Pasó el tsunami electoral. Mientras Sánchez
busca apoyos para su investidura, hemos asistido a la formación
de los ayuntamientos y empezamos a conocer las negociaciones en las
Comunidades. La novedad municipal es la alternancia en la
alcaldía (que no es algo nuevo aunque algunos se cuelgan la medalla de
la innovación). No solo en el caso de Madrid, también en Albacete o
Ciudad Real, donde accede a la alcaldía alguien que ha conseguido
una representación ínfima. Buen momento para hacer
algunas reflexiones al respecto. Post electorales, sin posibilidad de
influencia en la decisión de los electores.
Constitución española en sus artículos 137, 140, 141 y 142 (Capítulos
I y II del título VIII). El artículo 137 define el principio de
autonomía de los entes públicos territoriales. El artículo 140 nos
define el principio de autonomía municipal “La Constitución garantiza
la autonomía de los municipios. Éstos gozarán de personalidad jurídica plena.
Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos,
integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán
elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual,
libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán
elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulara las
condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.”
Pregunta: los
pactos post electorales alcanzados en muchos municipios decidiendo
quién debe ser el Alcalde o la Alcaldesa, e incluso el tiempo que ha de
permanecer en el cargo ¿no contravienen nuestra norma fundamental? No es la primera vez que se hace esto en España. Una cosa
son las negociaciones entre los electos y otra repartirse el botín de los
cargos. Una decisión, adoptada
en un despacho, no directamente por los miembros de la Entidad Local en el
Ayuntamiento, sino por la dirección de una formación política en
su sede partidaria, socava claramente la autonomía municipal. Puede favorecer un determinado interés o a una determinada
concepción ideológica, pero el resultado final, altera gravemente los
resultados electorales adoptados democráticamente, porque en muchos
casos un partido acaba recogiendo más poder, del que los ciudadanos le
han otorgado, ya que se produce una modificación de la
voluntad ciudadana manifestada en las urnas.
Difícil calificar esos pactos como proyectos programáticos rigurosos y colaborativos. En ese escenario, la política municipal corre el
riesgo de convertirse en mediocridad en los próximos cuatro
años. Eso, de por sí grave, en
paralelo daña la credibilidad de los responsables políticos ante los
ciudadanos, A la gente le va a costar creer que en
esas negociaciones se ha hablado de sus problemas, o de programas, y no de un
reparto de sillones, da igual el partido. Huele a estrategia,
no basada en el modelo de ciudad apoyado con el voto, sino en la mayor o menor
capacidad de unos pocos para mantener el poder. Esto no es
democracia representativa (de participativa, ya ni hablamos), sino
en una forma de esquivar el principio citado de la
autonomía municipal, a sabiendas de que la decisión adoptada, repercutirá
sobre los ciudadanos y sus electos, adoptados a espaldas de los ciudadanos.
Se quiera o no, esta forma de actuar sirve sobre
todo, para desmotivar al votante en el futuro. Y algo similar ocurre en
la elección de los diputados provinciales, que deben ser elegidos por los
concejales en cada partido judicial, pero que son los partidos quienes los
designan, y también aquí el principio de autonomía municipal brilla por su
ausencia. El resultado final siempre acaba siendo el mismo: la
concentración de todo el poder local en unos pocos, que casi siempre coinciden
con quienes a la vez ostentan el poder orgánico en las formaciones políticas.
Tampoco esto motiva a los miembros de a pie de los partidos, con quienes se
cuenta solo para llenar locales en actos partidistas.
Veamos el pacto alcanzado entre PSOE y Ciudadanos en Castilla La
Mancha. Puede que sea el
mejor posible, pero la
justificación que se hace por el PSOE es demasiado vaga.
Se fija como gran objetivo, sacar al PP de los gobiernos municipales,
lo mismo que el PSOE critica cuando a quien sacan es a un alcalde o
alcaldesa socialista. Allí se levanta la voz contra
esos manejos, mientras aquí se habla de "gran ejercicio de responsabilidad colectiva”. No parece un argumento que salvaguarde la dignidad ideológica, sino el interés partidista. Representa
el blanqueo de Cs por parte del PSOE castellano manchego, lo que en ningún
caso puede justificar la euforia de muchos socialistas, entre los que quienes
critican el acuerdo, callan.
