martes, 5 de marzo de 2013

¿Democracia representativa o participativa? Depende


Hace algo más de un año, muchos españoles, y entre ellos muchos socialistas, asistimos atónitos al acuerdo entre los dos partidos mayoritarios del estado que permitió la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, que limitó el déficit estructural a los márgenes establecidos por la Unión Europea.

Si solo se tratase del establecimiento de unos márgenes, la cosa sería negativa, pero por algunos podía estimarse como justificable. Pero lo que realmente produce estupor, es que a esos márgenes se une la premisa de otorgar prioridad absoluta al abono del capital y de los intereses de la deuda pública sobre cualquier otro gasto del presupuesto. Dicho de otra forma, “pague usted lo que debe primero, y después, si le queda algo, puede gastarlo”, sin importar otras prioridades sociales que el estado pueda tener.

Junto al no reconocer la crisis a tiempo y no revalorizar las pensiones, esta modificación posiblemente fue la gota que colmó el vaso de un electorado socialista hasta entonces fiel, que ante este hecho acabo optando por la abstención. La modificación constitucional con el PP en el gobierno ha supuesto el desmantelamiento del estado del bienestar, al  utilizar la crisis económica como argumento para decir que el bienestar era incompatible e insostenible con el cumplimiento de la modificado, y que la prioridad legal obligaba a las administraciones a atender primero a nuestros acreedores, los bancos, y posteriormente a los ciudadanos. Rajoy convertido en la antítesis de Robin Hood.

Esta ha sido casi con total seguridad la decisión del gobierno Zapatero que debería haber encontrado mayor rechazo social, y si no lo ha sido es por desconocimiento de sus consecuencias. Aunque solo ha transcurrido algo más de un año, ya son muchas más las voces críticas entre los socialistas con esa modificación, siendo compartidas por amplios sectores de la sociedad española.

Ante las consecuencias de esta modificación, convertidas en recortes de todo tipo de prestaciones y servicios públicos, casi instintivamente uno se pregunta si a esa modificación no es posible darle marcha atrás. La respuesta es que muy difícilmente, ya que estamos en una democracia representativa, y la mayoría requerida para poder modificar lo modificado, se antoja difícilmente alcanzable.

Ante esta realidad, uno se cuestiona si desde nuestra Constitución puede garantizarse un modelo de estado social, o solo garantiza un estado al servicio de la banca y los poderes económicos. Cuestión distinta es plantear si se pueden mejorar los mecanismos democráticos del Estado. Yo creo que si, con voluntad política de hacerlo.

Pero esa voluntad política será más fácil que se produzca si son los ciudadanos quienes tienen participación en las decisiones políticas, y por lo tanto parece necesario que nuestra democracia representativa actual, cambie hacia una democracia participativa, y este modelo se facilitaría en gran medida por la implantación de las nuevas tecnologías en nuestro país. No hablamos de referéndums para todas las cuestiones pero si para aquellas que por su repercusión social así se aconsejase. No solo las NTIC serían útiles, sino también el modelo de las iniciativas legislativas populares, que resultarían un buen instrumento para propiciar la participación ciudadana.

Cambiar el modelo democrático nadie dice que sea fácil, pero lo que tampoco nadie puede negar es que el actual es imperfecto, y siempre mejorable, y también nadie puede negar que no podemos someternos a todo lo que los partidos políticos a través de nuestros representantes legítimos decidan siempre. Hay cuestiones para cuya resolución el modelo representativo es suficientemente democrático, y hay otras en las que habría que apostar por una mayor participación ciudadana.

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