Desde la aplicación del copago farmacéutico,
los pacientes españoles gastan al margen
del sistema trescientos millones de euros. Por si el copago aplicado desde septiembre pasado (que ya
se recogía en la reforma sanitaria decretada en abril de 2012 por el Gobierno
de Rajoy) ha castigado poco las economías
familiares, al montante a abonar por este, hay
que añadir ahora ese gasto adicional.
Además ayer, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, planteó a las CCAA, el
introducir tres nuevos tramos en la fórmula del copago y reducir en cuatro las
vacunas obligatorias hasta ahora, o lo que es lo mismo, que se siga incrementando la partida de gasto al
margen del sistema con cargo al bolsillo de los ciudadanos. No son precisamente
criterios de salud los aplicados.
Se sigue por
tanto, en un camino desenfrenado de
recortes para reducir la aportación de los presupuestos públicos al sistema
sanitario, pese a que el nuestro sea un
gasto en su conjunto, inferior al que a este sector dedican los países de la
OCDE, siendo además la nuestra una asistencia
de carácter universal a diferencia de la prestada en los demás países.
Aunque el resultado final solo se
conocerá tras el cierre final del presupuesto de 2013, lo cierto es que la sanidad española ha sufrido un
recorte presupuestario del 22,6% respecto al presupuesto del año anterior. Todos
los ministerios han sufrido recortes, pero este es el ministerio más afectado
de todos ellos.
Ya fueron muchos los recortes aplicados en el pasado año, a los
que habrá que añadir los acometidos y los
previsto acometer en este, y cuya repercusión no se he hecho esperar en las
diferentes Comunidades Autónomas, de las que a continuación citaré algunos
aspectos de los mismos.
Quizás el recorte más conocido
para nosotros, por residir en Castilla La
Mancha, es el cierre de los veintiún
puntos de atención continuada de urgencias, que pese a la insistencia en
recursos jurídicos del gobierno Cospedal, sigue suspendido por orden del
Tribunal Superior de Justicia de la región.
También es conocido el caso de la
Comunidad de Madrid, por la
repercusión que la denominada marea blanca ha tenido en los medios de
comunicación. A la privatización llevada
a cabo en los hospitales de Vallecas, San Sebastián de los Reyes,
Parla, Henares, del Sureste y del Tajo, se debe sumar el cierre de los puntos de
atención continuada nocturna de tres centros de salud y la privatización completa de los servicios de cocina,
mantenimiento y almacenes de todos los hospitales que funcionan en la Comunidad de Madrid.
También nuestros vecinos murcianos han visto como a la supresión de la atención nocturna en cinco centros de
salud el pasado año, este 2013 parece previsto la privatización de los hospitales de Cartagena y del Mar
Menor.
En Castilla León también se cerraron diecisiete centros de atención de
urgencias nocturnas en el pasado año, y parece que tampoco se quedará aquí
el tijeretazo previsto en el sector.
En Galicia, la otra Comunidad estrella del gobierno popular,
lo que se ha hecho ha sido disminuir el
presupuesto sanitario destinado a atención primaria en casi sesenta y cinco
millones de euros, mientras que los conciertos con centros privados
mantienen su presupuesto e incluso lo incrementan.
No solo en las CCAA gobernadas
por el genuino PP han sufrido los recortes. En Navarra,
gobernada por UPN, como sucursal de Génova, también se ha pasado de cuarenta centros de atención permanente a
mantener solo diecisiete, afectando sobre todo el recorte a la atención en
el medio rural.
En Extremadura donde el gobierno es de coalición entre PP e IU, ya
se produjo es cierre de quince puntos de
atención continuada, y en otros
nueve se redujo el horario de atención en el pasado año. En este parece
que por ahora no se producirán nuevos cierres.
Tampoco CIU se ha quedado quieta
desde que desalojó del gobierno al tripartito en Cataluña, y se ha dedicado a trocear
lo que hasta ahora era el Instituto Catalán de Salud,
introduciendo el derecho privado en la gestión de los entes resultantes. Aquí también
se ha previsto privatizarlos servicios de ambulancia y laboratorio a semejanza de lo
hecho en Madrid. En su conjunto el plan
de privatización previsto, afectaría a dieciocho hospitales y casi cincuenta
centros de salud, lo que afectaría a dos millones de ciudadanos que
verían cambiado su modelo asistencial actual.
En Andalucía en este 2013, lo más llamativo es que por impago del gobierno central, la
Junta ha decidido suprimir la asistencia
sanitaria a los presos en la Comunidad.
Podría afirmarse que gobernar la derecha
y mantener el gasto sanitario son cuestiones incompatibles. Es admisible
que la situación económica aconseja el famoso apretarse el cinturón, pero realmente las privatizaciones hospitalarias no
ahorran al conjunto del sistema, y el cierre de puntos de atención solo trae
consigo la desigualdad en el acceso a los servicios por
parte de quienes los pagan: los ciudadanos y ciudadanas con sus cotizaciones.
Frente
a este modelo de tijera y más tijera, existen planteamientos razonables que
parece no quieren ser avaluados. El mayor
gasto del sistema sanitario está en el gasto farmacéutico, y aquí podrían adoptarse medidas diferentes al copago: reducción del número de dosis de los envases para
adecuarlos a la duración del tratamiento, una nueva
política de medicamentos para pacientes crónicos que puede negociarse con la
industria farmacéutica.
No disminuye
costes privatizar los hospitales, si lo hace mejorar su gestión, evitar hospitalizaciones innecesarias o más
prolongadas de lo aconsejable, o disminuir los
equipos gestores en aquellos centros donde estos estén sobredimensionados.
Pero sobre todo donde se puede conseguir un ahorro importante es
mejorando los servicios de atención primaria, revisando su planificación y adecuándola
a la realidad actual, ya que algunas zonas de salud se concibieron bajo
criterios de hace veinticinco años, hoy obsoletos. Potenciar la atención primaria es sinónimo de ahorro
en el conjunto del sistema.
Lo anterior serían planteamientos
a valorar por la administración. Por los
ciudadanos deberíamos empezar a plantearnos nuestra necesidad de educar la
demanda que hacemos de los servicios sanitarios para que esta sea responsable a
la hora de solicitarlos.
Lo
que no es de recibo es que mientras para otras cuestiones siempre se encuentran
recursos, en materia de salud todo se apoye en el tijeretazo en lugar de en lo
razonable.
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