Aunque las cifras sean tozudas, siempre permiten interpretaciones. Y eso
es lo que se hace con las cifras de desempleo que mensualmente nos facilita la
Administración. Quienes las exponen en los medios las deshumanizan. No
describen la penosa situación de nuestro mercado laboral, si no que con
argucias las tergiversan, hacen comparaciones interanuales, etc. Se da toda la importancia a las cifras, y se deja en
un segundo plano la calidad del empleo que tenemos y la situación personal de
los parados, sino si hay uno menos o uno más que ayer, aunque el que ya no figure,
lo sea por fallecimiento o por haber emigrado.
El empleo es un derecho constitucional. Pese a ello, mes tras mes no lo es para muchas personas. En noviembre, el paro regional supera el 20%, bajó en toda Castilla
La Mancha menos en Albacete, donde hay casi cuarenta y ocho mil
desempleados, de los que cinco mil trescientos son menores de veinticinco años.
A su vez aumentaron los sin empleo anterior y donde más subió fue en el sector
servicios. Son las cifras reales, pero luego se procede a construir la foto
oficial interesada.
Para el gobierno regional lo importante es que respecto al mismo mes de
hace un año, hay casi un siete y medio por ciento menos de desempleados en
Albacete, y se han molestado en rebuscar en los anales del INEM, para decirnos
que hay un 47% menos de paro desde 2009. Lo que
dejan en un segundo plano, es que en ese
mismo periodo las afiliaciones a la seguridad social se redujeron casi un 15,5
%.
Tampoco le dan importancia a que el paro descienda entre los hombres y
suba entre las mujeres, a que en números
absolutos con el gobierno de Cospedal hay casi cincuenta mil parados más y casi
93.500 afiliaciones menos, lo que si prospera la denuncia ante la comisaria europea de Empleo, al
haber desaparecido de un plumazo 50000
parados de las listas, nos deja a la región con más parados que cuando
Cospedal llegó al gobierno.
Pero no quiero seguir con cifras y caer lo que crítico. Los números son números, pero detrás de ellos hay
personas. Y hay una serie de aspectos relativos a las condiciones de trabajo en
nuestra provincia, que no por ser comunes al resto del país, debemos pasar
inadvertidos. Como médico rural desde hace más de treinta y cinco años, que
atiende a pacientes de varios municipios, veo en mi día a día, que lo dramático del paro no son las cifras, sino lo que
en ellas no se refleja.
Las cifras dicen, que en nuestra provincia, hay trabajadores a los que se
les da la oportunidad de aprender un oficio, pero no dicen que muchos lo hacen
sin contrato, con salario bajo, y echando más horas que un reloj. Tampoco nos
dicen que si un trabajador tiene hijos, facturas por pagar, o necesidades
básicas que cubrir, es capaz de trabajar en lo primero que encuentra. Todo eso hace que un trabajador acabe viendo como
normal trabajar sin estar de alta, porque cree que no le queda otro remedio.
La gente de los pueblos sabe, que muchos
trabajadores agrícolas por cuenta ajena, aunque trabajen cincuenta años su
pensión serán de miseria. Porque en nuestros campos, sigue existiendo el
trabajo en negro, que no significa solo que no están de alta, sino que además
lo hacen “trabajando como negros de sol a sol” y por un salario de miseria. En
la agricultura preocupa más que el trabajo se haga rápido, que hacer rápido los
papeles.
Pero no solo es en el campo, también en
el sector servicios existe trabajo en negro. Que pueblo no conoce este caso
en camareros, en mujeres que realizan trabajos del textil en sus casas, o del
sector del calzado, por citar algunos. Todos pensamos que esto es una forma de competencia desleal con quienes
cumplen rigurosamente la ley, y nos importa menos que sea un fraude al estado. Da
igual el sector que se mire, algunas condiciones laborales son insoportables
para un ser humano, en naves de chapa, con calor asfixiante, con horarios
abusivos y salarios por debajo de lo acordado. Cuando hay crisis, impera la ley
del si quieres lo coges y si no lo dejas.
Pero de lo que nadie parece darse cuenta, es que estamos ante el autoengaño de unos trabajadores que
irremisiblemente se verán abocados a un futuro sin pensiones tras su
jubilación. El fraude laboral en España y
en Albacete representa un 8% de nuestro producto interior bruto PIB, y
si en toda España representa un millón de
puestos de trabajo, se pueden hacer números de lo que supone en nuestra
provincia. Da igual hacer esos números o no, porque lo que está claro es que la
mayoría de ese fraude no saldrá a la luz, entre otras cosas por las condiciones
que para aflorarlo impone nuestra legislación.
Quien lea estas líneas, invitará a denunciar los casos que se conozcan.
Si no se hace, es porque quienes trabajan
en esas condiciones saben que su denuncia seguramente no arreglará su caso,
pero si están seguros de que pondrá en peligro el trabajo de sus compañeros.
Seguramente es una forma de mal entender la solidaridad que hace que el que así
trabaja, mantenga la boca cerrada. Hoy cualquier trabajador sabe que el
objetivo de su empresa es ser competitiva a cualquier precio, y en situación de
crisis como la actual, existe tal oferta
de mano de obra, que si uno trabaja por cinco, automáticamente está en la calle
el que quiere cobrar seis.
En lugar de europeizar China, la Unión Europea y sus reformas están
achinando Europa, y pronto no será innecesario que nuestras grandes empresas se
marchen fuera. La economía sumergida en
Albacete, no es solo un problema fiscal, sino de condiciones sociales y
laborales. La última reforma laboral, ha propiciado abaratar el despido, la bajada
de salarios, la pérdida de derechos laborales, y sobre todo una actitud sumisa de los trabajadores. Las
reglas las impone quien paga: te pago poco pero debes de estar agradecido que
al menos cobras algo; te hago falso autónomo para que sigas trabajando.
Los atrapados en esta red, piensan
que eso cambiará con el tiempo, hasta que se convencen de que va a seguir
siendo así. Entonces la respuesta que se dan es que prefieren sobrevivir a pedir en
la calle, y gobierno y empresarios también
callan. Hoy día de la Constitución, parece un buen día para recordar a
gobierno, empresarios y trabajadores, que tener un empleo digno es un derecho
constitucional, y que para conseguirlo cada uno debe cumplir su parte.
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