
Ha
tenido una rápida tramitación parlamentaria y el
proyecto de ley de la administración local ya se encuentra en el Senado, desde
donde pasará de nuevo al Congreso para que las enmiendas aprobadas aquí sean
ratificadas. Después de eso, será publicada en el BOE antes de finalizar 2013,
y la Ley entrará en vigor.
Parece que nos hemos
olvidado que los más perjudicados somos
los ciudadanos, y que somos nosotros quienes debemos responder a esta reforma
que no nos lleva a una mejor democracia, sino a una estructura más vertical de la administración, y es contraria a
la descentralización del Estado por la que tanto se luchó en la transición.
Y es que del análisis del
texto y de sus consecuencias a corto, medio y largo plazo, esta reforma dibuja en el horizonte de nuestras entidades locales
(ayuntamientos, diputaciones y entes relacionados o equivalentes), que quieran o no, para ellas comienza la
hora del cambio, y que algunos de los efectos de la reforma no tardaran en ser
visibles, y por ello, que las competencias autonómicas tampoco quedan al margen
de este proceso.
Ya se anuncian recursos de
inconstitucionalidad, pero mientras se resuelven, lo importante será su
aplicación en función del tipo de entidad, aunque son comunes
para todas las administraciones dos aspectos: ajuste institucional, y
equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera. Siendo el ajuste
presupuestario el que condiciona al institucional.
La mayoría que tiene el PP
en el Senado hará que se incorporen las enmiendas
que su grupo ha presentado en esta fase de la tramitación, y lo grave es que algunas de ellas cambian el texto
ya aprobado en el Congreso con el consenso de algún que otro grupo político.
De estas nuevas enmiendas, la
más llamativa es que, pese a haberse corregido en el Congreso por posible
inconstitucionalidad, de nuevo con su incorporación, el PP hace que resurja la concepción inicial de que los municipios sólo
pueden ejercer aquellas competencias propias fijadas en la Ley de Bases de Régimen
Local, lo que deja a las CCAA en un segundo plano y vulnera claramente el
contenido de todos los Estatutos de Autonomía, al quitarles competencias y arrogárselas el Estado.

Otra curiosidad menos
conocida, es que modifica el régimen de
habilitados nacionales, y con ello permite que la gestión de tributos pueda
hacerse por órganos ajenos a intervención y tesorería. La duda es clara
¿piensan privatizar esa gestión? Esto resulta especialmente llamativo en
tiempos en que el control sobre los recursos públicos está en cuestión por los
ciudadanos, y con esto se permite un menor control.
Pero sin duda lo que más
extraña, es que el texto que saldrá del
Senado, permite aplazar algunas decisiones que inicialmente estaba previsto que
entraran en vigor al día siguiente de su aprobación, y es en esa aplicación
en la que se basaba el ahorro que parecía ser el objetivo de la reforma. Este aplazamiento retrasa el
desmantelamiento de entidades dedicadas a gestionar el abastecimiento y
depuración de aguas, la recogida y tratamiento de RSU, o las de transporte
público de viajeros. Pero curiosamente, no
se retrasa su desmantelamiento por escuchar a los alcaldes y alcaldesas, sino
por las presiones de las empresas que hoy prestan esos servicios por
contrato.
Por último, también se
aplazan también transferencias de competencias que no se efectuarían hasta que
no se apruebe la financiación autonómica y local, (lo que resulta motivado por
presiones de distinto signo). Parece claro que los aplazamientos obedecen a la estrategia política frente a esas
presiones, por el temor del gobierno
a la repercusión que la reforma pueda tener de cara a las elecciones locales y
generales del 2015, lo que deja claro que dependiendo del resultado
electoral, así será el alcance real de esta reforma local.
Pero, es evidente que los
aplazamientos suponen un nuevo
incumplimiento del gobierno en materia política con repercusión económica,
porque si se aplaza la reforma o no se aplica de inmediato, no puede documentarse el ahorro que reflejan
en el Plan Presupuestario 2014 prometido a Bruselas, y que solo sería
aplicable en 2016. Parece que no les preocupa la imagen de la “marca España” en
la UE, que empezaran a pensar que baila la yenka.

