La necesidad de reformar la Constitución

Este mes de agosto está siendo utilizado por el gobierno como un periodo que le permite no solo desviar la atención contra su gran problema interno, la corrupción evidenciada por los casos Gurtel y Bárcenas, sino nebulosa que hace que pasen casi desapercibidas determinadas decisiones impopulares como la subida de la luz, la materialización de las privatizaciones del sistema sanitario, o la restauración del monumento fascista del Valle de los caídos.

Las quejas de muchos respecto a cualquiera de esas actuaciones, ya difícilmente calan en una ciudadanía, cansada de ver cómo han resultado estériles sus reivindicaciones de dos años en demanda de cambios de la política gubernamental, y que en este mes anda empeñada en intentar olvidar las penurias que a cada casa han traído el desempleo o los recortes. Están silenciados por esta injusta política que ha pisoteado derechos laborales y los servicios que mejoraban la calidad de vida de los sectores sociales más desfavorecidos. Los oídos sordos del gobierno a sus demandas, la pasividad del conjunto de la oposición, y la sensación de que la corrupción impregna todo  les han llevado a la desafección con sus representantes políticos y las instituciones.

Cuando se hace un repaso de esas políticas de marcha atrás en derechos sociales en los últimos años, la conclusión más compartida por muchos es que el modelo de democracia que tenemos es en gran medida el que permite que el protagonismo ciudadano se encuentre en un segundo plano, no hemos puesto a la economía al servicio de los ciudadanos, sino a estos al servicio de aquella.

Por lo tanto, intentar recuperar ese retroceso parece inútil si se mantiene el sistema actual, puesto que nada impide que mañana, con una justificación similar a lo que es ahora la crisis económica, un gobierno pueda encontrar un nuevo motivo para mayores recortes en derechos. Estamos pues, ante la necesidad de modificar el marco que delimita las reglas de juego de nuestra democracia, la Constitución Española, y con ello adaptarla a la sociedad del siglo XXI, para impedir que esto pueda volver a producirse.

Esa modificación no puede limitarse a algunos aspectos muy concretos, sino que debe ser amplia y abarcar una nueva manera de sentir como nuestro el estado, y a la vez recoger las exigencias de mas democracia y mayor participación ciudadana. Pero incorporar esos aspectos no debe ser solo fruto de unas cuantas mentes privilegiadas, sino el fruto de una amplia participación de los españoles a través de sus aportaciones que es la única forma de que se recupere la confianza entre ciudadanía, representación política e instituciones.

Aunque muchos se empeñan en no asumirlo, y ver la Constitución del 78 como algo intocable, ya pasaron los años de la transición desde la dictadura al modelo democrático actual, y los frenos y prudencias de entonces en su redacción, deben quedar aparcados, para permitirnos ser más progresistas en una nueva concepción de nuestra democracia.

Nadie pone en duda que hoy la sociedad española está mucho mejor articulada y es capaz de definir lo que quiere tanto política como socioeconómicamente. No es discutible que se necesita avanzar en un sistema que pueda garantizar no solo la convivencia entre los ciudadanos, sino que además debe permitir recuperar la confianza entre esos ciudadanos en las instituciones y en sus representantes políticos. O se realiza esa modernización, o asumimos que este país con el actual sistema no tiene posibilidades de coger el tren del progreso social, y el del progreso económico siempre lo cogen pocos y siempre los mismos.

Si el gran discurso del PP para llegar al gobierno estuvo basado en el concepto de “confianza”, ese mismo concepto debería serle válido para aplicarlo a la sociedad española, y confiar en que esa sociedad está preparada para modernizar nuestra estructura democrática y para ejercer una participación activa en ese nuevo diseño.

Pese a lo anterior, no sería raro que este planteamiento encuentre el rechazo en un PP al que últimamente vemos, sobre todo sus generaciones nuevas, mas por la simbología franquista que por aportar para construir entre todos un nuevo marco de convivencia. Pero lo que no puede ser de recibo es que desde el PSOE en particular, y desde la izquierda en general, no se asuma esta necesidad de un nuevo modelo de democracia con mayor participación política y con una nueva manera de entender el ejercicio de la política.

Para quienes nos sentimos parte de la izquierda democrática española, este debe ser un reto, y debemos ser capaces de asumir nuestra responsabilidad y de liderar esa profundización en el sistema democrático, que contemple una reforma de la Constitución. La Constitución del 78 fue un acierto en ese año, pero hay ha envejecido como todos nosotros y necesita modernizarse.