Ley de interrupción del embarazo: deben prevalecer la salud y la dignidad, sobre los dogmas.

Aunque con la introducción de algunas reformas legislativas cada vez parece más difícil que continúe siendo así, la sociedad española continúa siendo plural, y en ella convivimos individuos con diferentes códigos éticos. No se puede afirmar que ninguna de las diferentes maneras de entender la vida sea mejor que otra, siempre que todas ellas estén inspiradas en el respeto a la libertad de pensamiento, de credo, o de raza. Debemos estar orgullosos de poder decir, que los españoles vivimos con conceptos de respeto y libertad en su sentido más amplio.

En esta sociedad moderna y constitucionalmente democrática, siempre hemos antepuesto la salvaguarda de la salud sobre las creencias, y ejemplo de esto es que ante una decisión de trasfundir sangre o dejar morir por cuestiones religiosas, siempre nos pareció que se debía anteponer la salud a la creencia, aun respetando el derecho y la creencia del afectado. Sin embargo, en los últimos meses ha surgido un elemento de discordia y división social, que ha sido la propuesta de reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo  promovida por el gobierno del PP.

Llama poderosamente la atención, que cuando el número de abortos en España estaba disminuyendo con la vigente ley de plazos, en lugar de propiciar la continuidad de ese descenso con políticas de apoyo a la mujer, a la infancia y a la familia, el gobierno crea un problema donde no lo había, convirtiendo en prioridad social algo que solo era una prioridad eclesiástica y de su sector más conservador. Se podría elucubrar sobre los motivos del porqué de esta iniciativa ahora, pero solo un intento de crear una cortina de humo que oculte otras vergüenzas de la gestión del actual gobierno, puede justificarla en este momento político.

Las encuestas de opinión reflejan que esta reforma no solo nos coloca a la cola de Europa en este tipo de leyes por las restricciones que establece, sino que resta intención de voto al PP. Pese a esto, desde el gobierno se esgrime una única respuesta “estaba en el programa del PP votado mayoritariamente el 20N de 2012, y como promesa electoral tiene que cumplirse”. No deja de ser una burda argumentación que choca frontalmente con el hecho de que el resto de promesas de ese programa han sido sistemáticamente incumplidas en un noventa y nueve por ciento.

No es una reforma para evitar una aplicación imperativa de la anterior ley, puesto que ninguna mujer aborta por obligación o por el placer de hacerlo. Es una reforma en la línea de otras reformas ya aplicadas por este gobierno, dirigidas a recortar derechos y libertades a las mujeres, y en la que sus impulsores se han olvidado de valorar lo más básico: que esta reforma pone en riesgo la salud de la mujer. El gobierno, debería ser consciente de que la mujer que por diversas circunstancia se crea en la necesidad de abortar lo hará, pero la reforma le obligará a abortar sin disponer de las condiciones sanitarias que garanticen que no pone en riesgo su vida.

Tampoco en este proyecto de reforma está ausente algo común a todas las reforma del PP y de su forma de gobernar, que no escucha la voz de la calle y que incrementa las desigualdades sociales. Salta a la vista que la reforma perjudica más a las mujeres con menos recursos económicos, en mayor riego de exclusión social, y con más bajo nivel cultural, puesto que aquellas que tiene una formación cultural, no viven en situaciones de marginación y disponen de recursos económicos, les afectará mucho menos puesto que accederán a clínicas privadas con garantías sanitarias dentro o fuera de España. Puede decirse que estamos ante una nueva privatización sanitaria velada, con esta reforma han privatizado también el aborto.

Este es un gobierno que usa la hipocresía y el cinismo como principios de gestión política. Nada es más hipócrita que manifestar que al PP le preocupa la protección de la vida del no nacido, y olvidarse de pensar cómo mejorar las condiciones de vida de quienes ya figuran en el padrón de habitantes. Para disminuir la necesidad de recurrir a la interrupción del embarazo podría haber comenzado por implantar la educación sexual en los colegios, por lo menos haciéndola tan obligatoria como nos han hecho la religión, ni más ni menos. Y desde la óptica sanitaria, en lugar de recortar en la atención primaria, podrían haber apostado por potenciar programas de educación sexual en los consultorios de medicina de familia y promover la planificación familiar. Seguro que se conseguiría que fuesen muchas menos las mujeres que llegan a la tesitura de decidir si abortar o no.

Se puede comprobar como en otros países, empeñarse en suprimir la interrupción del embarazo a petición de la mujer dentro de los servicios públicos de salud, mediante la restricción de los supuestos, incluidas las causas médicas, no se ha conseguido disminuir el número de abortos, y solo se ha conseguido que se aborte en peores condiciones, aumentando el número de mujeres fallecidas por esta causa.

Aunque no se admita por el gobierno, esta reforma se impulsa por presiones desde la jerarquía eclesiástica, siempre preocupados por el no nato, más que por el nacido. Los niveles de pobreza infantil, las escandalosas cifras de casos de pederastia (muchos de ellos dentro de esa iglesia a la que escuchan), o las penosísimas condiciones en que han colocado a muchos niños discapacitados con sus recortes en dependencia, hacen que su posicionamiento como adalides de la defensa de la vida apunte a que estamos ante otro ejercicio gubernamental más de hipocresía y cinismo.

Para nuestra desgracia como sociedad, tenemos un gobierno que no solo sacrifica el derecho a la salud de las mujeres por conseguir el voto de sus votantes más derechistas, sino que paralelamente se llena la boca con su particular forma de entender la defensa de la vida, sin  preocuparse en lo más mínimo porque esa vida de los futuros españolitos que dicen proteger, luego pueda ser vivida con la dignidad que todo ser humano merece.