La lucha por la sanidad pública, un escenario común para la izquierda.

A instancia de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, un prestigioso despacho de abogados ha elaborado un informe, en el que considera inconstitucional la privatización de los Hospitales madrileños puesta en marcha por el PP en la Comunidad. Ya sabemos que en este país, ante un informe jurídico que dice blanco, siempre alguien redacta otro que dice negro, pero no es menos cierto que el contenido del emitido en este caso, goza de argumentación jurídica solida.

Entre esos argumentos llaman la atención aspectos como la inexistencia de datos y ejemplos que avalen una mayor eficacia y eficiencia con el modelo de gestión que se propone implantar, ni tampoco se encuentran datos fehacientes de costes sobre los que argumentar que este modelo supone un menor coste económico para el ciudadano.

 

No extraña el contenido del informe a quienes pensamos que la sanidad pública es más eficiente y eficaz que la privada, con independencia de que sea necesario introducir ciertos criterios de planificación y gestión en el modelo existente, pero siempre manteniendo el carácter de servicio público. Lo que sí es llamativo es que una administración pública, no haya reparado esfuerzos para aplicar un modelo contra el que están pacientes, profesionales y gestores. Solo cabe pensar que esa obstinación ha de obedecer a intereses inconfesables que se nos escapan al común de los mortales.

Tanto que se llenan la boca con la palabra transparencia, podía aplicarla aquí con la introducción de los llamados presupuestos sanitarios participativos, aplicados en otros países. Sin ir más lejos, esos admirados en otros aspectos por nuestros gobernantes países nórdicos, tiene un modelo donde a la información de gastos, inversiones, criterios de gestión o políticas de personal, son accesibles a los vecinos a través de sus organizaciones sociales tan solo con una simple petición por su parte a los responsables de esas instituciones. Nadie sabe porque en nuestro país no pueden ser públicos esos datos.

Está claro que a estos señores del PP alguien les ha ordenado un camino a seguir y no atienden a razones. Parar este atropello de nuestros derechos, impidiendo la privatización de la sanidad pública, está en manos de una sociedad que esté dispuesta a luchar sin tregua, como si de una carrera de maratón se tratara, de manera constante y sin desfallecer por muy adversas que puedan ser algunas etapas de ese camino. Pero no es solo la lucha de unos pocos, es de todos y todas, y a veces se tiene la sensación de que en las manifestaciones y protestas solo estamos unos pocos. Solo nos quedará aquello que seamos capaces de defender hasta el final.

 Y no solo es una cuestión de ciudadanos, sino también de los profesionales sanitarios cuyos derechos, retribuciones, y posibilidades de formación continuada, quedan supeditados a lo que diga el ministerio de hacienda y no a su valía y capacidad profesional.

 

Y por último, o en primer lugar, están los partidos en la oposición. La sanidad si puede ser un buen escenario para encontrar ese frente común de la izquierda que tanta gente demandamos cada día con intensidad. PSOE, IU y los demás partidos de la izquierda, tiene la oportunidad de unir sus fuerzas en esta materia y hacer que sus diputados formen un frente común contra este atropello.

Cada vez parece más demandado que los partidos de izquierda demuestren a la ciudadanía que no solo nos dicen que defienden un modelo de sanidad pública, universal y gratuita, sino que además se lo creen. Este puede ser un asunto que vuelva a acercarlos a la ciudadanía, y no deberían desaprovecharlo, o nos acordaremos de la oportunidad perdida, durante bastantes años en las próximas décadas.