo esto son
elementos que podrían frenar ese avance privatizador.
Si ese modelo triunfa las clases menos pudientes (la mayoría
de españoles, aun los que hoy tienen un trabajo), pueden ver a corto plazo
peligrar su derecho a tener garantizada la asistencia sanitaria desde el sector
público.
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