jueves, 3 de septiembre de 2015

3 septiembre LA REFORMA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL




Todo son rumores en los mentideros políticos en estos días. Quizás por eso, mientras el ruido de la represión a los refugiados en las fronteras europeas eclipsa cualquier otro acontecimiento,  nuestro gobierno ha vuelto a jugar con las cartas marcadas. Aprovechando una mayoría absoluta que obtuvo hace cuatro años, y que sabe que ya no posee socialmente, ha cursado una reforma del Tribunal Constitucional para parar la iniciativa de independencia en Cataluña.

Su gran baza política para las Elecciones Generales es este asunto, hoy presente en todos esos foros. En ellos se habla de la existencia de un calendario de actuaciones judiciales previsto ya hace tiempo. Incluso hasta se comenta que en la última semana de septiembre puede haber una actuación estelar por parte del PP buscando su rédito electoral. Toda una estrategia partidista, pero no una estrategia de Estado.

Montesquieu afirmaba que "más inmoral que no cumplir las leyes, es hacerlas a la medida de uno". Y por eso es calificable como de inmoral la reforma que ha planteado el PP. La tramita deprisa, con las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina. Sin garantías jurídicas, saltándose los informes preceptivos. Sin buscar apoyos, con la oposición en contra y ninguneada. Con esta reforma el PP somete a todos los poderes del Estado a los jueces del Tribunal Constitucional. Todo apunta a que ese reforma no solo es inconstitucional, sino que además es innecesaria, puesto que ya existe el artículo 155 de la propia Constitución.

El gobierno ya ni guarda las formas, porque cualquier medio le parece justificado para conseguir el fin perseguido, que no es otro distinto a tener el Constitucional que el PP desea. Muchas preguntas que hacernos ¿Qué papel le quedará al Parlamento? ¿En una democracia gobiernan los jueces o los ciudadanos? ¿Una mayoría absoluta puede permitir cambiar las leyes al antojo del gobierno?

Esta reforma es una prueba de cómo el PP practica el “si no me gusta lo que haces, te lo prohíbo” y ratifica la sospecha de miedo escénico del gobierno en la toma de decisiones que puedan costarle votos, instrumentalizando el poder judicial en su favor. Con ella se anula la separación de poderes, puesto que al PP no ha debido parecerle  suficiente con sus injerencias en las decisiones judiciales, y ahora con esta reforma intenta subordinar el Tribunal Constitucional a su discurso. De aprobarse, nos convierte en una democracia de baja calidad, y supondrá un verdadero golpe de estado incruento contra nuestra ya debilitada democracia.

Se mire desde el ángulo que se quiera, la iniciativa independentista en Cataluña nos sitúa en un escenario que se retroalimenta. En él, es precisamente el PP quien está más interesado electoralmente en una declaración de independencia de Cataluña. Con esa declaración se vería justificada su actual deriva hacia los posicionamientos de la ultraderecha europea, y encontraría una buena razón para justificar un retraso en la celebración de las Elecciones Generales. En el PP son pescadores expertos en rio revuelto, y eso les permitiría ganar tiempo en espera de recuperar apoyo electoral que han perdido con su pésima acción de gobierno.

La postura de Rajoy de modificar las leyes a su antojo, y la de Mas de declarar unilateralmente la independencia, son expresiones de un mismo discurso. Rajoy y el PP piensan que España es su cortijo particular y como tal tratan al país, y a Mas le ocurre lo mismo con Cataluña. Ante este conflicto interno de la derecha, es de vital importancia la postura de los partidos de izquierda, sobre todo del PSOE.

Los socialistas deben responder con rotundidad y claridad a lo que el PP intenta forzar en beneficio propio. Su posicionamiento es muy importante y su Secretario General se verá obligado a desautorizar al ex presidente Felipe Gonzalez en sus declaraciones, o perderá  autoridad y confianza ante la ciudadanía y ante sus propios militantes. Pedro Sanchez debe salir y dar una respuesta directa, rotunda y clarificadora, después de haber sido despreciado por el PP.

En un estado de derecho las leyes están para cumplirse, y si no se cumplen no sirven, y estaremos en un estado de la ley del más fuerte. Los líderes de Convergencia Democrática de Cataluña están en su derecho a recurrir ante la actuación del Estado, pero eso no les exime de cumplir también las leyes, lo que no parece tan claro que lo hayan hecho en los casos de corrupción en los que se encuentran implicados. Pero para perseguir esos incumplimientos, en un país normal, debe bastarse la administración de justicia con su trabajo, sin necesidad de trampas políticas como parece suceder en este caso.

Cuatro años nos están acostumbrando a sus chapuzas electoralistas, y esta es otra más por parte del gobierno para con el conjunto de los ciudadanos españoles. La sensación que se percibe en las redes sociales es que con esta actuación no conseguirán cambiar la decisión de los ciudadanos catalanes que apoyan la independencia. Muy al contrario, esta reforma se ve en Cataluña como una acción represiva, y todo apunta a que al PP le puede salir el tiro por la culata, y la reforma transformarse en un estímulo para que quienes no tenían pensado apoyar la propuesta independentista, ahora lo hagan.


Una forma penosa de iniciar el nuevo curso político por parte del PP. Para quienes preferimos seguir caminando juntos en libertad, esta reforma es para  echarse a llorar.

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