Para esta tarde de domingo, os pongo en el muro un post que he redactado en base a los datos del informe de Amnistía Internacional revisando nuestro sistema sanitario. En la segunda parte del texto, me he centrado en los datos de Castilla La Mancha. Aunque es algo extenso, puede servir a los interesados en como estamos para afrontar el riesgo real de rebrotes. Espero que os aporte información útil.
LOS DATOS DEL GASTO SANITARIO DE 2008 a 2018
Desde 2008 la inversión sanitaria en nuestro país ha disminuido de manera significativa. Tras los años de la crisis en que los recortes se nos mostraron como imprescindibles por la situación económica global, lo cierto es que, finalizada esa crisis, las CCAA no han recuperado el nivel de inversión en salud que teníamos. Solo la excepción de Baleares, C. Valenciana y La Rioja pueden señalarse como CCAA que han vuelto a la situación de 2009. El austericidio alcanzó su máximo nivel en 2013, año en que el gasto total sanitario era un 12,7% más bajo que en 2009. En 2014 se inicia un proceso de recuperación de nuestro PIB, pero eso no tiene reflejo en nuestro sistema sanitario, que aún no ha recuperado el terreno perdido, y en ese escenario nos ha llegado la pandemia del coronavirus.
El reciente informe de Amnistía Internacional, nos muestra como el gasto sanitario público se ha reducido en un 11,21%. Si miramos la inversión sanitaria pública per cápita la reducción ha sido de un 10,54%. La Atención Primaria ha sido la más castigada por esa desinversión y en ese sector se ha reducido en un 13,1%. Si hacemos una comparación del porcentaje que se dedica a A Primaria respecto del total del gasto sanitario público, vemos que en las CCAA ha disminuido una media del 14,39% que teníamos en 2009 al 13,9% que nos encontramos en los datos de 2018. Eso se asocia a que el ratio de personal médico y de enfermería en Atención Primaria (AP) por cada 1.000 habitantes es el mismo de 2009.
Detrás de lo expuesto está la disminución de la calidad asistencial, las lista de espera que son el reflejo de una menor accesibilidad al sistema. Las más afectadas son las rentas bajas, con imposibilidad de encontrar solución a sus problemas de salud en el sector privado. Pero las grandes víctimas son los pacientes crónicos, necesitados de cuidados continuados. El derecho constitucional a una asistencia sanitaria adecuada, ha sido aparcado, cuando no se ha visto pisoteado. Hemos hecho caso a la OMS en la pandemia, pero hemos hecho oídos sordos a sus recomendaciones de recuperar los niveles de inversión que han sido continuados en los pasados años.
En el informe de Amnistía, figura la Declaración de Astana de 2018, firmada por los Estados miembro de la ONU, incluida España, se señala que “el fortalecimiento de la atención primaria de la salud es el enfoque más inclusivo, eficaz y efectivo para la mejora de la salud física y mental de las personas, así como su bienestar social, y que la atención primaria de la salud es la piedra angular de un sistema de salud sostenible para la cobertura sanitaria universal”. Los datos hacen de esa declaración papel mojado. Mejor ni hablar del incumplimiento del compromiso de mejores retribuciones al personal sanitario, que también figura en esa declaración.
El derecho a la salud no es solo una aspiración, sino un derecho internacional, y para todos los países constituye una obligación jurídicamente vinculante que obliga a los Estados a adoptar medidas concretas que intenten hacer efectivo el derecho a la salud. La crisis sanitaria provocada por el COVID- 19, ha puesto en evidencia la falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de la administración central y de las autonómicas para garantizar el derecho a la salud que está en riesgo en nuestro país. Toca cumplir con nuestras obligaciones para garantizar el derecho ciudadano a la salud.
Como profesional sanitario en esta Comunidad de Castilla La Mancha, voy a centrarme en los datos que sobre ella se aportan en ese informe citado de Amnistía Internacional.
El gasto público se ha retraído en términos generales en todas las CCAA a excepción de Baleares (23,22%), la Comunidad Valenciana (22,84%) y La Rioja (0,38%) para el periodo que abarca de 2009 hasta 2018. El gasto público en 2018 había perdido -3,85% frente a lo gastado en 2009, lo que supone 65.550 millones de € menos de gasto público en € constantes. En Castilla La Mancha la variación interanual de 2009 a 2018 ha sido de -6.53 %. Si nos vamos a gasto sanitario público total consolidado, expresado en miles de euros constantes, tomando como base el año 2009, en Castilla La Mancha ha sido -578.133,68 miles de euros entre 2009 y 2018, lo que representa una variación porcentual de -18,25 %.
