La Reforma Local que llega

Según el Plan Presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas para 2014, la reforma Local prevé que supondrá un ahorro de 8.024 millones de euros para el período 2104-2019, y que en 2015 sería la mayor y ascendería a 5.127 millones de euros.

Ha tenido una rápida tramitación parlamentaria y el proyecto de ley de la administración local ya se encuentra en el Senado, desde donde pasará de nuevo al Congreso para que las enmiendas aprobadas aquí sean ratificadas. Después de eso, será publicada en el BOE antes de finalizar 2013, y la Ley entrará en vigor.

Parece que nos hemos olvidado que los más perjudicados somos los ciudadanos, y que somos nosotros quienes debemos responder a esta reforma que no nos lleva a una mejor democracia, sino a una estructura más vertical de la administración, y es contraria a la descentralización del Estado por la que tanto se luchó en la transición.

Y es que del análisis del texto y de sus consecuencias a corto, medio y largo plazo, esta reforma dibuja en el horizonte de nuestras entidades locales (ayuntamientos, diputaciones y entes relacionados o equivalentes), que quieran o no, para ellas comienza la hora del cambio, y que algunos de los efectos de la reforma no tardaran en ser visibles, y por ello, que las competencias autonómicas tampoco quedan al margen de este proceso.

Ya se anuncian recursos de inconstitucionalidad, pero mientras se resuelven, lo importante será su aplicación en función del tipo de entidad, aunque son  comunes para todas las administraciones dos aspectos: ajuste institucional, y equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera. Siendo el ajuste presupuestario el que condiciona al institucional.

La mayoría que tiene el PP en el Senado hará que se incorporen las enmiendas que su grupo ha presentado en esta fase de la tramitación, y lo grave es que algunas de ellas cambian el texto ya aprobado en el Congreso con el consenso de algún que otro grupo político.

De estas nuevas enmiendas, la más llamativa es que, pese a haberse corregido en el Congreso por posible inconstitucionalidad, de nuevo con su incorporación, el PP hace que resurja la concepción inicial de que los municipios sólo pueden ejercer aquellas competencias propias fijadas en la Ley de Bases de Régimen Local, lo que deja a las CCAA en un segundo plano y vulnera claramente el contenido de todos los Estatutos de Autonomía, al quitarles competencias y arrogárselas el Estado.

Lo más conocido por los ciudadanos del texto, es que la reforma modifica el artículo 26.2 LBRL, y con ello refuerza el papel de las Diputaciones provinciales sin tener en cuenta la opinión o los acuerdos municipales al respecto, y permitiendo que el ministerio decida la fórmula de gestión que el considere sin escuchar a los afectados, por lo que es contraria a lo que en su informe decía el Consejo de Estado que debía hacerse.

Otra curiosidad menos conocida, es que modifica el régimen de habilitados nacionales, y con ello permite que la gestión de tributos pueda hacerse por órganos ajenos a intervención y tesorería. La duda es clara ¿piensan privatizar esa gestión? Esto resulta especialmente llamativo en tiempos en que el control sobre los recursos públicos está en cuestión por los ciudadanos, y con esto se permite un menor control.

Pero sin duda lo que más extraña, es que el texto que saldrá del Senado, permite aplazar algunas decisiones que inicialmente estaba previsto que entraran en vigor al día siguiente de su aprobación, y es en esa aplicación en la que se basaba el ahorro que parecía ser el objetivo de la reforma. Este aplazamiento retrasa el desmantelamiento de entidades dedicadas a gestionar el abastecimiento y depuración de aguas, la recogida y tratamiento de RSU, o las de transporte público de viajeros. Pero curiosamente, no se retrasa su desmantelamiento por escuchar a los alcaldes y alcaldesas, sino por las presiones de las empresas que hoy prestan esos servicios por contrato.

Por último, también se aplazan también transferencias de competencias que no se efectuarían hasta que no se apruebe la financiación autonómica y local, (lo que resulta motivado por presiones de distinto signo). Parece claro que los aplazamientos obedecen a la estrategia política frente a esas presiones, por el temor del gobierno a la repercusión que la reforma pueda tener de cara a las elecciones locales y generales del 2015, lo que deja claro que dependiendo del resultado electoral, así será el alcance real de esta reforma local.

Pero, es evidente que los aplazamientos suponen un nuevo incumplimiento del gobierno en materia política con repercusión económica, porque si se aplaza la reforma o no se aplica de inmediato, no puede documentarse el ahorro que reflejan en el Plan Presupuestario 2014 prometido a Bruselas, y que solo sería aplicable en 2016. Parece que no les preocupa la imagen de la “marca España” en la UE, que empezaran a pensar que baila la yenka.