A esto hay que añadirle que no todos los dirigentes del partido Popular
comparten su contenido, y algunos se oponen a su aplicación, como ocurre en
Galicia. Hace unos días, en la tierra de Fraga y Rajoy, pero sobre todo de
Feijoo, nos anunciaban la modificación
de su ley autonómica, está claro que no por obsoleta, sino para poder con ello, suavizar o matizar aquellos artículos de la
normativa estatal que no le terminan de convencer, como es el caso de las
diputaciones, para las que prevé acotar su papel.
Desde la oposición se
anuncia un gran acuerdo para que tras el cambio de gobierno del Estado, esta
reforma se derogue. Esto ya se ha dicho para la Reforma educativa y otras. Pero
aquí, sería importante que los socialistas no nos limitáramos solo a decir NO
a las propuestas del PP,
sino que pongamos sobre la mesa planteamientos claros, fruto de nuestra
experiencia de gestión municipal en muchos años de democracia, y que algunos están
contenidos de las propuestas presentadas en la Conferencia Política de
noviembre, porque parecen aparcados pese al poco tiempo transcurrido.
Es
el momento decir a la opinión pública
que los socialistas defendemos unos municipios que han de converger con los
municipios del resto de los países europeos, y por ello que reivindicamos el papel municipal como motor
de la movilización ciudadana para mejorar la calidad de vida y los niveles de
bienestar de nuestros ciudadanos.
Y
con esa convergencia no hablamos solo de
indicadores económicos sino también en bienestar, lo que nos permitirá, que
la gran mayoría de nuestros municipios
de pequeña entidad poblacional e inmersos en el medio rural, puedan plantearse
la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus ciudadanos, porque si
no es así no quedaran pueblos, sino solo ciudades.
Debemos
decir, que para los socialistas, los
ayuntamientos son la administración pública más cercana a los ciudadanos, pero
además creérnoslo, por lo que queremos
que los ayuntamientos asuman un papel de primer nivel en el diseño, ejecución,
gestión y evaluación de las políticas que se implementen en nuestros municipios,
en lugar de dejar todo en manos de papá Estado decida nuestro futuro.
Esta
reforma, los socialistas no podemos
permitir que coarte la libertad de asociación para la defensa de los intereses
del municipio, ni nuestra participación activa en la configuración territorial
necesaria para activar modelos territoriales eficientes para el desarrollo económico,
social y ambiental de nuestro país.

Los Ayuntamientos como administración local deben ser
parte activa en el diseño de un desarrollo territorial inteligente, sostenible
e integrador que otorgue la capacidad de decisión a los ciudadanos. Es innegable la necesidad de apoyo de las demás administraciones,
como también lo es la necesidad de un equilibrio
más justo del gasto público invertido, y que se realicen actuaciones
públicas que apoyen y dinamicen la actividad de todos los territorios a fin de
garantizar la cohesión de todo el territorio del Estado.
Garantizar la igualdad de oportunidades y la
solidaridad social es la forma de garantizar altos niveles de calidad de vida y
la construcción de capital social en los territorios. El acceso al empleo, la integración social, la educación
y las competencias profesionales, el acceso a las tecnologías de la información
y la comunicación, el uso eficiente de los recursos naturales y energéticos, la
lucha contra el cambio climático, etc., pasan
por la mejora de la calidad en las administraciones públicas locales y de los
servicios básicos que desde estas se prestan.
Como
se señala por el propio gobierno del Estado, mejorar esa calidad de las administraciones no es el objetivo de la
reforma local que se aprobará en unos días, como queda claro, su objetivo
solo es un recorte más a lo público, atisbándose la privatización de muchos
servicios hoy públicos.
Los
socialistas debemos dejar claro ante los ciudadanos en su conjunto, que no solo decimos no a esta propuesta de
Reforma, sino que sabemos plantear y
que tenemos, una alternativa y que estas
cuestiones forman parte de nuestro modelo de administración local. Que en esto
tampoco PP y PSOE somos iguales.
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