Todos conocemos la famosa frase del personaje de comic
Asterix, “estos romanos están locos”. Después de su interminable
lista de rectificaciones, tras casi cuatro años, al gobierno se le puede
aplicar lo de “estos del PP están locos”. Pero orates o no, no se
marcharan del gobierno sin dejar “atado y bien atado” (a lo dictador
ferrolano) todo aquello que favorezca a la parte de la sociedad para la que
gobiernan. Sí, solo gobiernan para una parte, y ese listado y lo que aún
nos queda por ver, viene a demostrar que no gobiernan para todos los españoles.
Ahora nos toca apechugar con la chapuza de reforma del Registro Civil,
prueba evidente de que tenemos un gobierno que antepone sus principios
ideológicos sobre los intereses de los ciudadanos.
Fue el gobierno socialista en 2011, el que realizó un
primer intento de modernización de ese Registro al aprobar una reforma de
la Ley de Registro Civil, y que se publicó en julio de ese año como Ley
20/2011. Se aprobó por unanimidad, y quizás ese fue el motivo por el que
no se fue más ambicioso por implantar un modelo estrictamente laico como
recoge la Constitución que debe ser. Y es ahora a finales de esta legislatura,
cuando el PP acomete una “contrarreforma” que busca lo que la mayoría
de sus reformas, la privatización de lo público, y por supuesto, pingues
beneficios para quienes lo gestionen, aproximadamente mil trescientos
millones de euros.
En España el Registro Civil data de 1871, año en el que
pasa a ser de titularidad estatal y en el que la Iglesia pierde el control que
ejercía sobre esta materia a través de los registros eclesiásticos. Nadie
duda, después de siglo y medio, de la necesidad de modernizarlo e incorporar
principios constitucionales como el de igualdad y garantizar la protección de
los datos. Pero el PP lo que se hace es precisamente lo contrario,
al dejarlo en manos de los registradores, mercantiles y de la
propiedad (curioso compañeros de profesión de Rajoy), con todos los riesgos
para la seguridad y la privacidad de las personas que eso puede suponer.
Prácticamente fue unánime el rechazo de los
sectores sociales más diversos al proyecto del PP, por eso lo
aparcó pero sin abandonar su objetivo. Ahora de nuevo vuelve a la carga,
puede que porque perciben que las urnas no están por mantenerles en el
gobierno. Tras sustituir a Gallardón el nuevo ministro, se ha saltado a
la torera lo aprobado por el parlamento y ha anunciado que pasará a manos del
Colegio Profesional de Registradores, sin ningún tipo de concurso para
adjudicar esa gestión. No queda ahí la cosa, sino que además se prescinde de
todos los funcionarios que ahora lo gestionan, impidiéndoles continuar
trabajando para el nuevo órgano encargado de su gestión.
La frase de “estos del PP están locos” viene como anillo
al dedo, porque por un lado el ministro dice que no se privatiza, y por
otro reasigna a otras dependencias los funcionarios actualmente adscritos al
registro Civil. Pero no queda ahí la cosa, porque también se privatiza
su explotación según el Reglamento que regula su funcionamiento, que además
de incrementar las tasas, hace que las retribuciones de los Registros
Mercantiles se vean triplicadas. Para ello hacen que sea obligatorio
registrar que ahora no lo son, incrementan el precio de los registros más
habituales, y en el Registro Mercantil obliga a que el número de personas
que tienen obligación de operar sea mayor. Todo esto con absoluto
descaro en un país sacudido por la crisis, y con el sueldo base, las pensiones
y los salarios de los funcionarios congelados.
Pero por si de la lectura de lo expuesto aún no nos hacemos
idea de cómo nos repercutirá, basten para saberlo algunas cifras: registrar
el nacimiento de un hijo o sacar una partida de nacimiento, que hoy son gratis,
pasarán a costar 20 € cada uno; que inscribir una defunción serán 40€;
inscribir un matrimonio civil serán 100 €; obtener el libro de familia 150€, o
inscribir una Comunidad de Vecinos costará 300 €.
Pero como se acercan elecciones, no sería de extrañar que se
planteen aplazar la entrada en vigor de esta reforma, temerosos de ser
castigados en las urnas. Pero de no ser así, el próximo 15 de Julio nos
despertaremos con una más de esas reformas tan necesarias, según el PP, para
mayor gloria de la marca España, pero que en realidad significan un pasito más
hacia el infierno para la inmensa mayoría de los españoles.
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