Cuando ganó las elecciones de 2011, el PP no solo tenía una contabilidad B. También se presentó con un programa A, pero la realidad es que a la hora de gobernar está aplicando el programa B, (el de los recortes económicos y de derechos ciudadanos). Como la contabilidad B, este programa B, solo lo conocían ellos, de lo contrario no hubiesen alcanzado el gobierno, por muy ciega que se haya mostrado la clase trabajadora de nuestro país, apoyándoles con el “a ver que hacen estos” que les otorgó la mayoría absoluta que les permite sacarse la versión B y desmentir a cualquiera que cite su contabilidad.
Este PP
que se llena la boca con la necesidad de “simplificar el Estado”, en realidad lo que están haciendo es privatizarlo, puesto que lo
que pasa a manos privadas las competencias públicas, pero pagando su
implementación privada con fondos públicos. El colegio público pasa a
concertado, pero sigue recibiendo fondos públicos. La sanidad publica pasa al
hospital privado, pero pagado con fondos públicos. Las pensiones públicas hacen
necesarios los planes de pensiones privados, lo que se estimula con fondos
públicos. Y ahora la policía y la
seguridad pasan a privadas pero con ayudas públicas. Resumido,
esto es hacer lo mismo que se hacía, pero
llenando los bolsillos a unos pocos, y mejor si son amigos.
Por mucho
que la disfracen en sus medios afines, esta ley no es más que la
mercantilización de otro derecho ciudadano como es el de la seguridad. Es la expresión moderna del “todo por la patria” por
el “todo por el bolsillo”. La seguridad privada es un negocio que hoy mueve por encima de los tres mil
quinientos millones de euros y que en la mayoría de las grandes empresas del
sector hay un apellido como denominador
común: Oreja ¿os suena?
Como su
mayoría parlamentaria solo atiende a la estrategia del rodillo, esta ley
acabará aplicándose, y supone que
cualquier vigilante de un centro comercial, nos podrá cachear y detener. Por
eso, quienes comparten la idea de esta
privatización, pensando en ellos mismos, deberían exigirle a Mariano y su cuadrilla, que antes
de que entre en vigor deberían diseñar una formación similar a la de las
Fuerzas de Seguridad del Estado y exigirles los mismos requisitos a los
vigilantes que a sus miembros. Quienes no compartimos esta privatización, ya
estamos tardando en lanzarnos a la calle para impedir su promulgación.
Unos y
otros, partidarios o no, conocemos
situaciones relacionadas con la seguridad privada, en los que se ha demostrado
la existencia de incidentes y algunos abusos de autoridad. Si no
hay una formación adecuada, no pasaran muchos días sin asistir a los primeros
abusos, o a que a alguien se le escape una bala por error, y por desgracia se
aloje en el entrecejo de algún paseante que no leyó el letrero de “no pasar”
Cuando uno se intenta documentar respecto al porque se
promulga esta Ley, siempre se acaba en un hecho irrefutable: las compañías de
Seguridad quieren aumentar su negocio. Y no todo en la vida puede ser
el dinero, porque tengo serias dudas de
que sea constitucional crear un cuerpo parapolicial, pero
como la Constitución parece estar para saltársela a la torera, puede que no les
preocupen los paramilitares, puesto que no hace ni sesenta años que eran algo
normal en la época franquista.
Tanto
están cambiando las cosas que puede que
mañana el teléfono contra la violencia de género no se atienda desde una
comisaria, sino desde Eulen, Prosegur, Esabe o cualquier otra empresa grande del sector.
Hace unos
días en una entrada a este blog, me preguntaba si estarían pensando también en
privatizar las cárceles. Hoy la pregunta
que me surge va en la misma línea: ¿para cuándo los jueces privados?
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