Difícil ver como positivo desde
la izquierda un pacto con el partido de Rivera, cuya única ideología es
posicionarse contra el independentismo. Rivera ya no engaña a nadie, se
muestra como un personaje camaleónico, capaz de pasarse de un lado
a otro sin despeinarse, y hoy muy alejado de aquel político que hizo pensar a
muchos que se encontraban ante alguien que buscaba la estabilidad del país, lo
que ya no está en su horizonte político. Ciudadanos
celebra el acuerdo, y Rivera lo califica de "histórico, por lo
que significa de contención y contestación al sanchismo". Políticamente, este pacto favorece el interés de
Cs, el mismo partido que ha llegado a acuerdos de gobierno con el PP y
Vox. El pacto provoca un choque entre el PSOE de CLM y el PSOE
Federal, puesto que Cs lo ha convertido en arma arrojadiza con
el Secretario General del PSOE y candidato a la Presidencia del
Gobierno del Estado, y cuestiona el liderazgo de Pedro Sánchez, y socava
la unidad del PSOE federal.
Para empezar, en los ayuntamientos que han precisado de
este pacto, hoy tendrían alcaldías socialistas si Cs no estuviese optando por
ir en las coaliciones de PP y Vox. ¿Era necesario que el acuerdo
entrase en temas de política nacional, como Unidad nacional, cómo y cuándo
se debe aplicar el Artículo 155 de la Constitución en el caso de que el
Gobierno de Cataluña siga sin acatar el orden Constitucional, etc.? No parece
lógico, pero si se admite eso, ¿por qué los negociadores socialistas no
han introducido temas nacionales como la lucha contra la pobreza, la
desigualdad, la violencia machista, etc.? O ¿por qué no se ha
impuesto que la opción en Cataluña sea el diálogo político como
solución al conflicto territorial, como se recoge en las resoluciones del 39°
Congreso del PSOE? Todo apunta a que la ideología socialista ese día
estaba aparcada.
Tampoco
está de más recordar que en ese 39º Congreso, se aprobaron unos
Estatutos, en los que se recogía la necesidad de consultar a la
militancia en asuntos importantes ¿Es que ese pacto no es un motivo
de consulta a toda la militancia por su especial transcendencia? ¿Es
que esto no ha sido un acuerdo de Gobierno de especial trascendencia? ¿Es que
ese acuerdo no decide el sentido del voto, y supone que en las
respectivas sesiones de investidura se facilita el gobierno a otro partido
político? Al parece el artículo 53 de los Estatutos Federales,
en sus apartados 1 y 2, no es aplicable en Castilla La Mancha, porque de
serlo, el pacto suscrito se habría tenido que someter a consulta de la
militancia previamente a su firma, o como mínimo al acuerdo político de los
gobiernos locales afectados.
Los votantes socialistas, callan y asisten (contentos,
resignados y/o anestesiados), pero parece que el PSOE de Castilla La
Mancha todo es aprobación al líder, y que apenas queda ya capacidad crítica,
imprescindible en una formación que se dice de izquierdas. Los defensores del
pacto dicen que hay que esperar un tiempo para valorar el
resultado de estos acuerdos, que hay que ser prudentes. Todas posturas
razonables, pero ¿y sí resulta ser un grave error? ¿Dimitirán los negociadores o las reclamaciones se harán
al maestro armero? ¿Quién indemnizará por dos años perdidos? Lo que es evidente
es que, en ningún caso, ese pacto debería ser motivo de euforia, y
menos cuando se ha suscrito con una formación que acuerda sin pudor con la ultra derecha como en la alcaldía de Madrid, y está dispuesta a impedir
que el PSOE ejerza el Gobierno del estado. Que ese mismo partido sea en
CLM un aliado del PSOE es una tomadura de pelo.
Aunque
haya que esperar la evolución de los acontecimientos, estamos ante un acuerdo inapropiado políticamente, poco claro, que restringe la
autonomía municipal, y que incumple los Estatutos Federales.
¿Cuál
será el próximo pisto u ocurrencia que deban asumir las Agrupaciones Locales
socialistas sin ser consultadas?
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