El mayor enemigo de la democracia es la demagogia, y en el
asunto de los aforados, la clase política española en su conjunto la ha
practicado. Hemos oído hablar tanto de la necesidad de transparencia, que hasta
se puso en vigor una ley para garantizarla. Los casos de corrupción política
y la forma de actuar de nuestra justicia ante ellos, fue el acicate para
que todos los partidos mostrasen su voluntad de aplicar el máximo de transparencia en las administraciones e instituciones públicas.
La indignación ciudadana venía provocada por la situación
que se produce cuando en una causa de corrupción que se investiga, aparecen
personas aforadas. La opinión generalizada es que los aforados tienen
privilegios respecto al resto de ciudadanos, y ante eso los partidos se
comprometieron a revisar la situación de nuestro país en materia de
aforamientos. Últimamente los partidos han celebrado varios cónclaves
preelectorales, pero no hay noticias en los medios de que este asunto se haya
tratado.
Siempre pensamos que los aforados solo son los políticos,
pero también lo son los jueces y fiscales, y los miembros de los Cuerpos de
Seguridad del Estado, aunque estos últimos solo parcialmente. Sumados todos
suponen que en España hay algo más de doscientos ochenta mil aforados, y de
esos, solo dos mil son aforados políticos, y unos quince mil son
miembros de la judicatura y del ministerio fiscal.
La primera oportunidad para hacerlo la ofrecía la
reforma de la Ley del Poder Judicial, que podía permitir la supresión de un
gran número de los más de diecisiete mil aforados que hay en nuestro país. Nadie
sabe porque el PP como partido del gobierno no lo ha hecho, ni porque el
principal partido de la oposición no lo ha demandado y denunciado que no se
aprovechase esa oportunidad. Visto desde la ciudadanía, solo se puede pensar
que ha existido muy poca voluntad de los partidos políticos para con la
reducción de los aforamientos, facilitar la lucha contra la
corrupción.
La figura del aforamiento lo que hace es impedir que
quien es aforado sea juzgado por un tribunal ordinario. Según a quien
escuchas esto se describe como una ventaja para el aforado o como un
inconveniente al perder un escalón en las fases de su defensa. Algunos lo
ven como un impedimento para el afectado, porque una posible imputación,
por su calidad de aforado, se dilata en el tiempo con el consiguiente cuestionamiento
de su honorabilidad durante el tiempo que dure el proceso.
En cambio otros, ven en el aforamiento un privilegio,
que altera el curso normal de cualquier proceso judicial, dilatándolo en
el tiempo al tener que mandar el instructor a otros tribunales el caso, en el
momento en que aparezca implicado un aforado. Y en ambos casos se sabe, que la
justicia solo es justicia cuando es rápida en su aplicación.
Pueden admitirse ambas opiniones, pero en la realidad
los casos con aforados acaban siendo juzgados por tribunales que han sido
nombrados por los partidos de los que los aforados son miembros, y por lo
tanto la existencia de aforados, solo sirve para que se cuestione la
imparcialidad de la justicia. Los ciudadanos vemos como cuando en un caso
de corrupción aparecen aforados, las defensas se encargan de dilatar todo lo
posible, y dificultar la investigación del instructor, que en ocasiones se ve
obligado a dividir en partes un asunto con aforados implicados. Es en
realidad una sobrecarga de papeles para los tribunales, si se supone que la ley
es igual en todos los tribunales.
En otros países la figura del aforado no existe, y aquí la
oportunidad de disminuir su número ha sido obviada. En España tenemos en los
tribunales casi dos mil caso de corrupción que están siendo investigados o
juzgados, y en ellos hay implicados un total de trescientos políticos con
aforamiento. Blanco y en botella, todo hace pensar que el interés de la
clase política por su supresión, sino es ninguno, desde luego que es muy
escaso.
Difícil recuperar la confianza con asuntos como este, puesto
que la democracia no puede ir contra lo que pretende defender y estimular.
Salvo que sea realidad lo que decía Bernad Shaw, cuando afirmaba que la
política es el paraíso de los charlatanes.
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