Portada en todos los medios con los tópicos de siempre. Hoy
6 de diciembre, dicen que “celebramos” el día de la Constitución. Si,
esa que para lo que se quiere es intocable, y que para lo que se quiere se
salta a la torera. En vísperas del treinta y seis aniversario de su
promulgación, lo ha hecho el Consejo de Ministros. La misma Constitución
que con múltiples excusas hemos convertido entre todos en papel mojado.
Entre todos, unos por acción y otros por omisión al callarnos.
Expreso esto, porque la Constitución en su Artículo 18.3,
garantiza “el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales,
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. Ayer el Consejo de
Ministros aprobó la reforma de la Ley Procesal, con la que el Gobierno podrá
autorizar escuchas telefónicas sin que tenga que intervenir un juez.
Naturalmente en casos graves, siendo el gobierno quien dice que es o no grave.
No es necesario cambiar la Constitución, nos la saltamos y ya nos vale.
De una manera o de otra, el ejecutivo le va restando
poder al legislativo y al judicial. Cada vez nos quedan menos derechos
constitucionales (libertad de expresión, de reunión, de asociación, de
huelga), y cada vez existe menor separación de poderes. La
división de poderes es una cosa de Montesquieu y ese señor hace tiempo que
murió para este gobierno.
Constitucionalmente, ningún ministro puede adoptar una
medida que solo le corresponde al juez, y no vale maquillarlo con
“comunicándoselo inmediatamente". Pero mucho menos aceptable es
"En todo caso, el juez competente tendrá que resolver si revoca o
confirma tal actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que fue
ordenada la medida.". Y lo que el juez no autorice una vez escuchado
¿caerá en el olvido?
A esto hay que sumarle que cada vez tenemos más leyes que
invierten la carga de la prueba. Donde quedarán la presunción de inocencia,
las garantías procesales, o el habeas corpus. La sensación que esto causa, es
un regreso al estado represivo y para policial, y de los comisarios políticos
de otras épocas. Sencillamente intolerable.
Desmontando el estado de derecho, nos acercamos a
marchas forzadas a lo que algunos politólogos denominan “fascismo con
elecciones”. El PP quiere convertirse en el Gran Hermano de todos nosotros,
y parece que tiene un objetivo claro: quitarse de en medio a los jueces
y poner al poder judicial a sus pies. Es un paso atrás en
nuestras libertades, y otro ejemplo de cómo un gobierno puede actuar contra
sus ciudadanos.
Es inevitable recordar que a un juez se le expulsó de la
carrera judicial por prevaricación, precisamente por realizar escuchas y
eso que estaban autorizadas, y que nadie duda de que se le realizaran a
corruptos. Ahora es el gobierno quien coloca al ministro por encima de la
ley, y eso según lo aplicado a Garzón también es “presuntamente” prevaricar,
puesto que quien aprueba esta reforma sabe que atenta claramente contra los
derechos fundamentales de la Constitución.
Por eso creo que los españoles tenemos poco que celebrar
hoy. Así que mejor aprovechemos que es sábado y puente. Nos veremos a la
vuelta.
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