El IMSERSO ha hecho públicas sus estadísticas, actualizadas
a 30 de noviembre de 2014. En ellas se concreta que en España son 167.869
las personas dependientes que se encuentran en lista de espera, y que la
cuarta parte de las que han causado baja en el Sistema de Dependencia, lo han
hecho sin llegar a percibir ninguna prestación a las que tenían derecho
tras ser evaluada su situación, y que por primera vez, de un año a otro,
hay trece mil personas menos incluidas pese al envejecimiento de
la población. Con esos datos oficiales, solo se puede concluir que a nivel
estatal, este sistema no funciona.
El Sistema Nacional de Atención a la Dependencia (SAAD)
que iba a ser el cuarto pilar del estado del bienestar, nació tarde y sin
recursos. Se hizo tarde porque debió plantearse a la llegada socialista al
gobierno, en lugar de hacerlo a mediados de la segunda legislatura, que
imposibilitó su consolidación. Y sobre todo no se garantizó la financiación que
le hubiera hecho resistente a los recortes. No vale la excusa de falta de
recursos, sino de voluntad política, porque para otros asuntos si se dispuso de
ellos.
Los recortes del PP llegaron a sanidad, educación y
pensiones, pero estos tres pilares resistieron, podían recortarlos pero era
inimaginable eliminarlos. Pero sobre el SAAD el ministerio de Ana Mato decidió
de un plumazo que no se podía financiar, y que se debía seguir atendiendo
desde la caridad y los apoyos familiares.
Como en otras materias, el laboratorio de experimentación
elegido para aplicar recortes fue Castilla La Mancha. Pese a ser la
que más recortes ha realizado en esta materia, el gobierno regional se
obstina en afirmar que ha reducido a la mitad el listado de quienes esperan
recibir una prestación en el último semestre de 2014, y que esta es la región
en la que más profesionalizado está el sistema de dependencia. Esta
información, choca frontalmente con lo que se manifiesta por los colectivos de
afectados.
La llamada Ley de Garantías de los Derechos de las
Personas con Discapacidad de Castilla La Mancha, reguladora de esta
materia, pese a que fue aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla-La
Mancha, en su aplicación ha recibido críticas de los sindicatos y diferentes
colectivos como el de los trabajadores sociales. Es un lavado de cara
del papel desempeñado en esta materia por el gobierno regional para a las
elecciones.
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia
regional, que agrupa a más de cuatro mil familias, afirma que en la región,
más de diez mil beneficiarios han dejado de serlo; que ya no perciben
ninguna prestación de las que antes percibían más de dos mil ochocientas
personas; o que casi ocho mil dependientes tienen el derecho reconocido,
pero siguen sin recibir ninguna prestación.
Las cifras hablan por sí solas. Desde que Cospedal llegó al
gobierno, han fallecido cuatro mil personas que teniendo el derecho
reconocido no han llegado a recibir ninguna prestación; han aumentado las
valoraciones que resuelven indicando que carecen de derecho a prestación,
siendo más personas sin derecho, que a las que se les reconoce, como si se
solicitará por gusto; hay casi seis mil personas que eran grandes
dependientes en la primera valoración y que han dejado de serlo en las
revisiones. Este último hecho, realmente casi milagroso, se ha dado con
relativa frecuencia en muchos pueblos de nuestra provincia.
Pero la situación más grave que tenemos hoy en Albacete
y en Castilla la Mancha, es el problema de los grandes dependientes, que
tenían una prestación económica y eran generalmente atendidos por sus
familiares, y a los que ahora se les ha retirado esa prestación dineraria.
La solución que se les ofrece desde la Junta, es sustituir la prestación que
recibían por una o varias horas de ayuda a domicilio a través de servicios
municipales, que la provincia de Albacete presta el Consorcio de Servicios
Sociales de la Diputación.
Pero esta solución es cuestionable, puesto que algunos
Ayuntamientos no pueden atender esa demanda de horas al carecer de auxiliares
de Ayuda a Domicilio suficientes para atender la demanda. De no encontrar
solución a esto, la respuesta, como en otras materias, será recurrir a
empresas privadas para prestarles el servicio.
Es cierto que se han reducido las listas de espera,
como afirma el gobierno regional, pero simplemente por el fallecimiento de
muchos dependientes de edad elevada o enfermedades terminales, y nunca por una
buena gestión del sistema por su parte. La proximidad electoral permite
toda clase de lecturas a los datos, pero las necesidades de los dependientes
son necesidades de personas, y no números sujetos a interpretación.
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