miércoles, 11 de diciembre de 2013

Nueva Ley de Seguridad Privada. Otra parte del programa B del PP.



Cuando ganó las elecciones de 2011, el PP no solo tenía una contabilidad B. También se presentó con un programa A, pero la realidad es que a la hora de gobernar está aplicando el programa B, (el de los recortes económicos y de derechos ciudadanos). Como la contabilidad B, este programa B, solo lo conocían ellos, de lo contrario no hubiesen alcanzado el gobierno, por muy ciega que se haya mostrado la clase trabajadora de nuestro país, apoyándoles con el “a ver que hacen estos” que les otorgó la mayoría absoluta que les permite sacarse la versión B y desmentir a cualquiera que cite su contabilidad.
Este PP que se llena la boca con la necesidad de “simplificar el Estado”, en realidad lo que están haciendo es privatizarlo, puesto que lo que pasa a manos privadas las competencias públicas, pero pagando su implementación privada con fondos públicos. El colegio público pasa a concertado, pero sigue recibiendo fondos públicos. La sanidad publica pasa al hospital privado, pero pagado con fondos públicos. Las pensiones públicas hacen necesarios los planes de pensiones privados, lo que se estimula con fondos públicos. Y ahora la policía y la seguridad pasan a privadas pero con ayudas públicas. Resumido, esto es hacer lo mismo que se hacía, pero llenando los bolsillos a unos pocos, y mejor si son amigos.
Por mucho que la disfracen en sus medios afines, esta ley no es más que la mercantilización de otro derecho ciudadano como es el de la seguridad. Es la expresión moderna del “todo por la patria” por el “todo por el bolsillo”. La seguridad privada es un negocio que hoy mueve por encima de los tres mil quinientos millones de euros y que en la mayoría de las grandes empresas del sector hay un apellido como denominador común: Oreja ¿os suena?
Como su mayoría parlamentaria solo atiende a la estrategia del rodillo, esta ley acabará aplicándose, y supone que cualquier vigilante de un centro comercial, nos podrá cachear y detener. Por eso, quienes comparten la idea de esta privatización, pensando en ellos mismos, deberían exigirle a Mariano y su cuadrilla, que antes de que entre en vigor deberían diseñar una formación similar a la de las Fuerzas de Seguridad del Estado y exigirles los mismos requisitos a los vigilantes que a sus miembros. Quienes no compartimos esta privatización, ya estamos tardando en lanzarnos a la calle para impedir su promulgación.
Unos y otros, partidarios o no, conocemos situaciones relacionadas con la seguridad privada, en los que se ha demostrado la existencia de incidentes y algunos abusos de autoridad. Si no hay una formación adecuada, no pasaran muchos días sin asistir a los primeros abusos, o a que a alguien se le escape una bala por error, y por desgracia se aloje en el entrecejo de algún paseante que no leyó el letrero de “no pasar”
Cuando uno se intenta documentar respecto al porque se promulga esta Ley, siempre se acaba en un hecho irrefutable: las compañías de Seguridad quieren aumentar su negocio. Y no todo en la vida puede ser el dinero, porque tengo serias dudas de que sea constitucional crear un cuerpo parapolicial, pero como la Constitución parece estar para saltársela a la torera, puede que no les preocupen los paramilitares, puesto que no hace ni sesenta años que eran algo normal en la época franquista.
Tanto están cambiando las cosas que puede que mañana el teléfono contra la violencia de género no se atienda desde una comisaria, sino desde Eulen, Prosegur, Esabe o cualquier otra empresa grande del sector.
Hace unos días en una entrada a este blog, me preguntaba si estarían pensando también en privatizar las cárceles. Hoy la pregunta que me surge va en la misma línea: ¿para cuándo los jueces privados?

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