Si comparamos el gasto sanitario por habitante en España, y su variación interanual 2009 a 2018 (en euros constantes y en %) encontramos una disminución de -67,39 euros, lo que representa un -3,22 %. En Castilla La Mancha esas cifras son de menos - 250,49 euros, lo que supone un -16,42 % de descenso.
Las cifras en Atención Primaria son muy llamativas, Si miramos el porcentaje de gasto en AP sobre el total de gasto sanitario en porcentaje, encontramos que en Castilla La Mancha representa un 16,96 % del total. En miles de euros constantes las cifras muestran un descenso entre 2009 y 2018 de -55.704,59 miles de euros. Esta cifra representa una variación porcentual en ese periodo de -11,26 %. Tampoco la AP sale bien si se compara el porcentaje de gasto destinado a ella sobre el total del gasto sanitario respecto al destinado a atención especializada. En 2008 a la AP se dedicaba un 15,59 %. En 2015 alcanzó el 17,52, y ha vuelto a descender en 2018 al 16,96 % del gasto sanitario público total.
Tanto el gasto en AP como el destinado en A. Especializada, se ve complementado por el Gasto sanitario destinado a conciertos. En 2017 en Castilla La Mancha ha sido del 5,25 %, y ha disminuido progresivamente desde 2011, aunque ha repuntado levemente respecto a 2016, pero si se mira la variación en el periodo 2009 a 2017 ha disminuido un -1,39 % y en este dato solo ha disminuido más en ese periodo, en la Comunitat Valenciana. En la mayoría se ha incrementado.
Otro dato interesante es el porcentaje de gasto destinado a salud pública dentro del gasto sanitario total, que en 2018 en Castilla La Mancha representa un 1,96 % lo que en miles de euros representa -3.301, que significa una disminución porcentual de menos -6,12 %.
Si miramos los datos de personal sanitario, nos encontramos que el personal médico de Atención Primaria por cada 1000 habitantes en Castilla la Mancha es de 0,84 en 2017 mientras que en el conjunto de España es de 0.76. Esto representa que en el periodo 2008 a 2018 un incremento del 0.001 % en esta región, aunque en el conjunto del país es del 0.03 %. Algo similar tenemos en el personal de enfermería de Atención Primaria por cada 1000 habitantes que es de 0.75, lo que representa un porcentaje de variación interanual de 2008 a 2018 del 0.02 %.
Me hubiera gustado disponer de datos que describieran la sanidad rural, donde estoy seguro que los datos indicarían una disminución de los profesionales aunque sea mínima, pero una disminución del gasto publico importante en las partidas destinadas a la atención, aunque puede que el envejecimiento de la población haya conllevado un incremento del gasto farmacéutico y eso equilibre bastante los datos.
Estamos ante un retroceso en los últimos años en la financiación al Sistema Público de Salud. Nos encontramos por debajo de los datos de 2009, lo que ha debilitado nuestro sistema que no está dotado suficientemente para poder responder con eficacia y
rapidez a la actual pandemia, que hace mucho más necesaria esa dotación para dar esa respuesta. Que la negociación de los Fondos europeos que se está llevando a cabo estos días, suponga mas medidas de austeridad, olvidándose la UE de que esta situación está creada por la necesidad de dar cumplimiento a un derecho ciudadano como es la salud, hace pensar que estamos en la Europa de los mercaderes y no en la Europa social. Eso sitúa a Estado español y sus CCAA en la situación de ser protagonistas de la respuesta a la pandemia de COVID-19,y están obligadas a adoptar medidas urgentes que mejoren la dotación presupuestaria de los diecisiete sistemas de salud, incrementando las inversiones, teniendo en cuenta el incremento de la pobreza y la desigualdad que está provocando desde su inicio la pandemia.
Pero donde se hace imprescindible la aportación de recursos para frenar los rebrotes, es en Atención Primaria, donde hay zonas sanitarias con falta de recursos de personal, junto a otras donde lo que debe es hacerse una redistribución de los recursos existentes. Dotar de recursos materiales es inaplazable en todas ellas.
Y eso debe hacerse no solo desde los despachos de las respectivas Consejerías, sino dando participación a los colectivos profesionales de la sanidad. No se puede abordar esta situación si escuchar a los profesionales, no afirmo que se haya hecho, pero lo contemplado es manifiestamente mejorable,
Al menos en esta Comunidad, y en aquellas gobernadas por gobiernos progresistas, deben recuperarse las inversiones que, con pandemia o sin ella, son vitales para el sistema sanitario.
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