Corrupción y Poder Judicial

¿Qué es corrupción? La duda entre si un delincuente de cuello blanco merece ir a la cárcel o recibir una medalla al mérito por emprendedor. La respuesta a esa duda parece depender no de las leyes, sino solo de si resultó perdedor o ganador con su actividad, de si acabó en el infierno de Soto del Real o comprándose un barco de lujo. Decían en los años del franquismo que España era diferente respecto a otros países, y parece que cuarenta años después, nos empeñamos darles la razón a quienes así se manifestaban.

 

Y es que solo así podría entenderse, que nos cuente a los españolitos de a pie, que le faltan medios en la justicia, que las leyes son insuficientes, que se absuelve a los corruptos sin haber devuelto lo robado, o que se alargan los procesos para que prescriban los delitos. Y sobre todo, el sumun del cinismo de sus declaraciones, decirnos que “la Justicia favorece al poder”. Habría que recordarle que el Fiscal General del Estado es él, por si se ha olvidado, y que quien gobierna es quien ha hecho los recortes y quien puede dotar al sistema judicial de esos medios que reclama, el mismo poder que a él le ha nombrado y con el que a diario se muestra sumiso.

 

Digo esto, porque que el fiscal general denuncie la falta de medios y de leyes contra la corrupción, solo puede significar, que cuando despacha con el ministro Gallardón, no deben hablar de los problemas de la justicia en España, sino de a quien han expulsado en “supervivientes” o de si el partido de anoche mereció ganarlo uno u otro equipo. Aunque se ponga a despejar balones el Fiscal General, la corrupción es hoy el motor del sistema por el que se nos administra.

 

España más que diferente, resulta éticamente impresentable por mucho que nos pese. El gobierno ha propuesto unas medidas anticorrupción que necesariamente deben quedarse cortas, y las reformas del Código Penal en esta materia seguirán siendo solo parches mientras se preocupen solo de aumentar las penas, olvidándose de lo más importante: hacer justicia. Y eso solo puede lograrse agilizando los procesos, no dictando las sentencias, muy a destiempo y cuando el daño en la mayoría de los casos es ya es irreparable.

 

Los ciudadanos defensores de lo público, vemos cada día como presuntos delincuentes se van de rositas porque la Administración en el acto del juicio no ha presentado cargos, por considerar que el presunto delincuente (cargo público o financiado con dinero público) ha obrado correctamente y no aprecia perjuicio para el interés público. Desde esa misma Administración, se pasan la vida denunciando el mal funcionamiento de las cosas, pero nadie pone soluciones sobre el tapete con los recursos suficientes para aplicarlas.

 

Debemos convencernos de que pretender que quienes legislen contra la corrupción política sean los políticos, es igual que poner el zorro a guardar gallinas. Cuando según el Tribunal de Cuentas esta investigados (eso sí, cuatro años tarde) trece partidos y más de veinte fundaciones, y se sigue aplazando acabar con la corrupción, solo podemos pensar que quien debe hacerlo, no está interesado en hacerlo. Es así de sencillo y de triste.

 

Pero lo más grave de esta situación, no es lo que señala el fiscal, sino que los ciudadanos hemos perdido la esperanza, y cada día es más fácil pensar que no se puede esperar ningún cambio. Porque no solo el Fiscal General es parte del poder político, sino que también los miembros del Tribunal Supremo y del Constitucional son pactados por lo grandes partidos, sin olvidarnos que la guinda del pastel es el ministro de justicia, hoy Gallardón, ayer otro porque había otro partido en el gobierno. Este sistema de designación hace imposible creer en la independencia del poder judicial.

 

Que Floriano diga que el PP ha colaborado con la justicia en la Gurtel o que el Fiscal nos diga que faltan medios y leyes, no es creíble para nadie si a la vez sabemos que quien lo nombró fiscal ha sido el mismo dedo que nombró a Floriano, solo contribuye a que la desesperanza crezca. Y las declaraciones del Fiscal General del Estado parecen ser parte de la misma estrategia del Papa Francisco, decir lo que los ciudadanos queremos oír, para luego acabar no haciendo nada.

 

No es pesimismo, porque me gustaría equivocarme. Es desconfianza en la regeneración de nuestra democracia que este país necesita, lo que me parece aún peor.