Por mucho que los marhuendas
de turno, y los numerosos lacayos del poder (ayer con el PSOE, hoy con el PP, y
mañana con quien toque), se empeñen en
vendernos que la comparecencia de Rajoy
en el Senado el primero de agosto fue un éxito clamoroso que transmitió confianza a los mercados y a la economía,
no es menos cierto que cuarenta y ocho
horas después el FMI y la CE estaban proponiendo nuevas medidas de ajuste a
nuestro país, y como siempre no aumentando la recaudación impositiva a las
grandes fortunas, sino rebajando un diez por ciento los salarios. Aunque lógicamente
los empresarios aplauden con las orejas, y el gobierno lo comparte, ambos ponen
sus barbas a remojar sabedores de que aceptar
esa propuesta supone la ruptura social y
la salida del PP del gobierno, por mucha mayoría que tuviese hace dos años.
Una
reducción salarial del diez por ciento sería el disparo que pondría al país en
pie de guerra, no solo a la izquierda, sino sobre todo a la derecha, porque les
estarían tocando lo que para el capitalismo y los capitalistas es más sagrado
que la eucaristía: el bolsillo. Por eso desde el gobierno se han descolgado
rápidamente de ese convoy y los empresarios no han manifestado la euforia que
en el fondo les provoca la medida, y aunque con seguridad ambos comparten la
propuesta de sus correligionarios Lagarde y Rhen .
Si eso se hace, los sindicatos no podrían permanecer
callados por más tiempo, y la oposición tendría que radicalizar
posicionamientos parlamentarios o sus bases les abandonarían definitivamente.
Aquí viene bien recordar el ejemplo de lo ocurrido con los griegos y sus
partidos.
Los
empresarios saben que es preferible conformarse con todo lo que ya han obtenido
en
recortes de derechos laborales, porque un
nuevo paso hacia conseguir recuperar la esclavitud, es la mecha que enciende la pólvora. Antes tenían que
respetar las leyes y derechos sociales recogidos en el Estatuto de los
Trabajadores, aunque ganaban menos dinero de lo que ganarían en las condiciones
actuales si se llega a iniciar la recuperación, saben que pueden perder esas ganancias por los conflictos sociales.
La pregunta que deberíamos
hacernos es si se necesita la adopción
de esa medida de recorte salarial para averiguar donde está situado el umbral
de aguante de la ciudadanía española.
Nos
gobiernan los herederos de un franquismo donde los obreros éramos el último eslabón de
una cadena, y así nos siguen viendo, y solo con una respuesta capaz de parar el
país pueden verle las orejas al lobo. Pero los
obreros también venimos de un régimen franquista que enseñaba que el patrón
siempre tenía razón. La combinación de ambas
percepciones es lo único que puede explicar que no haya una ruptura social pese
a los recortes ya aplicados.
SI
la oposición en su conjunto no
es capaz de encabezar esa reivindicación, deberían empezar a dejar su sitio a
nuevos dirigentes, porque por mucho que lo vendan como una mejora, la
reducción temporal del desempleo es eso, temporal, y cuando llegue el invierno,
el frio volverá a apretar los zapatos a más de seis millones de personas por
tercer año consecutivo.
Pensando con frialdad, tres años es demasiado
tiempo para seguir confiando en que la gente conservará la paciencia.
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