Hace algo más de un año, muchos
españoles, y entre ellos muchos socialistas, asistimos atónitos al acuerdo entre
los dos partidos mayoritarios del estado que permitió la reforma del artículo
135 de nuestra Constitución, que limitó el déficit estructural a los
márgenes establecidos por la Unión Europea.
Si solo se tratase del establecimiento de unos márgenes, la cosa
sería negativa, pero por algunos podía estimarse como justificable. Pero lo que realmente produce estupor, es que a
esos márgenes se une la premisa de otorgar prioridad absoluta al abono del
capital y de los intereses de la deuda pública sobre cualquier otro gasto del
presupuesto. Dicho de otra forma, “pague
usted lo que debe primero, y después, si le queda algo, puede gastarlo”,
sin importar otras prioridades sociales que el estado pueda tener.
Junto al no reconocer la crisis a tiempo y no revalorizar las
pensiones, esta modificación posiblemente fue la gota que colmó el vaso de un electorado socialista hasta entonces
fiel, que ante este hecho acabo optando por la abstención. La modificación
constitucional con el PP en el gobierno
ha supuesto el desmantelamiento del estado del bienestar, al utilizar la crisis económica como argumento
para decir que el bienestar era incompatible e insostenible con el cumplimiento
de la modificado, y que la prioridad legal obligaba a las administraciones a
atender primero a nuestros acreedores, los bancos, y posteriormente a los
ciudadanos. Rajoy convertido en la
antítesis de Robin Hood.
Esta ha sido casi con total seguridad la decisión del gobierno Zapatero que debería haber encontrado mayor
rechazo social, y si no lo ha sido es por desconocimiento de sus
consecuencias. Aunque solo ha transcurrido algo más de un año, ya son muchas más las voces críticas entre
los socialistas con esa modificación, siendo compartidas por amplios sectores de
la sociedad española.
Ante las consecuencias
de esta modificación, convertidas en recortes de todo tipo de prestaciones y
servicios públicos, casi instintivamente uno
se pregunta si a esa modificación no es posible darle marcha atrás. La
respuesta es que muy difícilmente, ya
que estamos en una democracia representativa, y la mayoría requerida para
poder modificar lo modificado, se antoja
difícilmente alcanzable.
Ante esta realidad, uno se
cuestiona si desde nuestra Constitución puede garantizarse un modelo de estado
social, o solo garantiza un estado al servicio de la banca y los poderes
económicos. Cuestión distinta es plantear
si se pueden mejorar los mecanismos democráticos del Estado. Yo creo que si,
con voluntad política de hacerlo.
Pero esa voluntad política será
más fácil que se produzca si son los ciudadanos quienes tienen participación en
las decisiones políticas, y por lo tanto parece necesario que nuestra
democracia representativa actual, cambie
hacia una democracia participativa, y este modelo se facilitaría en gran
medida por la implantación de las nuevas tecnologías en nuestro país. No hablamos de referéndums para todas las
cuestiones pero si para aquellas que por su repercusión social así se
aconsejase. No solo las NTIC serían útiles, sino también el modelo de las
iniciativas legislativas populares, que resultarían un buen instrumento para
propiciar la participación ciudadana.
Cambiar el modelo
democrático nadie dice que sea fácil, pero lo que tampoco nadie puede negar es
que el actual es imperfecto, y siempre mejorable, y también nadie puede negar
que no podemos someternos a todo lo que los partidos políticos a través de
nuestros representantes legítimos decidan siempre. Hay cuestiones para
cuya resolución el modelo representativo es suficientemente democrático, y hay otras en las que habría que apostar por una
mayor participación ciudadana.
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