Parece que no hay duda, de que cada vez que se incorpora una nueva modificación, el proyecto de reforma se empeora y se está convirtiendo en un despropósito. Pero lo que es innegable, es que la mayoría de los ayuntamientos perderá su capacidad de actuar.

A esto hay que añadirle que no todos los dirigentes del partido Popular comparten su contenido, y algunos se oponen a su aplicación, como ocurre en Galicia. Hace unos días, en la tierra de Fraga y Rajoy, pero sobre todo de Feijoo, nos anunciaban  la modificación de su ley autonómica, está claro que no por obsoleta, sino para poder con ello, suavizar o matizar aquellos artículos de la normativa estatal que no le terminan de convencer, como es el caso de las diputaciones, para las que prevé acotar su papel.

Desde la oposición se anuncia un gran acuerdo para que tras el cambio de gobierno del Estado, esta reforma se derogue. Esto ya se ha dicho para la Reforma educativa y otras. Pero aquí, sería importante que los socialistas no nos limitáramos solo a decir NO a las propuestas del PP, sino que pongamos sobre la mesa planteamientos claros, fruto de nuestra experiencia de gestión municipal en muchos años de democracia, y que algunos están contenidos de las propuestas presentadas en la Conferencia Política de noviembre, porque parecen aparcados pese al poco tiempo transcurrido.

Es el momento decir a la opinión pública que los socialistas defendemos unos municipios que han de converger con los municipios del resto de los países europeos, y por ello que reivindicamos el papel municipal como motor de la movilización ciudadana para mejorar la calidad de vida y los niveles de bienestar de nuestros ciudadanos.

Y con esa convergencia no hablamos solo de indicadores económicos sino también en bienestar, lo que nos permitirá, que la gran mayoría de nuestros municipios de pequeña entidad poblacional e inmersos en el medio rural, puedan plantearse la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus ciudadanos, porque si no es así no quedaran pueblos, sino solo ciudades.

Debemos decir, que para los socialistas, los ayuntamientos son la administración pública más cercana a los ciudadanos, pero además creérnoslo, por lo que queremos que los ayuntamientos asuman un papel de primer nivel en el diseño, ejecución, gestión y evaluación de las políticas que se implementen en nuestros municipios, en lugar de dejar todo en manos de papá Estado decida nuestro futuro.

Esta reforma, los socialistas no podemos permitir que coarte la libertad de asociación para la defensa de los intereses del municipio, ni nuestra participación activa en la configuración territorial necesaria para activar modelos territoriales eficientes para el desarrollo económico, social y ambiental de nuestro país.

Los socialistas debemos hacer de los Ayuntamientos los actores principales de cualquier estrategia de articulación local, porque reivindicamos el derecho de nuestras sociedades a construir nuestras propias ventajas comparativas, que sirvan de bases para abordar el futuro.

Los Ayuntamientos como administración local deben ser parte activa en el diseño de un desarrollo territorial inteligente, sostenible e integrador que otorgue la capacidad de decisión a los ciudadanos. Es innegable la necesidad de apoyo de las demás administraciones, como también lo es la necesidad de un equilibrio más justo del gasto público invertido, y que se realicen actuaciones públicas que apoyen y dinamicen la actividad de todos los territorios a fin de garantizar la cohesión de todo el territorio del Estado.

Garantizar la igualdad de oportunidades y la solidaridad social es la forma de garantizar altos niveles de calidad de vida y la construcción de capital social en los territorios. El acceso al empleo, la integración social, la educación y las competencias profesionales, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, el uso eficiente de los recursos naturales y energéticos, la lucha contra el cambio climático, etc., pasan por la mejora de la calidad en las administraciones públicas locales y de los servicios básicos que desde estas se prestan.

Como se señala por el propio gobierno del Estado, mejorar esa calidad de las administraciones no es el objetivo de la reforma local que se aprobará en unos días, como queda claro, su objetivo solo es un recorte más a lo público, atisbándose la privatización de muchos servicios hoy públicos.

Los socialistas debemos dejar claro ante los ciudadanos en su conjunto, que no solo decimos no a esta propuesta de Reforma, sino que sabemos plantear y que tenemos, una alternativa y que estas cuestiones forman parte de nuestro modelo de administración local. Que en esto tampoco PP y PSOE somos iguales.