viernes, 22 de marzo de 2013

Sanidad, el ministerio con mayores recortes


Desde la aplicación del copago farmacéutico, los pacientes españoles gastan al margen del sistema trescientos millones de euros. Por si el copago aplicado desde septiembre pasado (que ya se recogía en la reforma sanitaria decretada en abril de 2012 por el Gobierno de Rajoy) ha castigado poco las economías familiares, al montante a abonar por este, hay que añadir ahora ese gasto adicional.

Además ayer, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, planteó a las CCAA, el introducir tres nuevos tramos en la fórmula del copago y reducir en cuatro las vacunas obligatorias hasta ahora, o lo que es lo mismo, que se siga incrementando la partida de gasto al margen del sistema con cargo al bolsillo de los ciudadanos. No son precisamente criterios de salud los aplicados.
Se sigue por tanto, en un camino desenfrenado de recortes para reducir la aportación de los presupuestos públicos al sistema sanitario, pese a que el nuestro sea un gasto en su conjunto, inferior al que a este sector dedican los países de la OCDE, siendo además la nuestra una asistencia de carácter universal a diferencia de la prestada en los demás países.


Aunque el resultado final solo se conocerá tras el cierre final del presupuesto de 2013, lo cierto es que la sanidad española ha sufrido un recorte presupuestario del 22,6% respecto al presupuesto del año anterior. Todos los ministerios han sufrido recortes, pero este es el ministerio más afectado de todos ellos.
Ya fueron muchos los recortes aplicados en el pasado año, a los que habrá que añadir los acometidos y los previsto acometer en este, y cuya repercusión no se he hecho esperar en las diferentes Comunidades Autónomas, de las que a continuación citaré algunos aspectos de los mismos.
Quizás el recorte más conocido para nosotros, por residir en Castilla La Mancha, es el cierre de los veintiún puntos de atención continuada de urgencias, que pese a la insistencia en recursos jurídicos del gobierno Cospedal, sigue suspendido por orden del Tribunal Superior de Justicia de la región.
También es conocido el caso de la Comunidad de Madrid, por la repercusión que la denominada marea blanca ha tenido en los medios de comunicación. A la privatización llevada a cabo en los hospitales de Vallecas, San Sebastián de los Reyes, Parla, Henares, del Sureste y del Tajo, se debe sumar el cierre de los puntos de atención continuada nocturna de tres centros de salud y la privatización completa de los servicios de cocina, mantenimiento y almacenes de todos los hospitales que funcionan en la Comunidad de Madrid.  
También nuestros vecinos murcianos han visto como a la supresión de la atención nocturna en cinco centros de salud el pasado año, este 2013 parece previsto la privatización de los hospitales de Cartagena y del Mar Menor.
En Castilla León también se cerraron diecisiete centros de atención de urgencias nocturnas en el pasado año, y parece que tampoco se quedará aquí el tijeretazo previsto en el sector.


En Galicia, la otra Comunidad estrella del gobierno popular, lo que se ha hecho ha sido disminuir el presupuesto sanitario destinado a atención primaria en casi sesenta y cinco millones de euros, mientras que los conciertos con centros privados mantienen su presupuesto e incluso lo incrementan.
No solo en las CCAA gobernadas por el genuino PP han sufrido los recortes. En Navarra, gobernada por UPN, como sucursal de Génova, también se ha pasado de cuarenta centros de atención permanente a mantener solo diecisiete, afectando sobre todo el recorte a la atención en el medio rural.  
En Extremadura donde el gobierno es de coalición entre PP e IU, ya se produjo es cierre de quince puntos de atención continuada, y en otros nueve se redujo el horario de atención en el pasado año. En este parece que por ahora no se producirán nuevos cierres.
Tampoco CIU se ha quedado quieta desde que desalojó del gobierno al tripartito en Cataluña, y se ha dedicado a trocear lo que hasta ahora era el Instituto Catalán de Salud, introduciendo el derecho privado en la gestión de los entes resultantes. Aquí también se ha previsto privatizarlos servicios de  ambulancia y laboratorio a semejanza de lo hecho en Madrid. En su conjunto el plan de privatización previsto, afectaría a dieciocho hospitales y casi cincuenta centros de salud, lo que afectaría a dos millones de ciudadanos que verían cambiado su modelo asistencial actual.
En Andalucía en este 2013, lo más llamativo es que por impago del gobierno central, la Junta ha decidido suprimir la asistencia sanitaria a los presos en la Comunidad.  
Podría afirmarse que gobernar la derecha y mantener el gasto sanitario son cuestiones incompatibles. Es admisible que la situación económica aconseja el famoso apretarse el cinturón, pero realmente las privatizaciones hospitalarias no ahorran al conjunto del sistema, y el cierre de puntos de atención solo trae consigo la desigualdad en el acceso a los servicios por parte de quienes los pagan: los ciudadanos y ciudadanas con sus cotizaciones.
Frente a este modelo de tijera y más tijera, existen planteamientos razonables que parece no quieren ser avaluados. El mayor gasto del sistema sanitario está en el gasto farmacéutico, y aquí podrían adoptarse medidas diferentes al copago: reducción del número de dosis de los envases para adecuarlos a la duración del tratamiento, una nueva política de medicamentos para pacientes crónicos que puede negociarse con la industria farmacéutica.
No disminuye costes privatizar los hospitales, si lo hace mejorar su gestión, evitar hospitalizaciones innecesarias o más prolongadas de lo aconsejable, o disminuir los equipos gestores en aquellos centros donde estos estén sobredimensionados.
Pero sobre todo donde se puede conseguir un ahorro importante es mejorando los servicios de atención primaria, revisando su planificación y adecuándola a la realidad actual, ya que algunas zonas de salud se concibieron bajo criterios de hace veinticinco años, hoy obsoletos. Potenciar la atención primaria es sinónimo de ahorro en el conjunto del sistema.
Lo anterior serían planteamientos a valorar por la administración. Por los ciudadanos deberíamos empezar a plantearnos nuestra necesidad de educar la demanda que hacemos de los servicios sanitarios para que esta sea responsable a la hora de solicitarlos.
Lo que no es de recibo es que mientras para otras cuestiones siempre se encuentran recursos, en materia de salud todo se apoye en el tijeretazo en lugar de en lo razonable.  

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