EREs

Ya tenemos sentencia en el caso de los EREs en Andalucía. Resolución que no por esperada, deja de ser sorprendente por su contenido. Condenados once ex altos cargos, seis exconsejeros y dos expresidentes el gobierno andaluz. Los delitos, prevaricación y malversación. Según la sentencia, se creo un sistema que eludía los controles de una partida presupuestaria, que en nueve años permitió mover 677 millones de euros. Sentencia no firme que irá al Supremo, pero eso da igual porque sus efectos políticos ya hoy se están produciendo. Muchos califican la sentencia, como la condena a una forma de entender la política y de aplicarla. Me atrevería a afirmar algo más, que de ser todo lo juzgado cierto, incluso emanaría un tufo a que lo rancio del franquismo pervivió después de la muerte del dictador en algunas zonas del país, y sobre todo en la forma de entender las instituciones democráticas. Sin querer hacer comparaciones, a diferencia de lo ocurrido en la sentencia de la GÜrtel, aquí se inhabilita a los responsables, y allí no.

La sentencia se puede analizar desde todos los ángulos imaginables. Desde lo partidista de uno u otro lado, desde lo jurídico o lo ciudadano. Desde todos ellos, surge la duda sobre cuantos, solo con apartarse de la línea de tiro, se han lavado las manos de su responsabilidad en este asunto. Los datos señalan a más de seis mil perceptores de las calificadas por la sentencia como ayudas ilegales, personajes que como poco, deberían ser juzgados como cómplices necesarios, y ser quienes deberían devolver el dinero ilegalmente concedido e ilegalmente percibido. Que todos esos se vayan de rositas, convierte a los condenados en los “pagafantas” de aquellos, puesto que estos en nada se beneficiaron personalmente, mientras si lo fueron aquellos, tanto los empresarios en apuros, como los trabajadores perceptores de esas ayudas. Lo importante sería saber a que manos fue a parar ese dinero, pero como en el recate bancario del PP, nunca lo sabremos, aunque se sepa.

El sistema de la administración publica es conocido. El responsable de una administración, propone el anteproyecto de presupuesto, luego ese anteproyecto se aprueba por un Consejo de Gobierno en plenario. A continuación, pasa al Parlamento para su debate, y si allí no es enmendado en su totalidad, se le incorporan las enmiendas presentadas por los grupos políticos de ese Parlamento que sean aceptadas. Finalmente es aprobado y se convierte en Ley. Al acta de aprobación se añaden todos los informes de los letrados. Si un procedimiento sigue esos tramites, lo lógico es que sea legal.  La duda que crea la sentencia es, que si ese sistema de ayudas ha sido aprobado por todo el Parlamento andaluz (que es la voluntad popular transformada en ley), y no ha sido declarado ilegal por ningún tribunal, ni anulado por el Tribunal Constitucional, entonces quienes lo han aplicado solo estarían cumpliendo con su obligación, puesto que estarían ejecutando una Ley aprobada. Si su contenido era ilegal, deberían ser procesados todos los parlamentarios que lo votasen a favor, y no solo quienes eran responsables del anteproyecto (recordemos lo que ha sucedido en el Parlament de Catalunya). Por lo tanto, puede deducirse que habrá responsables políticos, pero difícilmente responsables jurídicos. Y a eso añadamos que tampoco parece claro el papel desempeñado por el Interventor y el Tesorero, que son quienes al final liberan los pagos. El Supremo tendrá que clarificar ese aspecto que puede cuestionar la sentencia en su totalidad, pero pocos pueden dudar, aunque algunos conscientemente lo hagan, que esta sentencia huele más a sentencia política a que a jurídica, porque no parece separar la responsabilidad política de la penal.

Lo anterior no niega que pudiese existir un sistema clientelar, conocido y tolerado, e incluso en ocasiones impulsado desde algún cargo publico, pero si puede cuestionar si existe una proporcionalidad entre la responsabilidad ejercida y las penas impuestas. Los partidos en su conjunto nos toman a los ciudadanos por los tontos útiles. Sin entrar en otras aristas de esta sentencia, lo cierto es que se puede hablar de que ha existido una arbitrariedad por mala administración de lo publico.  Hoy desde el PP hablan de recuperar el dinero, pero no citan los nombres de las empresas perceptoras, que tiene toda la razón, pero que afirmarlo lleva a pensar que es solo palabrería. Quien ha aplicado el clientelismo, difícilmente puede exigir responsabilidad al otro de su clientelismo. Se olvidan que el PP andaluz no recurrió al TC cuando la normativa hoy sentenciada, cuando fue aprobada, y con el agravante de que quien gobernaba en España era el PP y tampoco la recurrió

Tampoco en Ferraz pueden pretender irse de rositas, porque si a tomadura de pelo suena la petición de dimisión que hace el PP y Cs a Sánchez, cuando Sánchez no era dirigente del PSOE, o las afirmaciones del PP que implica que ellos dan por hecho que todos los EREs fueron irregulares, lo que no es cierto, lo de Ábalos, afirmando que este asunto no afecta al gobierno, tampoco parece de recibo. Afirmar eso es querer tirar balones fuera, en lugar de hacerle frente al problema. Señalar que es algo de antiguos responsables de la Junta, olvidando que dos de ellos han sido presidentes de su partido, es también tomar el pelo al respetable. Tendrían que callar PP y PSOE, y ambos pedir perdón al conjunto de los ciudadanos, los unos por la Gurtel y los otros por los EREs.

Pero eso petición de perdón, no convertirían las conclusiones del tribunal en incuestionables, porque chirrían por muchos lados. Si la sentencia es errónea, es daño será irreparable para muchos, sobre todo, porque pasaran meses y puede que años, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie, y en ese tiempo habrá gente con su nombre y su honor manchados, que sufrirá verdaderos linchamientos de los indas, marhuendas o claveres de turno. Solo recordemos lo ocurrido a Demetrio Madrid en Castilla León, trampolín para la llegada de Aznar. Seguramente, con los palos que hoy dan a Sánchez, muchos ya se sentirán satisfechos, o al menos eso parece por la virulencia de sus declaraciones. Pero puede que estén abriéndole una autopista de cuatro carriles a la ultraderecha hacia la Moncloa. Claro que esos son periodistas “corcho” que flotan en cualquier liquido.

Y nada de lo anteriormente expuesto, significa que opino lo contrario de que “quien la haga, la pague”.