Todo son rumores en los mentideros políticos
en estos días. Quizás por eso, mientras el ruido de la represión a los
refugiados en las fronteras europeas eclipsa cualquier otro
acontecimiento, nuestro gobierno ha
vuelto a jugar con las cartas marcadas. Aprovechando una mayoría absoluta que obtuvo
hace cuatro años, y que sabe que ya no posee socialmente, ha cursado una
reforma del Tribunal Constitucional para parar la iniciativa de independencia
en Cataluña.
Su gran baza política para las Elecciones
Generales es este asunto, hoy presente en todos esos foros. En ellos se habla de
la existencia de un calendario de actuaciones judiciales previsto ya hace
tiempo. Incluso hasta se comenta que en la última semana de septiembre puede haber
una actuación estelar por parte del PP buscando su rédito electoral. Toda una
estrategia partidista, pero no una estrategia de Estado.
Montesquieu afirmaba que "más inmoral
que no cumplir las leyes, es hacerlas a la medida de uno". Y por eso es calificable
como de inmoral la reforma que ha planteado el PP. La tramita deprisa, con las
elecciones catalanas a la vuelta de la esquina. Sin garantías jurídicas,
saltándose los informes preceptivos. Sin buscar apoyos, con la oposición en
contra y ninguneada. Con esta reforma el PP somete a todos los poderes del
Estado a los jueces del Tribunal Constitucional. Todo apunta a que ese reforma no
solo es inconstitucional, sino que además es innecesaria, puesto que ya existe
el artículo 155 de la propia Constitución.
El gobierno ya ni guarda las formas, porque cualquier
medio le parece justificado para conseguir el fin perseguido, que no es otro
distinto a tener el Constitucional que el PP desea. Muchas preguntas que
hacernos ¿Qué papel le quedará al Parlamento? ¿En una democracia gobiernan los
jueces o los ciudadanos? ¿Una mayoría absoluta puede permitir cambiar las leyes
al antojo del gobierno?
Esta reforma es una prueba de cómo el PP
practica el “si no me gusta lo que haces, te lo prohíbo” y ratifica la sospecha
de miedo escénico del gobierno en la toma de decisiones que puedan costarle
votos, instrumentalizando el poder judicial en su favor. Con ella se anula la
separación de poderes, puesto que al PP no ha debido parecerle suficiente con sus injerencias en las decisiones
judiciales, y ahora con esta reforma intenta subordinar el Tribunal
Constitucional a su discurso. De aprobarse, nos convierte en una democracia de
baja calidad, y supondrá un verdadero golpe de estado incruento contra nuestra
ya debilitada democracia.
Se mire desde el ángulo que se quiera, la
iniciativa independentista en Cataluña nos sitúa en un escenario que se
retroalimenta. En él, es precisamente el PP quien está más interesado
electoralmente en una declaración de independencia de Cataluña. Con esa
declaración se vería justificada su actual deriva hacia los posicionamientos de
la ultraderecha europea, y encontraría una buena razón para justificar un retraso
en la celebración de las Elecciones Generales. En el PP son pescadores expertos
en rio revuelto, y eso les permitiría ganar tiempo en espera de recuperar apoyo
electoral que han perdido con su pésima acción de gobierno.
La postura de Rajoy de modificar las leyes a
su antojo, y la de Mas de declarar unilateralmente la independencia, son
expresiones de un mismo discurso. Rajoy y el PP piensan que España es su cortijo
particular y como tal tratan al país, y a Mas le ocurre lo mismo con Cataluña. Ante
este conflicto interno de la derecha, es de vital importancia la postura de los
partidos de izquierda, sobre todo del PSOE.
Los socialistas deben responder con
rotundidad y claridad a lo que el PP intenta forzar en beneficio propio. Su
posicionamiento es muy importante y su Secretario General se verá obligado a
desautorizar al ex presidente Felipe Gonzalez en sus declaraciones, o
perderá autoridad y confianza ante la
ciudadanía y ante sus propios militantes. Pedro Sanchez debe salir y dar una
respuesta directa, rotunda y clarificadora, después de haber sido despreciado
por el PP.
En un estado de derecho las leyes están para
cumplirse, y si no se cumplen no sirven, y estaremos en un estado de la ley del
más fuerte. Los líderes de Convergencia Democrática de Cataluña están en su
derecho a recurrir ante la actuación del Estado, pero eso no les exime de
cumplir también las leyes, lo que no parece tan claro que lo hayan hecho en los
casos de corrupción en los que se encuentran implicados. Pero para perseguir
esos incumplimientos, en un país normal, debe bastarse la administración de
justicia con su trabajo, sin necesidad de trampas políticas como parece suceder
en este caso.
Cuatro años nos están acostumbrando a sus
chapuzas electoralistas, y esta es otra más por parte del gobierno para con el
conjunto de los ciudadanos españoles. La sensación que se percibe en las redes
sociales es que con esta actuación no conseguirán cambiar la decisión de los ciudadanos
catalanes que apoyan la independencia. Muy al contrario, esta reforma se ve en
Cataluña como una acción represiva, y todo apunta a que al PP le puede salir el
tiro por la culata, y la reforma transformarse en un estímulo para que quienes
no tenían pensado apoyar la propuesta independentista, ahora lo hagan.
Una forma penosa de iniciar el nuevo curso
político por parte del PP. Para quienes preferimos seguir caminando juntos en
libertad, esta reforma es para echarse a
llorar.
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