¿Por qué existen las listas de espera en sanidad? Quizás lo aclare
un artículo publicado en el diario El País, en el que su autor exponía que en
los sistemas sanitarios dependientes de las diferentes CCAA, las listas de
espera estaban originadas por una escasez de oferta de servicios públicos frente
a la demanda, y el acceso de los usuarios requería necesariamente guardar cola. Si son servicios
privados, el usuario es cliente, y como poderoso caballero es don dinero, las
colas en lista de espera no desaparecen, pero si se reducen.
Estas listas de espera suponen el aspecto asistencial
que causa mayor insatisfacción entre los usuarios de los servicios sanitarios
públicos o privados, aunque necesariamente sean mayores en los sistemas de salud
de acceso libre y universal. La pretendida privatización del SESCAM no es la
panacea para solucionar este problema, y tampoco privatizar mejora la calidad
asistencial. Baste citar que EEUU tiene el sistema privado, y además de ser el más
caro del mundo, no solo tiene los peores indicadores sanitarios entre los
países ricos (entre otros el de mortalidad infantil), sino que allí también
existen las listas de espera.
Por esto, si las listas de espera son inherentes a los sistemas
sanitarios, resulta incomprensible que en Castilla La Mancha no se hayan
publicado esas listas durante un periodo de tres trimestres, con
independencia de que el número de pacientes en espera se haya incrementado,
porque este no puede verse como un fenómeno extraño. Ocultar
los datos, solo ha creado dudas sobre la trasparencia de gestión en un sistema público, y hace sospechar
hasta al mejor pensado, que si se ocultan es que ha existido un incremento en
esas listas.
Desde 2011, el gobierno regional no ha dado datos sobre cuántos
pacientes esperan una intervención quirúrgica o una prueba diagnóstica, y que
se haya puesto en marcha un «plan de choque» dotado con 15 millones de euros, viene
a confirmar que la gestión de este problema hasta ahora, no ha sido ni buena ni
la más adecuada.
Lo novedoso de este plan es que los pacientes se derivan fuera de la
Comunidad Autónoma, especialmente a hospitales de la Comunidad de Madrid. Los
pacientes se van de excursión a operarse, y esa es la sensación que tienen muchos
pacientes castellano manchegos. Tras una llamada telefónica y unas pruebas pre
intervención, una madrugada sales de excursión en transporte colectivo hacia
Madrid, y en veinticuatro horas has sido borrado de las listas de espera quirúrgica
regionales. No importa si el viaje es incómodo, o el regreso penoso con una
herida reciente. Hay uno menos en las listas de espera de Echaniz,
y eso es lo que cuenta. Según dice un operado en Madrid por este sistema, “ya no
somos pacientes, ahora somos números”.
Pocos entendemos en Albacete (o al menos admitirán que resulta
llamativo) que con quirófanos a medio funcionamiento en la capital, y
tres hospitales comarcales, los pacientes no se atiendan con los recursos
provinciales, y de madrugada se vayan de excursión a Madrid. Se entendería si este
sistema reportará al paciente beneficios asistenciales, pero nadie lo acredita,
y tampoco parece que exista una disminución de costes al sistema regional,
puesto que tampoco esto aparece
acreditado.
Surge entonces la duda de si ese
Plan de choque es la mejor solución para reducir las ocultas listas de espera, antes
de hacerlas públicas, o solo va a servir para incrementar el
oscurantismo de la gestión de Echaniz, al no explicar en este plan otros aspectos que
deberían ser clarificados, y que ponen en cuestión la necesidad de los
traslados de pacientes fuera de su área sanitaria.
No
puede obviarse que a las molestias de desplazamientos y riesgo de accidentes en el
traslado por carretera, o a las dudas sobre si la atención sanitaria durante
ese traslado es la adecuada, hay que unir aspectos de la gestión de este sistema, como
los siguientes: no disponer de
informes que acrediten que en el área sanitaria a la que pertenece el paciente,
no existen recursos suficientes y competentes para realizar esa
intervención sin necesidad de tener que desplazarle; tampoco está
acreditado que parte de los Servicios y Especialidades implicados, no se hayan
planteado planes de actuación para asumir ese trabajo; no se ha hecho público
el tipo de concurso mediante el que se ha adjudicado este servicio a las
clínicas madrileñas; se desconoce cómo se han seleccionado las ofertas
recibidas y con qué criterios se han seleccionado las hoy adjudicatarias. No se
dispone de un estudio aproximado de los costes que cada desplazamiento supone,
exponiendo solo la cuantía del montante total concertado.
Eso en lo referente a la gestión del plan, porque sobre la calidad asistencial del mismo, tampoco se conocen
que parámetros de calidad se han exigido; que coberturas de seguridad
tiene los pacientes y de qué tipo son esas coberturas; quien es el
responsable del control y seguimiento de este plan; etc.
Hubiese bastado para disipar las
dudas, con que el Consejero informase del porqué del Plan en Madrid, del coste
por cada proceso, o que se hubiese aportado un estudio comparativo de costes
entre el plan de intervenciones fuera y el mismo plan realizado en
nuestros hospitales, pero no se ha hecho. Algo debe de temerse si no se
facilita exhaustivamente toda esta información.
Como decía al principio, las listas
de espera siempre existen en los sistemas sanitarios públicos como el nuestro, y solo se disminuyen gestionando adecuadamente los
recursos. Poner en marcha este plan solo
puede obedecer a dos planteamientos: o bien el plan es más barato realizado
fuera de la región, lo que indicaría que aquí gestionamos mal nuestro sistema
sanitario regional; o si es más caro fuera, además de una mala gestión al
aplicar el plan, haría sospechar que con el plan alguien se está enriqueciendo
con nuestras enfermedades.
No existen las verdades absolutas, y un
sistema público de salud no lleva inherente la mala gestión. La mala gestión solo
es inherente a los malos gestores, y es igual que los sistemas sean públicos o que
sean privados. Explicar todas las dudas expuestas, sería un
ejercicio de responsabilidad exigible.
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