La noticia de que la Fiscalía del Supremo archiva la
querella por los viajes de Monago, supone un acto de fomento de la
corrupción en toda regla, porque aquí queda demostrado que el mal uso de lo
público puede quedar impune. En cualquier país de la Europa a la que
pertenecemos, este señor llevaría semanas dimitido simplemente por razones
de higiene democrática, sin necesidad de intervención del poder judicial.
Con el archivo de la querella, él se va (por ahora) de
rositas de un asunto turbio. Por parte de la justicia se nos está afirmando
que los senadores no tienen por qué rendir cuentas de sus gastos, que se
pueden pagar sus viajes privados con nuestro dinero dando igual si van a
ver a su amante o a dar un mitin de su partido (que no del Senado de España).
Según la Fiscalía esto podrá ser legal, pero éticamente es impresentable,
y una afrenta a los ciudadanos que soportamos los recortes en los derechos por
parte precisamente de esos senadores. Es sencillamente un fallo vergonzoso.
Dejando al protagonista Monago a un lado, e intentando
mirar el cesto en lugar de la manzana podrida, el fallo de la fiscalía
lo que está cuestionando es el papel que hasta ahora han desempeñado
los partidos en nuestro sistema político, y especialmente el de los dos que
han ejercido responsabilidades de gobierno. Por acción o por omisión, el
fallo viene a demostrar la connivencia de los partidos para que no exista una
total transparencia de los gastos de sus señorías (viajes, ayuda de
vivienda en Madrid, etc.).
Algunos verán una decisión partidista porque al Fiscal
del Estado le nombra el Gobierno. Pero quien pierde es la justicia
por estas actuaciones, por si no ha sido suficiente desgaste para el ministerio
fiscal el actuar como defensor con la Infanta, ahora también lo hace
cuando se trata de asuntos que afectan al PP. Nadie creerá en la
independencia de la fiscalía, y resulta Imposible creer que el PP pueda
actuar contra la corrupción. Lo peor de todo es que la factura de esta
actuación, se la pasaran los ciudadanos al poder judicial, y con él a todo el
sistema político.
Ahora viene la reforma de reglamentos, y aunque llegan
tarde, mejor tarde que nunca. Deben regular los viajes de todos los
diputados y senadores, pero desde luego no pueden hacerlo a medias
como han hecho PP y PSOE, aunque el segundo se comprometa a ampliar la información
que le afecta periódicamente. O lo hacen de verdad, o hacen imposible creer
que tienen intención de cambiar. Así los ciudadanos seguiremos pensando que
la justicia sirve solo a la clase política, y que usa dos varas de medir. Es un
insulto.
Si la justicia está politizada, no es que los políticos
sean inocentes, es que no quieren que exista separación de poderes. Es otra
manera (una más sutil), de poner el ventilador y, sin quererlo, de llenar las
urnas de votos a PODEMOS. En época electoral, no vale con pedir perdón con la
técnica de Aguirre.
Volviendo a Monago, sin redundar en lo consabido de
que una cosa es la responsabilidad penal y otra la política, hay que formularle
le la pregunta del millón (nunca mejor dicho) ¿para cuándo deja lo de
devolver el dinero?
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