Hace unos días firme
la petición de paralización de la venta de los montes de utilidad pública de
Castilla La Mancha. Lo he hecho convencido, de que los montes, con independencia de ser públicos o privados, tienen una
función social siendo fuente de recursos naturales, protegiendo el suelo, regulando
el ciclo del agua, fijando el carbono de la atmosfera, y sobre todo conservando
la diversidad biológica. Además, en
un país con el 60% de su PIB procedente del turismo, los montes son elementos
fundamentales de nuestro paisaje que atrae ese turismo.
En nuestra Comunidad Autónoma
son doscientos veintiocho los montes declarados
de utilidad pública, y propiedad de todos y todas los castellano manchegos.
Sin duda hay que pensar en la mala
suerte han tenido nuestros montes en las últimas elecciones regionales, porque
ni sospechaban que sería presidenta Mari Loli. Y no hablemos de los de Albacete
donde los que saldrán a la venta afectan a cuarenta mil hectáreas situadas en once municipios: Alcadozo, Alpera, Carcelén,
Casas de Lázaro, Elche de la Sierra, Letur, Masegoso, Peñas de San Pedro, San
Pedro, Socovos, y Yeste.
A pesar de que desde la UE se impulse
una Política forestal proteccionista; de que la Ley de Montes 43/2003, de 21 de noviembre, diga que las CCAA tienen unas competencias que
cumplir en esta materia y en su artículo 14 diga que los montes de dominio
público son inalienables, imprescriptibles e inembargables; o de que la Ley 3/2008, de 12 de
junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible en Castilla-La Mancha, reitere
lo mismo en su artículo 7,
Mari Loli ha decidido
la venta de los montes públicos y así no tiene que preocuparse de cumplir con esas
directivas. O tal vez se deba a que ha
hecho una interpretación jurídica como en el despido de Bárcenas, y ha
descubierto que como no especifica “invendibles”, ha decidido hacer caja.
De los pobres y trabajadores se acordó en la campaña electoral, y lo público, que es de todos (y por
tanto también de los pobres), ahora le importa un bledo. Ahora ya es presidenta, y no tiene porque hacerle caso a la declaración
de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo 2002)
que señalaba que la ordenación forestal
sostenible es un medio fundamental de erradicación de la pobreza. Ella ya ha
ordenado sosteniblemente el jardín de su cigarral toledano.
Pero la competencia autonómica más importante que esa venta vulnera, es la
defensa de la biodiversidad. Dice el artículo 1 de la Ley de Montes que su objetivo fundamental es “garantizar la conservación y protección de
los montes españoles, promoviendo su restauración, mejora, sostenibilidad y
aprovechamiento racional, apoyándose en la solidaridad colectiva y la cohesión
territorial”. Dirá que los conserve, proteja, mejore y aproveche el nuevo
propietario.
La misma Ley no solo
plantea la perspectiva de atender a los valores ambientales, sino, que su
artículo 3 especifica el “cumplimiento
equilibrado de la multifuncionalidad de los montes en sus valores ambientales,
económicos y sociales”, y en el artículo 4 nos dice que “el reconocimiento de estos recursos y
externalidades, de los que toda la sociedad se beneficia, obliga a las
Administraciones públicas a velar en todos los casos por su conservación,
protección, restauración, mejora y ordenado aprovechamiento”. Y es que Mari
Loli, se pasa la ley por la peineta cuando decide algo, como cerrar escuelas o
puntos de urgencia, porque para ella lo primero es la pela, perdón, el euro.
A parte de los
aspectos legales, también habrá que
plantear los conflictos que se van a provocar en muchos pueblos, porque en
muchos casos al convertirse en propiedad privada, se impedirá el paso a los aprovechamientos por parte de los vecinos de los pueblos,
y en algún caso a los terrenos que pudiesen estar enclavados en los mismos. Solo se beneficiará a
quienes gocen de un privilegio llamado dinero contante y sonante. No sé a qué esperan los alcaldes y
alcaldesas para echarse a la calle, aun siendo del PP la mayoría, salvo que les
importe mas Mari Loli que sus vecinos y sus pueblos.
No se
puede cuestionar que un gobierno está para
tomar decisiones, pero siempre y cuando estas obedezcan a la lógica y
respeten las leyes. De lo expuesto puede dudarse el respeto a la legislación,
pero desde luego la lógica parece estar ausente. Esa lógica apoyaría la venta si las causas por las que
pasaron a ser públicos hubiesen desaparecido, o que ya no reunieran las características
que aconsejaron su catalogación como de utilidad pública. Nada de eso ha
ocurrido, y por lo tanto la decisión
puede catalogarse de arbitraria y
posiblemente bordeando la legalidad.
Las organizaciones
ecologistas, sociales, e incluso ciudadanos a título personal, podrán recurrir la decisión de la venta, pese a
ello la venta se consumará, y aunque tras los recursos se gane el contencioso,
será dentro de muchos años, y entonces ocurrirá como con el estado del
bienestar, será casi irrecuperable, y si se recupera lo verán nuestros nietos, no nuestros hijos. De nosotros verlo, ni
hablamos. Solo hay una solución: impedirlo. Para lograrlo, la calle nos espera.
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